El presidente socialista de Bolivia, Luis Arce, ha acusado a la oposición de pretender abrir un golpe de Estado con la convocatoria este lunes de un paro y movilizaciones para protestar contra el proyecto de ley de ganancias ilícitas.
«Con el patriotismo de hermanos y hermanas como ustedes, que son la inmensa mayoría de la patria, no volveremos a los periodos nefastos de nuestra historia, como fue el golpe de Estado de 2019 o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías», ha dicho Arce durante un acto en Pando, en el norte de Bolivia.
Arce ha criticado a esas «minorías» que solo conciben la democracia cuando las mayorías quedan relegadas del tablero político, algo, ha subrayado, que «nunca más volverá a suceder», informa el diario boliviano ‘La Razón’.
Quien también se ha referido en estos términos sobre estas manifestaciones, ha sido el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien ha minimizado su alcance y ha destacado que en siete de los nueve departamentos del país la jornada transcurre con «absoluta normalidad»
«Para hoy estaba convocado un paro nacional masivo, sin embargo, hemos visto que casi en siete departamentos existe absoluta normalidad y este es un mensaje que está dando el pueblo boliviano, que quiere trabajar por una reactivación económica», pues «ya estamos cansados de paros, bloqueos y encierros», ha dicho.
No obstante, el ministro de Gobierno ha señalado al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, como «responsables» de cualquier enfrentamiento y acto violento que se pueda registrar en el departamento, ya que «están incitando» y «movilizando a grupos de choque» con el fin de «impedir que las personas puedan realizar normalmente sus actividades».
La población boliviana tiene «garantizado su derecho a la protesta», ha dicho del Castillo. Sin embargo, matiza, el Gobierno no tolerará las agresiones contra aquellos que no secunden la huelga. «Pedimos que no caigan en estos escenarios de violencia y más bien garanticen el trabajo y el libre tránsito de aquellas personas que deciden llevar el pan de cada día a sus hogares».
El Gobierno de Arce ha acusado a la oposición de mentir acerca de las implicaciones que este proyecto legislativo para impedir el blanqueo de capitales y las ganancias a través de mercados ilícitos tendría sobre algunos sectores, como transportistas, comerciantes, e incluso periodistas. Por el momento, se ha paralizado su debate en el Senado debido a las controversias que ha levantado.
