Bukele utiliza el software espía Pegasus para vigilar a periodistas en El Salvador

nueva amenaza para los derechos humanos en el país
Foto: Facebook Nayib Bukele Foto: Facebook Nayib Bukele

Amnistía Internacional (AI) ha verificado el uso del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, para vigilar a periodistas en El Salvador, después de que profesionales de los medios y líderes sociales salvadoreños recibieran advertencias de espionaje «patrocinado por el Estado» en noviembre.

Así lo muestra una investigación conjunta llevada a cabo por Access Now y Citizen Lab, que ha señalado que el «abusivo» uso del programa, verificado de forma «independiente», se ha llevado a cabo «a gran escala» en el país centroamericano.

La muestra de la investigación incluía a varios periodistas de dos medios de comunicación. El análisis forense confirmó que cada dispositivo estaba infectado con el programa espía Pegasus de NSO Group. Los primeros indicios de ataque en los dispositivos de la muestra se produjeron en torno al 30 de julio de 2020. Los signos de amenaza o intento de ataque continuaron hasta el 15 de noviembre de 2021.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha puesto el foco en que el uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador «desvela una nueva amenaza para los Derechos Humanos en el país«, al tiempo que ha instado a las autoridades a «detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión«. Del mismo modo, ha reclamado la apertura de una investigación «imparcial y exhaustiva» para identificar a los responsables.

Guevara Rosas ha considerado «inaceptable» que en El Salvador «se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos«, que trabajan «en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo». «La comunidad internacional debe acompañar a las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en su demanda por el respeto a los Derechos Humanos», ha agregado.

AI ha destacado que, desde que el presidente, Nayib Bukele, tomó posesión del cargo en 2019, la situación de los Derechos Humanos en el país ha ido degradándose «de forma acelerada». La libertad de expresión ha sido uno de los derechos que se enfrenta más «obstáculos para su libre ejercicio» y, de forma reiterada, funcionarios del Estado han expresado públicamente su negativa de aceptar el disenso y mostrado un esfuerzo sostenido por desacreditar a quienes exponen las prácticas de las autoridades que violan o ponen en riesgo los Derechos Humanos.

En ese contexto, en noviembre del 2021, se hizo de conocimiento público que periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil recibieron una alerta de Apple en que se les advertía que posiblemente estaban siendo sujetos de vigilancia selectiva por parte de «atacantes patrocinados por un Estado«.

La directora para las Américas de AI también ha censurado que en el mundo se sigue «abusando» del software Pegasus para vigilar «ilegalmente» a los periodistas «a gran escala, incluso después de las importantes revelaciones del Proyecto Pegasus».

«Hasta ahora no se ha hecho globalmente lo suficiente para frenar la vigilancia selectiva ilegal», ha lamentado, remarcando la «urgencia» de que los gobiernos «apliquen una moratoria mundial sobre la venta, la transferencia y el uso de programas espía hasta que se establezcan salvaguardias y garantías de Derechos Humanos.»

A principios de diciembre, el vicepresidente de El Salvador, Víctor Ulloa, aseguró que «no conocía» el supuesto espionaje. El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, saltó al centro de la polémica cuando el pasado mes de agosto una investigación del diario ‘The Washington Post’ reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.

Se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.

Deja una respuesta