El Ministerio del Interior del Perú (Mininter) incluyó al exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y a Gian Marco Castillo Gómez y a Fray Vásquez Castillo, sobrinos del comunista Pedro Castillo, en el Programa de Recompensas.
Por el primero, las autoridades peruanas ofrecen 30 mil soles (7261 euros) por información sobre su paradero, y 15 mil soles (3630 euros) por la de los otros dos. En total, el Mininter incorporó en el Programa de Recompensas a los cinco prófugos implicados en el caso Puente Tarata, entre ellos los mencionados previamente y dos exfuncionarios de Provías Descentralizado.
La inclusión de estas cinco personas fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri), que estableció los montos de los beneficios económicos ofrecidos a quienes colaboren con su captura.
A ellos se les busca por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión agravada, organización criminal, uso de documento falso y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Antecedentes del caso
El pasado miércoles, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo, dictó cinco meses de impedimento de salida del país contra Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y otros, investigados por el delito de colusión agravada y organización criminal en agravio del Estado.
El magistrado indicó que la imposición de medida de coerción, solicitada por la Fiscalía, se justifica porque existen actos de investigación y diligencias pendientes en el caso construcción del puente vehicular Tarata, región San Martín, proceso convocado por Provías, que requieren la presencia de los investigados.
La aspirante a colaboradora eficaz
Según declaraciones a la Fiscalía de la empresaria y cabildera Karelim López, personas del círculo íntimo de Pedro Castillo, entre ellos sus sobrinos, habrían intervenido en organismos públicos para favorecer a empresarios en obras del Estado.
“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años; así también participan en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular”, fueron las declaraciones de López ante la fiscalía, según una publicación de El Comercio.
Puente Tarata
El pasado mes de enero, Provías Descentralizado -unidad adscrita al MTC encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el caso, ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte- declaró nulo el contrato que firmó en octubre de 2021 con el consorcio Puente Tarata III para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, ubicado en la región San Martín (selva peruana).
El consorcio estaba integrado por la empresa Termirex S.A.C., vinculada con Karelim López, quien había realizado visitas a Palacio de Gobierno y también acudió al inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en el distrito limeño de Breña, lugar que Castillo ha utilizado como domicilio privado desde la campaña electoral 2021. Tras las visitas, la empresa que asesoraba López ganó un contrato de 232.5 millones de soles (56 millones de euros).
