En la inauguración de una nueva sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad colombiana de Soacha, Alexander Vega -quien encabeza el organismo- insistió en que «las bases de datos del DANE no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la registradurí«.
Ese cuestionamiento a los datos que maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) viene en momentos difíciles, pues no solamente se acaba de aprobar el presupuesto general de la nación -que incluye las transferencias que desde el gobierno nacional se hacen a departamentos y municipios, y que tiene como uno de sus puntos de partida la población que habita en cada localidad-, sino porque estamos a cinco meses de elecciones y no es extraño escuchar en los discursos encendidos críticas sobre los datos reales de población en Colombia.
Hay quienes alegan que el gobierno busca esconder los datos, con el fin de evitar aumentos presupuestales, cosa que no se ha podido probar.
Juan Daniel Oviedo, director del DANE, insistió en que “el chequeo estadístico del Registro Nacional del Estado Civil por ningún lado nos da 55 millones de habitantes, por lo cual resulta grave que él (Alexander Vega) pueda esclarecer la fuente de ese cálculo”, precisando a su vez que el organismo estadístico cruza todas las fuentes de información con el fin de consolidar datos confiables y verificables.
También recordó Oviedo que en la mesa técnica en la que participan ambas entidades del Estado nunca se ha puesto el asunto en discusión, por lo cual le sorprenden las declaraciones de Vega.
El asunto generó mucho desconcierto y se cuestionó la falta de articulación entre organismos del Estado.
El DANE responde al poder ejecutivo desde su creación en 1953 y el nombramiento de su director corresponde al Presidente de la República, mientras que el Registrador Nacional del Estado Civil es elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, previo concurso de méritos.
Sin embargo, en el caso de Vega, antes de ser elegido Registrador se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral, siendo elegido por el Congreso de la República por postulación de su partido, el partido de la U. Es decir, su origen se remonta a motivaciones político-electorales, lo que ha generado cuestionamientos de diferentes sectores.
Recientemente Vega respondió a la oposición, que cuestionaba la imparcialidad de la registraduría y denunciaba un posible fraude electoral en 2022, afirmando que “El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse”. Una respuesta poco amable que acompaña pocos días después con su dura crítica a los datos del DANE.
Muchos ven en el registrador a un político en ejercicio y cuestionan su liderazgo en una entidad que se presume es autónoma y debe ofrecer garantías y transparencia a la ciudadanía, en vez de generar desconcierto o generar polémicas que podrían resolverse de manera institucional en trabajo conjunto con otras entidades del Estado.
Cabe aclarar que el censo electoral en Colombia aún no se ha depurado, pues ello requiere de una ley y el proyecto para validar el censo de 2018 apenas se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes.
Es decir, la crítica del registrador no tiene nada que ver con un asunto electoral, sino con la asignación de partidas presupuestales que se desprenden de la población que tiene una entidad territorial. Un tema en el que no debería emitir una opinión y menos en una rueda de prensa.
A pesar de que tanto director del DANE como Registrador participaron en una rueda de prensa para tratar de aclarar el asunto e informar sobre una próxima reunión de la mesa técnica para definir una cifra única sobre la población en Colombia, queda claro que la registraduría nacional del estado civil dio un paso para participar activamente en temas que corresponden al DANE y lo hizo a pocos meses de las elecciones.
El evento se produjo en una de las ciudades con mayor caudal electoral de Colombia y sosteniendo una tesis que activa los ánimos de los políticos del departamento de Cundinamarca: que el gobierno no gira los recursos que corresponden porque no quieren reconocer la población real que habita diferentes ciudades del país.
Flaco favor le hace a la democracia el registrador con este tipo de pronunciamientos y polémicas, cuando debería estar concentrado en garantizar un proceso electoral transparente, con suficientes controles y acompañamiento.
La sombra del fraude siempre ha estado presente en Colombia y es inaceptable que la cabeza de la organización electoral sugiera a quienes expresan inquietudes que simplemente no deben presentarse como candidatos. En especial porque la elección de 2022 es probablemente la más importante de la historia reciente de Colombia.
