La seguridad en Colombia se le salió de las manos al gobierno, hay que decirlo. A pesar de los anuncios del Ministerio de defensa y de las autoridades locales, los casos vienen en aumento, aunque muchas veces no se reportan.
No es extraño ver en redes sociales o en las noticias casos de personas que ingresan a establecimientos comerciales a robar a todo aquel que se encuentre en el lugar. Los cuadrantes de la policía, los frentes de seguridad que algunas comunidades han creado y otras medidas, parecen estarse quedando cortas a la hora de enfrentar la ola de inseguridad que se ha tomado las ciudades y pueblos de Colombia.
Hace una semana, el lunes 4 de octubre, en la ciudad de Cúcuta (capital del departamento de Norte de Santander) las víctimas de un atraco reaccionaron y agredieron a uno de los delincuentes hasta causar su muerte. La familia de este último ahora pide que se haga justicia y que respondan todos los que participaron en su linchamiento.
Es decir, quienes en otro escenario hubiesen sido víctimas fatales -pues el atraco se dio con arma de fuego- ahora han de responder, pues lo exige la familia del victimario original.
Días después, el 7 de octubre, en horas de la noche fue asesinado un joven que se encontraba acampando en los cerros orientales de Bogotá, por negarse a entregar sus pertenencias. Los delincuentes optaron por dispararle. De inmediato, la policía desplegó la fuerza disponible e inició las investigaciones del caso.
En los procedimientos resultó asesinado el subteniente Juan Pablo Vallejo, pues los delincuentes reaccionaron a balazos en contra de la policía y el funcionario de la Fiscalía cuando investigaban los hechos ocurridos apenas horas antes.
La indignación nacional se ha expresado en todos los medios y el Presidente ha exigido llevar a los responsables ante la justicia, como lo tiene que hacer cada semana en un escenario cada vez más violento.
El gobierno nacional había anunciado un aumento de 2000 policías y una reforma a la ley de seguridad ciudadana en reunión con el gobierno de la ciudad de Bogotá del pasado cinco de octubre, pues la situación es crítica.
Llama mucho la atención ver en las salidas de los centros comerciales a los ciudadanos cortando sus llamadas con frases de tipo “te llamo al llegar a casa porque no puede sacar el celular (móvil) en la calle”. Es una escena típica hoy en todas las ciudades de Colombia, en las que la ciudadanía tiene que buscar alguna forma de resguardarse de la delincuencia.
Muchos negocios han sido víctimas en reiteradas ocasiones y, a pesar de que todo queda registrado en video, las autoridades no parecen estar en la capacidad de actuar de manera eficiente. La pregunta que se hacen en las redes de un restaurante que ha sido víctima de atracos resume muy bien lo que hoy está pasando: “¿Cómo progresar y vivir en una ciudad donde no puedes salir en tu carro porque te roban, a comer porque te roban, donde no respetan nada”.
El gobierno de Bogotá ha recurrido a la asistencia militar, que empezó a darse desde el mes de septiembre, sin que se note una mejora significativa en los índices de seguridad.
Más grave aún es que la ciudadanía evita proceder con las denuncias, pues corre riesgo su vida en caso de quedar en libertad los delincuentes, tal como ocurrió en el mes de agosto cuando fue asesinada Carmen Cecilia Contreras, por la persona que ya la había robado una vez y que había sido llevada a un centro de reclusión.
Hace un año el gobernador del Departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, había pedido a los ciudadanos ser solidarios y reaccionar en caso de presenciar un robo, expresando que las autoridades darían acompañamiento jurídico a todo aquél que obrara de esa manera; algo que no debe sonar extraño en un país cuya Constitución Política consagra que “El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona…” en su artículo 32, y a su vez el código penal establece la ausencia de responsabilidad cuando “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente…”.
Paradójicamente, a pesar de la situación actual, donde la inseguridad cunde en todo el territorio nacional, las medidas del gobierno buscan impedir que la ciudadanía puede ejercer su derecho a la defensa, prohibiendo el porte con salvoconducto y registro de armas de fuego, de armas traumáticas y de cualquier elemento que facilite la defensa de la integridad física y de la vida misma, alegando que el monopolio de la violencia lo tiene el estado.
Esto último no es cierto en Colombia. Los carteles, el clan del golfo, la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y cientos de bandas organizadas en los centros urbanos de todo el territorio nacional evidencian que el Estado no ha logrado consolidar el monopolio de las armas y que, por el contrario, la delincuencia ha perdido el miedo, pues sabe que las denuncias pueden no llegar, por el temor a las consecuencias. Las cosas como son. La seguridad en Colombia se perdió.
