La izquierda chilena inició el miércoles un proceso de juicio político contra el Presidente Sebastián Piñera. Denuncian eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas en los llamados “Pandora Papers”.
Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y sobreseída por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios reavivó la controversia en torno al mandatario, que en aquel momento estaba en su primer período de gobierno.
«Las causales de esta Acusación Constitucional son dos: una porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad y en segundo lugar por comprometer gravemente el honor de la nación», dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, uno de los impulsores de la acción.
Entre los argumentos, los opositores sostienen que el gobierno ha evitado definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso. En los fines prácticos todo apunta a crearle una crisis a Piñera, que termine causando su salida por la puerta trasera, en un mandato que está por concluir.
El Presidente ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.
La controversia ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para los comicios de noviembre. La acusación contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en la cámara de diputados, pero aún no se desconoce si lograría avanzar en el Senado.
