La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el jueves que después de 17 años cerró un examen preliminar a Colombia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en reconocimiento a los esfuerzos del país para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.
El examen preliminar, que comenzó en 2004, fue el más largo en la historia de la CPI. La corte, encargada de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra, solamente puede intervenir si el Estado con jurisdicción original del caso no puede o no está dispuesto a hacerlo.
Colombia y la corte mantuvieron contacto permanente durante el examen, para asegurar que crímenes como asesinatos, masacres, desapariciones, torturas, secuestros y desplazamientos forzados no queden en la impunidad, dijeron autoridades.
Pese a la firma de un cuestionado acuerdo de paz en 2016, el país aún enfrenta un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado 260.000 muertos, millones de desplazados y en el que intervienen las Fuerzas Armadas, guerrillas terroristas de izquierda y agrupaciones conformadas por paramilitares.
El acuerdo de paz permitió que 13.000 integrantes de la guerrilla de las FARC depusieran las armas y creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para tratar crímenes relacionados con el conflicto. Dicho mecanismo ha sido muy criticado por el nivel de impunidad con el que ha tratado a antiguos guerrilleros, que ahora se han incorporado a la vida política del país.
«Me complace decir que Colombia ha estado a la altura de sus obligaciones internacionales, de sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma y, en consonancia con el principio de complementariedad, me complace decir que puedo salir de la fase de examen preliminar», dijo el fiscal de la CPI, Karim Khan.
Khan expresó su apoyo a la JEP, pese a las críticas de quienes aseguran que no va a ser suficientemente fuerte con violadores de derechos humanos, y dijo que un convenio firmado con el Gobierno de Colombia garantizará su financiación y funcionamiento sin ninguna interferencia política, así como la implementación del acuerdo de paz.
El presidente de Colombia, Iván Duque, es blanco permanente de críticas de la izquierda que considera que no ha dado suficiente respaldo al tribunal de paz.
La JEP puede imponer penas más leves que las del sistema de justicia ordinario, como restricciones a la libertad de entre cinco y ocho años, a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.
Khan advirtió que el examen de la CPI puede ser reabierto ante un eventual incumplimiento del acuerdo por parte de Colombia, que incluye la presentación de un informe anual, mientras Duque dijo que el convenio permitirá compartir los avances del país y dar tranquilidad a millones de víctimas.
