Mientras el Gobierno anuncia medidas para enfrentar la crisis económica, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal advierte sobre la débil situación de las finanzas públicas y que puede llegar una crisis de deuda.
Aunque el paro nacional ha ido mermando en Colombia, algunos bloqueos se mantienen y la fuerza pública parece impedida para actuar con suficiente contundencia. De hecho, el sindicato Unión de trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia, presentó un recurso de amparo, tutela, que fue admitido, exigiendo el uso de la fuerza legítima del estado si fuera necesario, para lograr desbloquear las vías y garantizar los derechos fundamentales de todos. No es para menos, las pérdidas para la economía son billonarias y las empresas están a reventar.
En una entrevista con el programa La Hora de la Verdad del pasado 4 de junio, Gonzalo Moreno, Presidente de FENAVI (Federación nacional de avicultores de Colombia), por ejemplo, expresaba que, aunque lentamente, se ha ido recuperando el flujo de tractomulas con insumos claves para la reactivación del sector, que, no sobra recordar, responde por la proteína más consumida en Colombia; de dos mil tractomulas que se requiere movilizar para garantizar la operación de todos los productores avícolas, a la fecha se movilizan por las carreteras del país una cuarta parte, gracias a “corredores” que se han podido habilitar. ¿Por qué sigue sin cumplirse la orden Presidencial de desplegar la fuerza pública y levantar todos los bloqueos?
El Gobierno ha anunciado la matrícula gratis en universidades públicas para estratos 1, 2 y 3, continuidad de los programas de transferencias que se crearon durante la pandemia y de aquellos que los antecedieron, líneas de créditos para empresas y plazos más amplios para estar al día con el pago de impuestos. Sin embargo, la economía aún no despega, muy a pesar de los felices pronósticos que sugieren hasta un seis o siete por ciento de crecimiento en 2021, gracias a la superación de lo más grave de la pandemia, que aún no se ve, pues en 19 de 32 departamentos de Colombia la ocupación de unidades de cuidados intensivos se mantiene por encima del 80%.
De hecho, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, en su reunión del jueves 3 de junio, expresó su preocupación por la situación de las finanzas públicas, e hizo un urgente llamado para que se apruebe cuanto antes una reforma tributaria que permita aumentar el recaudo en al menos el 1% del PIB:
“La estrategia fiscal expuesta por el Ministerio de Hacienda cimienta las bases para iniciar el proceso de reducción del déficit fiscal a partir de 2022, tomando en consideración la necesidad de ese balance. Dada la débil situación económica y social actual, en el debate público se ha sugerido la expectativa de que este proyecto genere ingresos permanentes adicionales de alrededor de 1% del PIB. Si bien esto sería un esfuerzo importante, de no complementarse con medidas adicionales en el mediano plazo, la deuda pública se estabilizaría en niveles que no serían compatibles con un entorno macroeconómico y de tasas de interés favorables al consumo de los hogares, y la recuperación del empleo y la actividad productiva”.
No olvidemos que Colombia ya había perdido su grado de inversión en mayo, pues Standard and poor’s bajó la calificación de BBB- a BB+, lo que implica que, entre otras cosas, sus bonos se coticen a niveles cercanos a “bonos basura”.
De no superarse el paro cuanto antes, abriendo el camino hacia la recuperación de la confianza inversionista; el otrora ejemplo a seguir de Iberoamérica, país que había logrado evitar el populismo y sostener una política económica promotora del crecimiento económico, la estabilidad política y el combate a la criminalidad; podrá transitar de nuevo a ser ejemplo de estado fallido, como muchos lo consideraron en las décadas de los 1980s y 90s, enfrentando una crisis económica aún mayor, derivada en buena medida del incremento en la deuda externa y las condiciones que enfrentará en el sistema financiero internacional, para acceder a recursos que serán urgentes.
