En los días más aciagos del golpe separatista catalán Josep Borrell apareció con una bandera de Europa para echar un jarro de agua fría al entusiasmo españolista que desbordaba Barcelona una semana después del referéndum independentista. Subido al escenario del único patriotismo permitido (el constitucionalista) Borrell regañó al millón de personas que gritaba “Puigdemont a prisión” escoltado, entre otros, por Vargas Llosa, Salvador Illa, Sociedad Civil Catalana o Arrimadas. Tan solo siete días después del golpe, el histórico dirigente socialista pedía a esa España de los balcones que al fin había bajado a la calle que dejara de gritar como si fuera una turba. Las primeras frases de su discurso destaparon el tarro de las esencias setentayochistas con un lavado de cara al separatismo que hoy se aprecia con mayor claridad: “Ciudadanos de Cataluña, porque eso es lo que sois vosotros, ciudadanos de este país. Veo algunas banderas esteladas, esta es nuestra estelada (muestra una bandera de Europa). Tiene las estrellas de la paz, de la convivencia… Eso es lo que representa Europa”. En su intervención pronunció hasta en cuatro ocasiones la palabra Europa o europeo y sólo una España, como si el golpe lo estuvieran dando contra la UE y no contra la unidad de España. “No gritéis como las turbas del circo romano, a la cárcel sólo van los que dicen los jueces”. Y salen de ella -le faltó decir- los que luego diga el PSOE. De algún modo Borrell anticipó lo que estaba por venir. “Os pido por favor que extrememos el respeto, que reconstruyamos el afecto, que nos queramos”, un discurso calcado con el que hoy Sánchez justifica los inminentes indultos a los golpistas.
Cuatro años después de su papel como mediador en la intentona separatista, Borrell acaba de recibir el rechazo del Pleno del Parlamento Europeo por jugar a lo mismo pero con diferente protagonista: la dictadura de Cuba. Un email ha desvelado que el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad actúa como enlace del régimen de Díaz Canel en Bruselas y Estrasburgo. El contenido del correo muestra que el grupo del PSOE en el Parlamento Europeo pretendía paralizar un manifiesto de ‘Prisoners Defenders’ que denuncia la represión cometida por la dictadura castrista contra los autores de la canción ‘Patria y Vida’. La autora del correo es una asesora del PSOE, Pilar Ruiz Huélamo, y la destinataria Isabel García Tamara, del equipo del europarlamentario socialista Javier Moreno, que preside el Grupo de Amistad con Cuba. Lo que la asesora pregunta es si debe encargarse el equipo de Javier Moreno de avisar a la embajada cubana o es ella la que debe llamar a Heydi Villuendas Ortega, tercera secretaria de la embajada cubana en la capital belga. Sea como fuere Borrell está implicado como reconoce la autora del email: “Me pregunto si queréis avisar vosotros a la Embajada de Cuba o aviso yo a Heidy. El gabinete de Borrell ya está al tanto”.
No es el único escándalo protagonizado por el exministro de Exteriores de Sánchez en los últimos tiempos. En 2018 fue sancionado con 30.000 euros por la CNMV por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, empresa de la que era consejero. Borrell utilizó esa información para favorecer a su exmujer a la que instó a vender las acciones que tenía en la compañía de energías renovables en el momento crítico de la compañía, noviembre de 2015. A principios de noviembre de 2015, las acciones clase B -las que tenía su exmujer- de la empresa andaluza cotizaban a un euro la acción y a finales de mes estaban a 0,35, lo que supuso una caída del 65%. La multa, desde luego, era más que asumible para alguien que ganaba 300.000 euros anuales como consejero de la compañía desde 2009.
Sin embargo, el PSOE hizo lo posible por evitar la sanción o, al menos, que no trascendiera a la opinión pública. Sánchez aprobó de urgencia en 2018 una norma que permite a la CNMV eludir nombres cuando se considera que el daño a la persona es desproporcionado. El Consejo de Ministros aprobó la ley sólo un día después de que la CNMV sancionase a Borrell. Hasta ese momento la ley española obligaba a la CNMV a publicar en el BOE todas las infracciones graves y muy graves una vez fueran firmes.
En cualquier caso, Borrell se libró de pagar una cuantía mucho mayor, ya que la ley del Mercado de Valores establece que “todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente […] cualquier tipo de operación sobre los valores negociables”. El importe que contempla la ley para los directivos sancionados por una infracción muy grave es de hasta dos millones de euros o “el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse”.
Pero hay más. Y de nuevo la exmujer aparece en escena. En 1999 Josep Borrell dimitió como candidato del PSOE a las generales del año siguiente por el fraude fiscal que salpicó a dos de sus colaboradores durante su etapa en la secretaría de Estado de Hacienda. Un año antes se había impuesto a Joaquín Almunia en las primarias socialistas a pesar de tener en contra a todo el aparato del partido. Quizá eso espoleó a El País a investigar trapos sucios del político catalán hasta toparse con el exdelegado de Hacienda en Cataluña Ernesto de Aguiar y el exjefe de la inspección José María Huguet. El editorial de El País del 15 de mayo de 1999 decía así: “No hay en su actuación nada reprochable desde un punto de vista penal, civil o ético. Pero el hecho de que su ex mujer participase en un fondo de inversiones junto a uno de esos antiguos colaboradores, convertidos hoy en símbolo máximo de la desvergüenza, refuerza la impresión de que no se trataba sólo de funcionarios desleales, sino de personas de su entera confianza personal. Por ello, su decisión de renunciar es prudente, y seguramente sabia”.
