Arce impone la vacunación obligatoria en Bolivia mientras la sociedad civil prepara un nuevo frente en su contra

El país está entre los que de peor manera han manejado la pandemia
Luis Arce, el presidente de Bolivia El presidente de Bolivia, Luis Arce. Reuters

Justo el mismo día en que el índice bursátil S&P 500 alcanza máximos históricos en Wall Street, gracias a que los datos muestran que la variante Ómicron es menos grave de lo que se temía ante su primera aparición, el régimen de Arce en Bolivia ha decidido imponer la vacunación obligatoria.

Para nadie tendría que ser sorpresa el hecho de que la gran mayoría de gobiernos alrededor del globo se han aprovechado de la emergencia que representó la pandemia del Covid-19 en un inicio -cuando muy poco se sabía de ella- para avanzar sobre los derechos individuales de propiedad privada de sus ciudadanos.

Muchas de estas medidas han excedido con mucho la propia emergencia sanitaria, y han impuesto medidas excesivamente draconianas para tratar de justificarse.

El caso de Bolivia, tanto bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, como el del régimen de Arce Catacora reflejaban lo contrario: no extendieron las cuarentenas y resto de restricciones de la manera en que lo hizo el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, por ejemplo. Arce ni había cedido a la tentación de imponer nuevas cuarentenas, ni obligar a la ciudadanía a vacunarse.

De hecho, se podría inferir que durante el primer año que lleva de presidente, la gestión de la crisis sanitaria no ha sido parte de sus prioridades, al punto en que es difícil encontrar información sobre la habilitación de hospitales -que si bien eran nuevos- no estuvieron en funcionamiento, o bien de la implementación de nuevas salas de cuidados intensivos.

Sin embargo, este martes se ha sorprendido a la ciudadanía con nuevas medidas, como la de la obligatoriedad de las vacunas.

Desde el inicio de la gestión de las vacunas, Bolivia ha peleado los últimos lugares en la aplicación de dos dosis junto con Paraguay y Venezuela, pero cierra el año en el fondo de la tabla: apenas ha vacunado al 37,7% de la población.

Pero tampoco es que el régimen ha tratado de persuadir a nadie para que se vacune. En un inicio se inició una campaña en los medios de comunicación para orientar la atención del público hacia un supuesto acaparamiento de vacunas por parte de los países más capitalizados del mundo, ante la escasez de vacunas (sobre todo se la rusa Sputnik V). De hecho, fue extendiendo el tiempo de intervalo entre la primera y segunda dosis, e incluso se aventuró en aplicar segundas dosis como primeras, y primeras como segundas. La campaña de vacunación fue un fracaso durante meses.

Peor aún: más tarde se desecharon cientos de miles de vacunas inutilizadas, debido a que la población dejó de acudir a los centros de vacunación. Por eso, se aventuraron en extender el rango de edad y, de allí, el universo de población vacunada a menores de 18 años, y ahora lo hacen con niños de hasta de 5 años.

Pero ahora van mucho más allá: han decidido imponer el mismo régimen de segregación social que hoy la ciudadanía rechaza masivamente incluso en lugares como Italia, que llegó a convertirse en el epicentro de la pandemia, y que, por tanto, más sufrió sus consecuencias en determinado momento. Desde luego, todo esto mucho antes de la aparición de la primera vacuna.

¿Por qué incluso los italianos rechazan la obligatoriedad de las vacunas? Porque saben que están perdiendo sus derechos, porque vienen de sufrir el fascismo totalitario de Benito Mussolini en carne propia. Porque saben que recuperar libertades individuales requiere de esfuerzos comparables a los de la Segunda Guerra Mundial, sin temor a exageración alguna.

Lo que sucede con aquellos países donde se están imponiendo las vacunas a su población, es que sus gobiernos no comprenden sobre persuasiones, a diferencia de tiempos de campaña electoral. Los ciudadanos no confían en sus gobiernos y estos ceden a la tentación de imponer medidas que no serían posibles si no contaran con el monopolio del uso de la violencia.

Pero en el caso específico de Bolivia, la imposición de las vacunas se ha convertido en aquello que se temía que podía suceder desde un principio: una herramienta de persecución política.

Bolivia va a enfrentar importantes desafíos a partir de 2022, y así como hemos afirmado en varias oportunidades, el régimen de Arce se apresura a abrir el paraguas antes del aguacero: fruto de la recuperación económica en forma de “W” (es decir, de rápida caída, pronta recuperación y nueva recaída) se esperan nuevos escenarios de inestabilidad e incertidumbre que los distintos líderes opositores podrían aprovechar. Entonces se intensifica el amedrentamiento, la intimidación, la persecución y los apresamientos ilegales, etc.

De hecho, la sociedad civil organizada ya tiene planteada la iniciativa de un cabildo nacional a celebrarse tan pronto como en enero. Todo ello en defensa de los perseguidos políticos. ¿Es ese el objetivo de Arce? ¿Impedir que se lleve adelante con el pretexto de la pandemia?

Ciertamente, poco sentido tiene que justo en el momento en que Ómicron, una variante que, así como en el caso de Delta, no parece constituir una amenaza tan grande como se pensaba en un inicio, y luego de que durante todo un año la gestión de la crisis sanitaria haya mostrado sobrados elementos de ser un fracaso, se imponga la vacunación obligatoria.

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