«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La exmandataria lleva en prisión más de 90 días

Áñez pide su ‘libertad inmediata’ y reitera que no existió ningún golpe de Estado

La exmandataria de Bolivia, Jeanine Áñez. EUROPA PRESS
La exmandataria de Bolivia, Jeanine Áñez. EUROPA PRESS

La expresidente de Bolivia Jeanine Áñez ha reiterado que «nunca existió» un golpe de Estado en el país andino y ha vuelto a pedir a las autoridades «que han pisoteado la Constitución y las leyes» su «inmediata libertad».

Las palabras de Áñez llegan después de que la Iglesia Católica boliviana haya publicado un documento sobre lo ocurrido en el marco de la crisis política de 2019, derivada de las elecciones de octubre. En el documento, de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versión de los hechos y explica su papel en la toma de poder de Áñez, en aquel momento segunda vicepresidente del Senado. Según su posición, «se hallaba jurídicamente habilitada» para asumir la presidencia del Senado y después la de Bolivia.

«Finalmente hemos escuchado la palabra de la Iglesia», se ha congratulado Áñez en una carta publicada a través de su cuenta de Twitter, en la que ha explicado el proceso de negociación que las autoridades bolivianas llevaron a cabo entre el 7 de noviembre y el 10 del mismo mes, fecha en la que dimitió el expresidente Evo Morales y varias autoridades más.

Tras varios días de movilizaciones a favor y en contra del exmandatario, «el régimen totalitario de Evo Morales, en estas circunstancias, pidió a la Iglesia católica y las embajadas de España y la Unión Europea convocar una mesa de diálogo para garantizar la paz y tranquilidad de Bolivia», según ha indicado la exmandataria.

Así, se llevaron a cabo «una serie de contactos con diferentes políticos del país para constituir una mesa de diálogo y entendimiento nacional, a pesar de que el gobierno que controlaba los movimientos sociales los instaba a seguir provocando violencia y temor entre los bolivianos».

El 10 de noviembre, además de Morales, dimitieron el vicepresidente, Álvaro García Linera; la presidente del Senado, Adriana Salvatierra; el primer vicepresidente de la Cámara Alta, Rubén Medinaceli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, lo que dejaba a Áñez como la única autoridad que no abandonó su cargo.

«El país comenzó a vivir el espantoso clima del vacío de poder, que colocó a nuestra patria al borde de una guerra interna», ha justificado la exmandataria, que ha remarcado que «se desató un desenfreno de la violencia promovida por (el partido de Morales, Movimiento Al Socialismo) el MAS, frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia.

Según la versión de Áñez, «la Iglesia había consultado si quienes estaban habilitados constitucionalmente para una sucesión presidencial estaban en disposición de hacerlo, según deja claramente establecido en el documento que acaba de publicar», tildado por la exmandataria de «histórico». «Adriana Salvatierra y Susana Riveros se excusaron y, en cambio, plantearon salidas fuera de la Constitución», ha agregado.

«El MAS pidió a la mesa de pacificación nacional, participó y negoció y finalmente aceptó las únicas salidas que la Constitución permitía, bajo las condiciones en las que se encontraba el país», ha explicado, remarcando que se produjo «un acuerdo» desde «el seno mismo de la Constitución» y en el que el MAS fue «un actor fundamental y decisivo para pacificar el país y poder convocar nuevas elecciones generales».

Por ello, y «en nombre de la decencia y de la necesidad histórica de revelar la verdad», además de para poner «definitivamente punto final a esta patraña del MAS de pretender que el fraude, la incitación a la violencia y las renuncias masivas que tenían como objetivo dejar un país ingobernable se conviertan en un golpe que nunca ha existido», Áñez ha pedido «encarecidamente» a las embajadas de España y Brasil, la Unión Europea y Naciones Unidas que confirmen «la plena veracidad» de lo revelado por la Iglesia.

La exmandataria está en prisión preventiva desde hace 90 días, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.

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