Aunque no son nuevos, porque los tiene al menos desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) accedió con Evo Morales al poder en 2006, Bolivia no deja de acumular problemas que al régimen de Luis Arce Catacora le están siendo muy difíciles -cuando no ya imposibles- de asumir.
Además de los escándalos mayúsculos e inocultables debido a su intervención en el sistema judicial, ahora debe encarar los problemas de la economía que empiezan a ser crónicos y altamente preocupantes.
Se trata de la imposibilidad de conseguir financiamiento para seguir echando a andar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano (MESCPB). De manera más concreta: el Estado Plurinacional no está logrando emitir bonos soberanos por 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales, para financiar los bonos con vencimiento en octubre de 2022, 2023 y 2028, por un total de 3.000 millones de dólares.
Ya en el primer trimestre de 2021 el régimen de Arce se propuso emitir bonos soberanos por 3.000 millones de dólares para cubrir el 50% del Presupuesto General del Estado de la mencionada gestión. Sin embargo, ante su fracaso ni siquiera se trató de culpar a las circunstancias de la pandemia y las restricciones internacionales, sino que se guardó el más estricto silencio posible. Por eso la ejecución presupuestaria del gobierno central fue de apenas el 50% de lo previsto.
Ahora sucede algo muy similar, aunque con factores agravantes. La oferta de emisión de nueva deuda para canjearla por la antigua fue publicada la semana pasada, y en aparente falta de interés, el país acaba de extender el plazo por una semana más para que los interesados se pronuncien, tal vez pactando mejores condiciones que las ofrecidas en un principio.
Ahora bien, esto último -la extensión del plazo- invita a especular sobre lo que está sucediendo. En primer lugar, cuando se emitieron los primeros bonos 2022 y 2023, el país presentaba superávit presupuestario y los precios internacionales del petróleo todavía favorecían los planes de gasto público a manos llenas para estimular la demanda interna y, por tanto, el crecimiento de corto plazo.
Segundo, si acaso Bolivia no logra emitir bonos bajo el régimen masista, no sería la primera vez, ni la segunda, pues esta sería la cuarta ocasión en la que ocurre.
Tercero, el objetivo de las primeras emisiones -hace 10 y 9 años-, era fundamentalmente recabar el financiamiento de infraestructura pública. Hoy el objetivo es el financiamiento presupuestario, y fundamentalmente para el pago del servicio y capital de esa misma deuda.
Ahora bien, la pregunta es: ¿Qué sucede si acaso no se logra colocar esta nueva deuda en los mercados internacionales?
Primero, al menos dos serios problemas quedan finalmente expuestos: el modelo no funciona ni siquiera con precios internacionales del petróleo nuevamente en $140, y que para conseguir financiamiento se requiere darle un giro de 180 grados y asumir el desafío de una serie de dolorosos ajustes que no dan margen para el gradualismo. El tiempo se ha acabado.
Entre otros varios aspectos, estos ajustes se resumen en recortar el gasto público de manera decidida y sin prolongar más la agonía: reducir personal público burocrático no sólo del nivel central en La Paz, sino en gobernaciones y municipios de todo el país, pero sobre todo liquidar la gran mayoría de empresas públicas que operan a pérdida desde su nacimiento, y que son las que explican el grueso del abultado déficit fiscal.
Esto es algo sobre lo que la calificadora de riesgos Standard & Poor’s (S&P) se ha pronunciado antes en varios de sus comunicados, es decir, que la baja calificación de B+/B y perspectiva negativa, se explica por la acumulación permanente del déficit y la deuda, además del bajo nivel de reservas del Banco Central de Bolivia (BCB).
Sin embargo, esta misma semana S&P ha actualizado su mirada sobre la economía de Bolivia remarcando sus preocupaciones sobre lo mencionado, pero añadiendo un nuevo factor agravante: el deterioro de la capacidad de producción de hidrocarburos. El incremento sostenido de los precios internacionales del petróleo todavía favorece las cuentas fiscales del país, aunque con muy poco margen y no por mucho tiempo más, al punto en que la calificadora también ha advertido que el país podría sufrir una rebaja de calificación entre los próximos 6 a 12 meses.
Es decir, también habría que considerar que la era del subsidio a los hidrocarburos está llegando muy pronto a su fin. Por eso, además, y a diferencia del régimen de Arce -que sostiene que la economía del Estado Plurinacional crecerá 5,1%- en 2022, S&P cree que dicha cifra será de apenas el 3,6%, en línea con distintos organismos internacionales.
Entonces, lo primero que sucedería es que la incertidumbre sobre el estado de la economía crecería de manera exponencial, provocando en el público una huida hacia un refugio que nunca había fallado: el dólar.
Muchos sostienen que si acaso la economía nacional no ha terminado colapsando hasta el momento es porque tiene una economía “narcotizada”, es decir, que las actividades productivas y exportadoras del narcotráfico tendrían la economía debidamente dotada de dólares. No obstante, y más allá de discutir este aspecto, el sector que no tiene la capacidad de ofrecer refugio a quienes lo solicitaran es precisamente el sector bancario y financiero.
Más aún, para no abundar en detalles, es mejor remitirse a la realidad económica de Argentina. Cuando se escucha hablar de default o impago de la deuda en ese país, la cadena de sucesos que se registran inmediatamente después puede ser incontrolable, al punto en que se observan a las autoridades monetarias y fiscales actuando como si dieran manotazos en la oscuridad, imponiendo controles cambiarios, de capitales, de depósitos y de precios.
Desde luego, todo esto sin haber mencionado siquiera lo mucho que el inicio de una serie de incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, podría dificultar el financiamiento ya no sólo del MESCPB de Arce, sino el de buena parte de países emergentes.
Arce busca salvar su responsabilidad
Arce y una buena parte del MAS deben estar al tanto de estos desafíos. Por eso corren rumores cada vez más fuertes de que quien alguna vez fue el quinto mejor titular de Hacienda de la región, anda buscando cualquier coartada que lo exonere de sus responsabilidades al respecto. De hecho, ya no aparece en los medios de manera tan frecuente como cuando presumía de ser “medalla de oro de crecimiento en la región”. Ahora solamente se le escucha en propagandas breves de radios y televisión hablando de los niveles de inflación del país.
Los rumores también dicen que sus chequeos rutinarios en Brasil por la enfermedad terminal que padece son cada vez más frecuentes.
En este escenario Arce podría estar buscando cualquier pretexto para no ser señalado como el principal responsable de la insolvencia de su modelo económico, y su enfermedad podría coincidir con los vencimientos de la deuda soberana y la presentación de su renuncia forzada.
Otro rumor más elaborado, así como menos también menos plausible, es que Arce sería el soldado que se sacrificaría por el proceso de cambio abalanzándose sobre la granada de la crisis, para que el MAS convoque a un referendo revocatorio, y que David Choquehuanca asuma el mandato para convocar nuevas elecciones con el mismo padrón electoral del fraude de 2019.
Eso sí, la oposición no se pronuncia ante un problema tan grave y que puede desarrollarse más rápido de lo que cualquiera imagina. Está más ocupada con serios problemas internos, y sin articular propuesta alternativa alguna a la cual la ciudadanía podría aferrarse, como desde hace años.
Lo cierto es que en Bolivia puede pasar lo que sea, visto lo visto en los últimos años. Solamente el tiempo dirá. En el entretanto, la previsibilidad para el ciudadano común sigue siendo prácticamente nula. Todavía que por verse qué respuesta tienen los mercados internacionales sobre la nueva oferta de deuda, así como la opinión de otras calificadoras como Fitch Ratings y Moody’s, y si el régimen de Arce tiene la voluntad ya no de asumir la responsabilidad de un muy probable default, sino de al menos moderar su discurso para ganar la confianza del público ante cualquier eventualidad de magnitud considerable.
