'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
EL MAS AJUSTA LAS LEYES A SU ANTOJO

Añez cumple un mes de detención mientras el régimen Arce-Morales amplía la persecución política

Acaba de cumplirse un mes de la detención ilegal de la expresidente de transición de Bolivia, Jeanine Áñez, en Trinidad, Beni, luego de una intensa búsqueda el 13 de marzo.

Al día siguiente –de madrugada–, una jueza determinó su detención preventiva por cuatro meses y su reclusión en el penal de Obrajes, en La Paz, luego de acusarla por terrorismo, sedición y conspiración, en el caso del supuesto “golpe de estado” que lleva adelante la fiscalía boliviana. Más tarde fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores en la misma ciudad, donde se encuentra actualmente.

Ante tales hechos, las protestas ciudadanas se han ido incrementando con el pasar del tiempo. Esta semana se observó una masiva movilización ciudadana que recorrió las calles de la ciudad de La Paz, desde inmediaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y luego recorrió las calles rumbo al penal de Miraflores.

Las protestas han sido lideradas por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), representado por Manuel Morales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (representada por su presidente Amparo Ballivián) y otras organizaciones.

Entre las distintas pancartas que se vieron condenando la persecución política y exigiendo su libertad, también se observan fotografías de los generales de las Fuerzas Armadas Jorge Mendieta, Alfredo Cuéllar, Flavio Arce y Franco Suárez.

También se organizaron protestas simultaneas en las ciudades de Cochabamba, Riberalta y Potosí, donde se exigió la liberación no solamente de Jeanine Áñez, sino del joven líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina.

En estas protestas, de las que participaron Gina Hurtado y Dalia Lima –esposas de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán–, Carolina Ribera, hija de la ex mandataria, leyó una carta manuscrita de su madre.

“Hace un mes que estoy presa en manos de la dictadura por un delito que no cometí y que nunca ocurrió. Un mes en el que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución y muy mala en la vacunación contra el virus. Un mes que la dictadura ha desplegado talento para el abuso e incapacidad para crear empleo. Voy a resistir, porque la causa es más grande que mi pena., Voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente, dentro y fuera de Bolivia, ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, sobre la democracia y sobre Bolivia”, decía la misiva.

Respecto de los abusos denunciados contra la ex presidente, se destaca el hecho de que, ante el riesgo de infarto de la ex mandataria, un juez bloqueó la orden de traslado para recibir asistencia médica en un centro de salud.

Es más, cuando trasladaron a Áñez desde el penal de Obrajes hacia Miraflores a la 01:10 de la madrugada, lo hicieron con engaños, pues le dijeron que la llevaban a la Clínica del Sur para ser atendida.  

Además, aparte de haber sido detenida ilegalmente, Jeanine Áñez se encuentra incomunicada. Carolina Ribera afirmó que “no recibe visitas” y que Áñez debe elegir entre ver a su hija o ver a sus abogados durante cinco minutos.

Igualmente, en un estado de salud delicado, Áñez se ve obligada a asistir a extenuantes audiencias de hasta 9 horas de duración, la última vez para que extendieran de cuatro a seis meses su prisión preventiva.

Arce por su lado, afirmó a la periodista de CNN, Carmen Aristegui, el 14 de abril de 2021 que “el gobierno nacional no ha iniciado este juicio”.

“Este es un juicio para la señora Áñez que viene ya de la legislatura anterior (…) y lo único que se ha revelado ahí es que el avance de este juicio está permitiendo que la señora Áñez esté con un arresto preventivo, no solamente por este cargo. Nosotros como gobierno nacional, no podemos permitir actos de corrupción que, desde nuestro punto de vista, tienen que ser investigados. La justicia es la que tiene que decir si tiene que haber sanción al respecto”, dijo el mandatario a Aristegui.

Y además añadió que “el gobierno nacional ha presentado en contra de la señora Áñez y su gobierno. Temas como corrupción en Entel (Empresa nacional de Telecomunicaciones) y YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la compra de respiradores con sobreprecio, el crédito del Fondo Monetario Internacional; (…) hay compras de gases lacrimógenos. En fin, hay una serie de cosas”.

Inmediatamente después, en la misma entrevista, Arce Catacora se contradice sosteniendo que el caso de supuesto golpe de Estado “viene de un tiempo atrás, no es nuestro. A nosotros no nos mueve, en ningún momento, un afán de venganza. Lo único que nosotros hemos planteado en la campaña (es que) a nosotros nos mueve el afán de justicia para el pueblo boliviano. Justicia porque no puede ser que alguien instruya a los militares apretar el gatillo y ahora quieran desentenderse de la situación, y cuando eso sucede (dicen que) están violándose derechos humanos. Esos son argumentos por eludir a la norma legal”.

Todo lo anterior a pesar de haber reconocido en el programa No Mentirás, el 21 de mayo de 2020 –cuando aún era candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) a la Presidencia– que Jeanine Áñez era “presidenta transitoria constitucional”.

De igual manera, en una entrevista con María Galindo, activista del feminismo radical, el ministro de justicia, Iván Lima, reconoció que la ex mandataria está siendo juzgada por la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades, porque el MAS no cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). De esta manera, Lima sostuvo: “no se la juzga porque no tenemos dos tercios y hay que armar un caso. No puedes ir con una acusación tan grave el día uno. Hay que construir la legitimidad y la prueba”.

En esta misma línea, se ha observado la manera en que distintos líderes de opinión y analistas políticos afines al MAS, y que incluso hoy forman parte del gobierno de Arce, fueron cambiando su opinión sobre los hechos conforme fue pasando el tiempo.

Por ejemplo, Jorge Richter, actual vocero presidencial, ajustó su versión de los hechos de finales de 2019. El 13 de noviembre de 2019 dijo que “desde el ámbito de la norma (la sucesión de Jeanine Añez) sí ha sido legal; su designación está basada en el principio de la sucesión constitucional y el principio de continuidad, donde los actos del Ejecutivo no pueden tener pausas y el Estado tiene que seguir funcionando”.

No obstante, un año más tarde, Richter afirmó sobre la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA) al respecto que “la OEA no puede acceder ante la Corte Penal Internacional (CPI) y tampoco la CPI puede atender causas como tribunal a conveniencia a propia. La CPI tiene carácter complementario de jurisdicciones penales nacionales. La OEA está caminando por fuera de lo que señala su carta magna y está realizando labores de inmiscuirse en asuntos que son absolutamente internos, y lo hacen porque están comprometidos con la secuencia de hechos que propiciaron el golpe de Estado”.

En este sentido, ahora el MAS busca modificar al menos diez artículos de la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, sobre lo que el diputado opositor por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que “llama la atención que sea el mismo ministerio que presenta el pliego acusatorio contra la expresidenta Jeanine Áñez, el que plantee los cambios. El MAS demostró que modifica las leyes de acuerdo a sus intereses”.

Al respecto, en una entrevista para The Latam Post, Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de la presidencia, ex ministro de gobierno y ex ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y hoy director del Interamerican Institute for Democracy, afirmó:

“Independientemente de lo mal que Jeanine Áñez lo haya hecho en su presidencia, hoy le están violando sus derechos humanos. Hoy es el sujeto y objeto de la aplicación de las medidas dictatoriales más criminales y más repudiables del régimen castrochavista de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Hoy es una mujer boliviana a la que le están violentando su derecho de presunción de inocencia, de defensa en juicio, de igualdad jurídica, de debido proceso legal, de juez imparcial. (Hoy en Bolivia) no existe Estado de Derecho ni división e independencia de poderes, y se usa la justicia como un mecanismo de persecución política”.

Sobre todos estos hechos, calificados como persecución política por varios actores que los siguen y analizan, y con los mismos argumentos anteriormente expuestos, distintos organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, Human Rights Watch, OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de Brasil, Chile y Estados Unidos, han coincidido en pedir la liberación de Áñez y todos quienes estén involucrados en el mismo caso.

Finalmente, debido a que estos hechos de detenciones ilegales y de violación de derechos humanos en Bolivia son muy similares –cuando no los mismos– que en Venezuela, es de suponer que se podrían observar las mismas consecuencias eventualmente. ¿Cuáles podrían ser?

Por ejemplo, entre las sanciones que no solamente EEUU ha impuesto contra Venezuela -porque también las han impuesto la Unión Europea, Suiza o Panamá-, están las restricciones de visado y el congelamiento de bienes y activos que pudieran tener en el exterior determinados funcionarios del régimen.

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