En alocución presidencial del pasado lunes 17 de mayo, Iván Duque informó haber dado “instrucciones a todos los niveles de Fuerza Pública para que, en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que, dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, les permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar”.
El anuncio era esperado por millones de colombianos desde que el pasado 28 de abril se desataran los peores bloqueos que ha enfrentado Colombia desde el paro nacional agrario de 2013, que en su momento llevó al entonces jefe del estado, Juan Manuel Santos, a afirmar que “el tal paro no existe”, desatando la ira de los campesinos.
El problema hoy es que una minoría ha logrado bloquear importantes vías de comunicación y nadie sabe realmente a qué sectores representan o cuáles son sus exigencias.
Es claro que su objetivo es desestabilizar el país y debilitar –aún más– al gobierno. Basta con ver las imágenes de los representantes del autodenominado “Comité del Paro Nacional”, para ver caras conocidas de tantas movilizaciones, mesas de concertación y otras protestas. Se alegan representantes del cambio, pero son los mismos de siempre.
En columna publicada por el diario El Tiempo el domingo 16 de mayo, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabella, quien ejerció como Ministra de Justicia del Gobierno Duque antes de asumir su nuevo cargo, hizo un enérgico llamado a alcaldes, gobernadores y fuerza pública a cumplir con su deber.
“Ni más faltaba que la criminalidad crea que es capaz de arrodillarnos. Nuestro país ha enfrentado a los más grandes delincuentes y los venció, no es momento para que nos dejemos arrinconar por vándalos y asaltantes”, dijo Cabella. Su comentario, hecho un día antes de la alocución presidencial anotada, ha generado reacciones encontradas, pues la jefe máxima del ministerio público es vista por amplios sectores como vocera del gobierno –que la hizo elegir a ese cargo en el Senado–.
En entrevista con la emisora Blu Radio el martes 18 de mayo, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, trató de exponer la posición del gobierno y cómo han hecho todo lo posible por respaldar a los mandatarios locales para recuperar el orden público y el libre tránsito en las vías regionales y nacionales. Sin embargo, terminó en una diatriba donde todo y nada es lo mismo.
Sobre los diálogos que dice estar adelantando el gobierno, y las críticas que le hacen por no ceder en sus posiciones, respondió que “ceder es dejar de cometer un acto ilegal. Los bloqueos son ilegales, afectan a todos los colombianos. El diálogo, negociar, a lo que ha estado abierto el Gobierno Nacional, no debe hacer parte de negociar fines ilegales. Lo establece la misma ley”.
Si esto lo tienen tan claro en el gobierno nacional, no se entiende porqué se niegan a decretar la conmoción interior y poner fin de una buena vez a los bloqueos, los saqueos, las agresiones y todo lo que ha conducido a desabastecimiento, desasosiego y a miles de colombianos trasladándose a otras ciudades o saliendo del país.
Tres cuestiones sin sentido
1 . El ministro del Interior sale a dar declaraciones desordenadas, donde reconoce estar leyendo la Constitución con atención. Es decir, no lo había hecho.
2. El Alto Comisionado para la Paz se juega la peligrosa carta de anunciar, justo ahora, el reconocimiento de voceros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para iniciar diálogos de paz con el gobierno. Cabe decir que esta organización terrorista es responsable del ataque a la Escuela de Cadetes General Santander el 17 de enero de 2019, y son incitadores comprobados de los desmanes que vemos hoy.
3. El presidente ahora acompaña la educación superior gratuita para estratos 1, 2 y 3, con una política de subsidio a la nómina para generar empleo juvenil por un año.
Toda una colcha de retazos sin orden, sin articulación, pensando en tranquilizar a los sectores alzados en armas –como el ELN– y a quienes han hecho de bloquear vías su única forma de protesta, pues la mayoría de los colombianos no los acompaña en su proceder, aunque sin duda sí en muchas de sus demandas, en especial el fin del clientelismo y la corrupción.
