La militarización a la que se verá expuesto El Salvador en el futuro próximo ha encendido nuevamente las alarmas vinculadas al estilo y desempeño en el poder de Nayib Bukele. El Presidente ha puesto en marcha la cuarta fase del llamado “Plan de Seguridad Territorial”, que básicamente en este punto consiste en incrementar la cantidad de efectivos militares con los que cuenta el gobierno para hacer frente a las pandillas criminales que han azotado a los salvadoreños por años.
En este caso específico el Primer Mandatario se ha trazado la meta de llevar el número de hombres del estamento castrense de 20 mil a unos 40 mil, en un lapso de 5 años. Vale decir que al mandato de Bukele le quedan 3 años, de acuerdo con lo previsto en la Constitución del país centroamericano.
¿Podría acaso asumirse esta medida como una confesión indirecta de que el polémico Jefe de Gobierno ya está convencido de prolongar su estadía en el poder más allá de lo dispuesto en el actual período presidencial?
El pretexto utilizado en este caso para aumentar la fuerza pública ha sido más o menos el mismo que anteriores Presidentes salvadoreños han esgrimido para ejecutar planes de “mano dura” frente a las violentas agrupaciones criminales que hacen vida en el país: que solo se puede confrontar esta amenaza bajo un enfoque represivo que, como es lógico, requiere más militares desplegados en la calle apoyando a la policía en el combate contra el crimen.
“Con esta Fase del Plan Control Territorial nos garantizará tener suficiente capital humano para poder vencer a las pandillas en sus territorios. Son 20,000 nuevos empleos para jóvenes honrados, leales, con amor a su patria, este es el tipo de jóvenes que queremos en nuestro país. Gente con ganas de trabajar y luchar por nuestro país”, indicó el Gobernante al anunciar la puesta en marcha de esta política.
Paradójicamente El Salvador había logrado reducir recientemente sus índices de criminalidad. Por ejemplo, de acuerdo con datos oficiales, en 2020 el número de homicidios en la nación centroamericana había registrado un descenso de cerca del 45% con respecto a 2019.
Este logro se había visto empañado cuando el año pasado el medio local El Faro reveló una supuesta trama en la que representantes de Bukele habían protagonizado negociaciones tras bastidores con el grupo criminal MS-13 (conocido popularmente como la “Mara Salvatrucha”). En los acuerdos básicamente se intercambiaba impunidad y beneficios carcelarios a miembros del grupo por la disposición de éstos a reducir sus niveles de violencia en las calles.
¿Si El Salvador es menos violento que antes por qué estaría entonces el Presidente salvadoreño enfocándose en militarizar aún más el país? ¿Se trata más de una eventual estrategia de control de la población por la fuerza que una política pública destinada a reforzar el combate a la delincuencia?
Aunque las comparaciones son odiosas, quizá el mayor referente contemporáneo de militarización de la política latinoamericana es el de Hugo Chávez y el chavismo en Venezuela. Chávez, que desde sus inicios fue un gobernante absolutamente demagógico y que consiguió levantar niveles de popularidad importantes, siempre supo que su carisma y aceptación no iban a durarle toda la vida.
Los proyectos de poder autoritarios –que a veces incluso tienen visos totalitarios– tienen el pequeño defecto de que, como cualquier gobierno, son perecederos: el tiempo es su mayor enemigo. La gente puede enamorarse del liderazgo carismático y la luna de miel puede durar un par de años; pero eventualmente el encanto se rompe. Y allí es cuando al tirano o aspirante a serlo no le queda de otra que dominar por la fuerza. Es eso o ver caer el sueño de dominar a un país ininterrumpidamente.
Para ello Chávez utilizó y pervirtió a las Fuerzas Armadas venezolanas, incorporándolas cada vez más a funciones de gobierno y permitiéndoles cometer desaguisados de toda laya. A final de cuentas la estructura armada que representan los militares de Venezuela se terminaron convirtiendo en el muro de contención entre un pueblo harto del chavismo y una cúpula de poder que no está dispuesta a entregarlo. El régimen sabía que eventualmente necesitaría fusiles que le ayudasen a gobernar, puesto que la popularidad del movimiento haría aguas. El resto es historia.
En El Salvador las preocupaciones a propósito del anuncio de la militarización orbitan justamente en torno a este mismo tema: se podría pensar que Bukele está echando cálculos a futuro sobre su estadía en el poder y los medios que requerirá para lograrlo.
¿Se trata acaso de una jugada por adelantado que hace el Presidente para nuclear en torno a sí a un grupo que le podría permitir extender su mandato más allá de lo previsto? ¿Se estimula el crecimiento del sector militar dentro del Estado precisamente para que Bukele pueda seguir ejerciendo a sus anchas un estilo de gobierno reñido con los manuales más básicos de reglas democráticas?
Nadie puede negar que, hasta ahora, el joven mandatario es altamente popular. Se habla de que sus niveles de aceptación son incluso superiores al 90% dentro de la población salvadoreña. Esa misma población que reniega del pasado y de los actores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que protagonizaron durante 30 años una sucesión de gobiernos generalmente calamitosos.
¿Pero qué pasará cuando esa popularidad comience, por las leyes de la gravedad que operan en política, a hacer aguas? ¿No serían acaso útiles los militares en una coyuntura en la que la popularidad necesita ser reemplazada por la imposición pura y dura? Venezuela confirma que sí, rotundamente.
Por lo pronto, las señales siguen siendo preocupantes. Quizá amparado en su enorme popularidad Bukele ha emprendido la ruta de arrinconar a la disidencia; y no solamente aquella del ámbito político-partidista. A comienzos de este mes fue expulsado del país el periodista mexicano Daniel Lizarraga, quien es el editor del medio El Faro, que ha asumido una posición crítica frente al gobierno de Bukele y ha destapado escándalos como la supuesta negociación de su gobierno con el MS-13.
Pero la salida forzada del país de Lizarraga no es algo aislado. Amnistía Internacional ha expresado recientementesu preocupación por las ejecutorias del Jefe de Gobierno salvadoreño en áreas sensibles como persecución a la prensa y arremetidas contra activistas que trabajan en la Defensa de Derechos Humanos, además de señalar que el dominio del Congreso por parte de quienes respaldan a Bukele solo ha servido para empeorar la situación en éstas y otras materias.
El peligro está allí, latente. En definitiva, Bukele puede aprovechar su popularidad y gobernar los próximos tres años con arreglo a las mínimas normas de convivencia democrática y mejorar los indicadores en materia de salud, educación y economía de su país o, por el contrario, puede copiar lo peor del chavismo y de las tiranías latinoamericanas de siempre y emprender la ruta de la bota militar como ayudante perfecto para la instauración de un régimen de persecución, opresión y abusos. De momento parece que va decantándose por esta última opción.
