El Congreso de la República en Colombia aprobó la ley de presupuesto general de la nación para 2022. Este contempla un total de 350,4 billones de pesos (79.640 millones de euros), de los cuales 71,7 billones (16.315 millones de euros) irán al servicio de la deuda, 69,9 billones (15.900 millones de euros) serán para inversión y 209,1 billones (47.570 millones de euros) corresponden a gastos de funcionamiento. El presupuesto aumenta un 5,3% frente a 2021 y la inversión un 18.8%, lo que responde a la política contra-cíclica que promueve el gobierno para enfrentar las consecuencias que deja en la economía la pandemia del covid-19.
De hecho, en el marco de esa política, el gobierno busca levantar las trabas que existen para la ejecución presupuestal cuatro meses antes de las elecciones, pues la ley de garantías electorales en su artículo 33 prohíbe explícitamente «la contratación directa por parte de todos los entes del estado», lo que muchos han considerado innecesario desde que dejó de existir la reelección presidencial en Colombia. De hecho, el partido de gobierno ya había presentado en marzo un proyecto de ley para derogar la ley de garantías, pero no fue aprobado.
El gobierno incluyó este tema en el artículo 125 de la ley de presupuesto finalmente aprobada para así permitir que la nación pueda “celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.
Esto ya había sido rechazado por el Consejo Gremial Nacional que había pedido mantener intactos los fundamentos de la ley de garantías y por FEDESARROLLO, cuyo director ejecutivo publicó en su Twitter que «la modificación de la ley de garantías aprobada permitirá que el gobierno asigne discrecionalmente recursos del presupuesto a gobernadores y alcaldes durante el proceso electoral. No parece una buena señal».
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales -ANDI-, también expresó que «es una verdadera lástima que el Congreso no haya atendido el llamado de tantos para que no se apruebe la #LeyDeGarantías«.
Es difícil entender cómo una ley de carácter estatutario -es decir, que regula asuntos relacionados con derechos y deberes fundamentales, administración de justicia, organización y régimen de partidos, mecanismos de participación ciudadana y estados de excepción (artículo 152 de la Constitución Política de Colombia)- es modificada por una ley orgánica como es la del presupuesto General.
Además, el hoy presidente fue férreo opositor a toda modificación a la ley de garantías durante el gobierno de Juan Manuel Santos, su antecesor. Todo ello alegando que dicha ley evitaba «que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos«. ¿Qué pasó? ¿Por qué incluir una modificación a la ley de garantías a un mes de que empiece a regir la prohibición de la contratación directa?
Ha sido imposible derogar la ley de garantías que -es cierto- se pensó como una forma de garantizar una sana competencia electoral entre candidatos a la jefatura del Estado cuando se aprobó la reelección presidencial en 2004, y lo ha sido en parte por la oposición, entre otros, del Centro Democrático en el cuatrienio anterior. Muy mal mensaje se envía a la opinión pública cuando siendo partido de gobierno aprueban aquello que enfrentaron y rechazaron en oportunidades anteriores cuando eran partido de oposición.
Como si no fuera suficiente, el Gobierno logró hacer aprobar un artículo que elimina las cuentas bancarias con un saldo inferior a 92 mil pesos (21 euros) que hayan estado inactivas durante un año transfiriendo esos recursos al gobierno a título de mutuo.
Todo ahorrador que quiera retirar su dinero una vez ha sido apropiado por la nación deberá seguir un procedimiento para que se le reconozca el valor con los rendimientos correspondientes. Esto ha sido tachado de «expropiación» por diferentes sectores, pero especialmente por los cercanos a Gustavo Petro, quien abiertamente ha sostenido que Colombia necesita promover una política de expropiación de tierra para lograr una reforma agraria. Es decir, el Gobierno dio motivos para que ahora quienes promueven la expropiación lo acusen de expropiador, pero no de los grandes capitales sino de los pequeños ahorradores.
Desde donde se mire el Gobierno colombiano ha cometido un grave error político -que no necesariamente técnico- en el trámite de la ley de presupuesto. El asunto es que, en una democracia, a diferencia de lo que ocurre en una dictadura, la opinión pública tiene la opción de castigar en las urnas aquello que asume como una afrenta, más allá de su lógica teórica y de los tecnicismos.
Las voces que acusan al Gobierno de querer incidir en las elecciones -mediante recursos a los alcaldes y gobernadores- y de expropiador de los ahorros de los más pobres, seguramente no se harán esperar. Ya articulan muy bien sus argumentos para exigir que Colombia tome otro rumbo. Aquel que tomaron Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua. El gobierno parece estar sirviendo en bandeja de plata a la izquierda el futuro de Colombia.
