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EL ESCENARIO ES PEOR DE LO QUE EL SOCIALISTA PUDO PREVER

Arce lleva a Bolivia a un primer semestre de frustraciones frente a la crisis

El presidente de Bolivia, Luis Arce - Facebook

En Bolivia se discute sobre un problema crítico y con tres aristas fundamentales: la gestión de la pandemia, la falta de financiamiento de corto plazo, y la persecución política.

Mala gestión de la crisis de la pandemia

A Arce no se le puede pedir que enmiende ahora mismo todas las malas inversiones que realizó durante todo el auge mientras fue ministro de Morales, y que hoy se traducen que tener menor capacidad relativa para encarar la pandemia, pero sí que se le puede reclamar lo mal que lo ha estado haciendo hasta e momento. 

Luis Arce lleva siete meses al mando del gobierno, pero hay países latinoamericanos que lo están haciendo -francamente- mucho mejor en una cantidad de tiempo menor.

El mejor caso en plan de vacunación no sólo en América Latina, sino en el mundo, es Chile. Sebastián Piñera ha sido un buen gerente administrativo en esta área. Hoy este país tiene al 55,1% de su población vacunada con dos dosis, mientras Bolivia tiene apenas al 5,93% de su población vacunada con ambas dosis.

Peor todavía, si acaso Chile no fuera un caso de comparación válido, Guillermo Lasso habiendo asumido el mando del gobierno en Ecuador el 24 de mayo, ha aplicado 2.125.000 dosis, es decir, en menos de mes y medio. En cambio, Arce ha aplicado a una cifra apenas superior, 2.647.614, en al menos el doble de tiempo, si acaso no exactamente los 7 meses que lleva gobernando. 

De esta manera, Bolivia supera solamente a Paraguay y Venezuela en cuanto a eficiencia y eficacia para encarar la crisis de la pandemia en la región.

Pero los cuestionamientos sobre la manera en que la crisis de la pandemia está siendo encarada en Bolivia surgen sobre todo con la improvisación. Pues no sólo existe escasez de vacunas, sino que ante tal escasez -sobre todo por incumplimiento de contratos con Rusia- se utilizan primeras dosis como segundas, y segundas como primeras, y además se amplía el rango de la vacunación de personas mayores de 30 años a personas mayores de 18 años.

Urgente financiamiento de corto plazo 

Cuando los distintos candidatos discutían sus planes de gobierno antes de las elecciones de octubre de 2020 se mostraban confiados sobre la posibilidad de conseguir financiamiento de distintos organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), primero porque, gracias a los procesos de devaluación monetaria masiva y simultánea por parte de la gran mayoría de bancos centrales alrededor del globo, no falta liquidez en los mercados internacionales, y segundo porque estos organismos se compadecerían de la crisis particularmente de países en vías de desarrollo como Bolivia, indistintamente de quién gobernara. 

Sin embargo, Arce Catacora fue el elegido en primera vuelta para sorpresa y disgusto de los mercados internacionales. Sin escucharlos planteó que recurrir a estos organismos -que no guardan elogios para “el arquitecto de unas políticas fiscales que facilitaron al país «convivir con periodos no tan buenos”- no era necesario, porque tenía un plan alternativo: incrementar la deuda pública externa mediante la emisión de bonos soberanos por $3.000 millones, ofrecidos a esos mismos mercados que ya le habían bajado el pulgar. 

Estos recursos, que fueron prometidos para el primer trimestre del año, hubieran servido para refinanciar la deuda que vence en 2022 y 2023 –sobre la que propuso suspender pagos durante dos años–. También habrían sido útiles para pagar una serie de sueldos y salarios que incluyen los del sector sanitario público, así como para sostener el nivel de reservas del Banco Central de Bolivia y aliviar las preocupaciones del sector bancario y financiero. Es justamente este sector el que –ya antes de la caída de Morales en 2019– arrastraba problemas de liquidez que se agudizaron con la acumulación de los diferimientos que vencían este 30 de junio, que sumarían $4.000 millones.

Para decepción de Arce, la emisión fracasó, por tanto, los problemas que se pretendía solucionar con esos recursos se agravaron, al punto en que la única fuente de financiamiento que queda es justamente el denostado Fondo Monetario Internacional.

Luego de todo lo visto, los siete meses que Arce lleva al mando del gobierno constituyen demasiados anuncios y promesas, y una cantidad de tiempo y oportunidades perdidas que no volverán, y que se traducirán en frustraciones todavía mayores.

No existe vocación democrático-institucional

Los siete meses de gobierno de Arce han servido para demostrar que no existe vocación democrático-institucional alguna ni de su parte ni de los miembros de su partido, y esto dificulta las posibilidades de encarar la crisis sin todavía mayores sobresaltos a los observados en el país en los últimos dos años. 

El inicio de la persecución política no empezó el primer día de gobierno de Arce Catacora, sino recién en 2021, concretamente el 12 de marzo, con la detención abusiva e ilegal de la expresidenta Jeanine Añez, que hoy guarda prisión preventiva desde entonces, y a pesar de que, por si fuera poco, ha presentado 50 pruebas de inocencia frente a los cargos que se presentan contra ella.

Pero la persecución política tampoco terminó con Jeanine Añez, sino que continuó con varios de sus ministros, muchos de ellos guardando refugio en el exterior, y que ahora incluyen al exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, que tramitó un financiamiento sin condiciones del FMI a principios de 2020, que no se utilizó, y a quien se responsabiliza por el costo de haberlo devuelto.

Ahora el exviceministro Schlink guarda prisión preventiva en una celda de La Paz.

Perspectivas para el segundo semestre

Con todo esto, muchos todavía ponen sus expectativas en la recuperación de los precios de los commodities, y en particular del petróleo y el gas, porque entienden que esto se traduce en mayores ingresos estatales y, por tanto, en una mayor capacidad de gasto y endeudamiento público.

Sin embargo, este justamente el problema, el de haber llevado el gasto, endeudamiento y acumulación de déficits durante el auge, que ahora impiden encarar la crisis.

Sucede que, a medida que el Estado tiene mayor capacidad de gasto, incrementa sus atribuciones y competencias sobre la economía, y en la medida que esto sucede, las oportunidades para el privado de primero planificar su vida y luego tratar de generar riqueza, se pierden en una medida cada vez mayor.

La industria petrolera y gasífera de Bolivia ya no tiene más capacidad de producción. El país se verá forzado a importar gas más pronto que tarde –algunos calculan que tan pronto como en 2025–. 

Por eso, en la medida que más se incrementan los precios, más se encarece el costo de vida del ciudadano boliviano. Si tenemos que importar gas no está bueno que los precios suban. Tampoco está bueno que los precios suban, porque el Estado empezará a gastar todo lo que el privado podría invertir.

Entonces, ahora mismo las cifras macroeconómicas de Bolivia se encuentran cada vez más deterioradas, al punto en que el Banco Central de Bolivia compra oro físico para apuntalar las reservas.

El país apenas aspira a ser la décima economía de la región, pero la única alternativa visible para encontrar financiamiento de corto plazo es el FMI, con quien ya se encontraría en negociaciones.

Si bien ha sido muy indulgente con Bolivia y Arce en particular, el FMI ha empezado a cambiar de tono, probablemente debido a que instituciones como la Unión Europea se han manifestado sobre toda la serie de detenciones ilegales y la persecución política que se observa desde hace varios meses. En su último informe habla de la necesidad de reducir la deuda, el gasto y el déficit, y empezar a considerar la idea de incurrir también en una devaluación cambiaria -aunque sería altamente indeseable-.

Este escenario implica desafíos para Arce que no había previsto enfrentar tan pronto y en condiciones de negociación tan desfavorables. El FMI no se limitará a exigir ciertos equilibrios macroeconómicos únicamente –que podrían incluir al menos un gasolinazo y el incremento de algunos impuestos–, sino además la firma de otros acuerdos multilaterales como el del intercambio automático de información financiera y fiscal con la OCDE, que podría traducirse en la apertura de una auténtica caja de Pandora.

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