Con la excusa de «evitar aumentos y desabastecimiento», el Gobierno argentino pedirá a las grandes empresas que informen todos los meses sobre sus ventas, costos y productos en stock. La medida regirá a partir del mes de abril para unas 500 empresas de sectores clave, aunque la intención final de las autoridades económicas apunta a llegar a 1.000 compañías.
En medio de la escalada inflacionaria, se reforzarán los controles y se exigirán los datos de precios y stock. Para ello, la Secretaría de Comercio creará un sistema para «monitorear el abastecimiento de distintos sectores de la producción». Las empresas que no cumplan con las exigencias de la normativa podrían ser sancionadas por la Ley de Abastecimiento.
La nueva reglamentación acaba de ser oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial. “La intención es tener alertas tempranas ante casos de posibles desabastecimientos de productos al consumidor final o de insumos», aseguraron fuentes oficiales. El organismo responsable de implementar las nuevas medidas llevará como nombre SIPRE (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) y dependerá de la Secretaría de Comercio. El SIPRE exigirá a un grupo de empresas consideradas “grandes” (según su nivel de facturación anual), que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock. Con esta información, el poder ejecutivo asegura que, «eventualmente podrá aplicar acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez de oferta». Mientras tanto, en este marco de polémica e incertidumbre que genera la nueva medida oficial, desde el ministerio de Desarrollo Productivo aseguraron que «la información aportada por las empresas tendrá carácter reservado y confidencial». Las empresas deberán girar los datos a la Secretaría de Comercio Interior bajo declaración jurada», certificó el documento oficial.
Entre el uno y el diez de abril, las empresas incluidas en la primera etapa deberán presentar ante Comercio Interior los datos de stock, cantidades vendidas y precios de enero, febrero y marzo. En lo sucesivo, en los primeros diez días de cada mes tendrán que girar la información del mes inmediatamente anterior. En la cartera productiva aseguran que “son datos que las empresas ya tienen. Ahora deberán compartirlos con el poder ejecutivo», argumentaron. “No pedimos saber ni a quién vende, ni calcular qué margen de rentabilidad tiene cada empresa, sino conocer cómo funciona esa cadena de precios”, detalló una fuente del ministerio.
Actualmente ya existe para los supermercados un sistema de monitoreo similar. El programa SIPRE contará con dos etapas. La primera, incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria. Para los tres casos el umbral para quedar dentro de la nueva normativa dependerá de la facturación acumulada en un año. A saber: quedarán incluidas empresas del sector comercio que facturen desde 216 millones de pesos por mes (2.602 millones de dólares anuales), 215 millones de pesos para las dedicadas a la actividad industrial (2.540 millones de dólares por año) y de 80 millones de pesos para las del rubro constructor, lo que implicaría unos 965 millones de dólares anuales.
Pese a que aún no está establecido en el decreto publicado, se sabe que el Gobierno reglamentará en las próximos horas sobre qué tipo de productos se incorporan a este nuevo sistema de control. Mientras tanto, desde la cartera productiva anticiparon que en la lista estarán todos los productos e insumos de cadenas de valor consideradas actualmente como “críticas”: alimentos, bebidas, limpieza, construcción, electrónica, electrodomésticos y ciertos productos químicos, que los funcionarios identifican “con mayores tensiones de precios”.
«La información solicitada surgirá del trabajo diario de cada una de las empresas y no necesitarán contratar personal extra para poder cumplir con el régimen estipulado», adelantaron desde la cartera de producción del ministro, Matías Kulfas, frente a las posibles quejas que puedan surgir del sector empresario. En el otro lado del mostrador, se muestran preocupados y descontentos: «Los datos que nos solicitan son información sensible para nuestros negocios», denuncian los dirigentes empresarios.
Desde el ministerio de Desarrollo responden que no les interesa «conocer los márgenes de rentabilidad de las compañías. Lo que necesitamos entender es cuál es la evolución de los precios a lo largo de toda la cadena productiva. Y también los niveles de abastecimiento. Esto nos va a permitir administrar mejor las situaciones de shock y de normalidad, de procesos de producción y comercialización». Reiteran que la información registrada será estrictamente confidencial y que no se utilizará para realizar informes públicos.
En este marco de desconfianza generalizada y haciendo caso omiso al reclamo de los empresarios, el atropello y acoso del Estado ha comenzado.
