Más de 1.800 inmigrantes ilegales han llegado a las costas de Canarias este mes de enero, una avalancha que ha provocado el caos en las islas ante la desidia del Ejecutivo español liderado por Pedro Sánchez.
La situación, a juicio de Rubén Pulido, analista político y experto en cuestiones migratorias, es similar a la que se vivió en la isla italiana de Lampedusa en los años 2016 y 2017. «Se está tornando hacia un conflicto civil parecido al ocurrido tras aquella invasión», afirma, al tiempo que recuerda que «allí hubo momentos de tensión porque no sabían donde ubicar a esa inmigración y conflictos permanentes porque no se integraban».
En declaraciones a La Gaceta de la Iberosfera, Pulido recuerda que la mayor parte de los inmigrantes que están llegando a Canarias es «clase media del Magreb, jóvenes que tienen dinero y la osadía de publicar en las redes sociales que no son refugiados». Así, declara que, según las propias estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), «poco más de un 15% de los que están llegando tienen derecho a asilo al proceder de Malí y de zonas de alta conflictividad».
En Canarias cada vez hay más tensión, los inmigrantes ilegales están acudiendo a barrios humildes, los vecinos se encuentran preocupados y alarmados y ya se están empezando a organizar. Es el caso del barrio de Las Rehoyas (Las Palmas), donde esta semana una pancarta rezaba «Sánchez, corrupto, no hay cama pa’ tanta gente».
Los índices de conflictividad, según afirma Rubén Pulido citando fuentes policiales, van en aumento y en el sur de Gran Canaria ya hay una media de 10 a 15 diligencias al día relacionadas con la inmigración irregular por robos, peleas, apuñalamientos con arma blanca y hasta agresiones sexuales.
Además, los inmigrantes instalados en Barranco Seco, más ocultos a la población que en Arguineguín, no pueden ser retenidos contra su voluntad más de 72 horas, se pueden ir y muchos están tratando de desplazarse hacia el norte de Gran Canaria. En el sur ya están fichados.
Quejas de los ayuntamientos y la petición de VOX de un ‘bloqueo naval’
Ante el caos, ayuntamientos en manos de PP, PSOE y Coalición Canaria han denunciado la falta de seguridad y han exigido medidas «para recuperar la imagen turística de las islas».
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enrique, acusó esta semana al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno de «negar la realidad de la situación que están viviendo los municipios turísticos» y pidió soluciones. La pasada semana la Delegación del Gobierno anunció el traslado de 40 agentes de la Policía destinados en diferentes municipios de Gran Canaria a San Bartolomé para fortalecer la seguridad ante el aumento de robos e incidentes provocados por los inmigrantes alojados en los hoteles del sur de la isla.
Pulido cree que los municipios se equivocan al recurrir a la petición de refuerzos policiales porque esa «no es la solución». «La solución no es convertir Canarias en un ejército, sino la deportación. Si no se integran, crean problemas y llegan ilegalmente deben ser repatriados a sus países». En este sentido, reclama acuerdos bilaterales con Marruecos y Argelia, entre otros países, para que sean deportados a la mayor brevedad posible.
Por su parte, VOX ha tildado de «gravísima» la situación de los canarios, «inmersos en un infierno de inseguridad, violencia y ruina por la inmigración ilegal».
La formación liderada por Santiago Abascal ha reclamado al Ejecutivo socialcomunista que «garantice la seguridad y la libertad de los canarios, instaure el orden e imponga el bloqueo naval para impedir la llegada de buques de las mafias que trasladan a los inmigrantes ilegales».
Actualización. En una primera edición de este artículo se había publicado que el número de inmigrantes ilegales llegados a Canarias en enero era superior a 1.500. La cifra ha aumentado en las últimas horas a más de 1.800.