Mayo y junio de 2021 serán recordados como los meses más difíciles del gobierno que termina en Colombia. Lo que pareció una nueva luna de miel del presidente Iván Duque con la opinión pública, que resaltaba como muy positiva su efectiva reacción al COVID19 (aunque con momentos caricaturescos como cuando recibió con banda e himno nacional las primeras vacunas que llegaron al aeropuerto El Dorado), terminó abruptamente con la radicación en el Congreso de una reforma tributaria que no había sido socializada ni siquiera con los partidos de gobierno.
Es como si en palacio asumieran que una leve mejoría en la imagen del jefe del Estado y en la aprobación de su gestión, fuera suficiente para asumir los más graves riesgos políticos y promover reformas estructurales, que, sin duda, se requieren.
Las movilizaciones en las calles, la violencia y el paro nacional que pronto se generalizó, obligaron a Duque a retirar el proyecto, aceptando al día siguiente (3 de mayo) la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La reacción del gobierno fue tardía y la opinión pública le cobró la insensatez de proceder con una reforma que era rechazada incluso por su propio partido, no por su contenido sino por el momento político.
Si algo ha caracterizado al Gobierno nacional es su aparente desconexión con la política colombiana y sus reglas, que, como ocurre con la economía, no son buenas o malas, simplemente existen y su desconocimiento trae graves consecuencias.
Sin embargo, y es clave reconocerlo, el presidente evitó declarar la conmoción interior y resistió a los embates de unos y otros, hasta que se logró un lento pero seguro regreso a la normalidad, evitando así procesos largos y graves para Colombia en instancias internacionales, además de deslegitimar el actuar de quienes, desde sus escaños en el Congreso, incitaron a la violencia y al paro. La reactivación económica no tardó y es innegable el crecimiento económico cercano al 10% que logrará Colombia en el que hasta hace apenas seis meses parecía un año perdido en el paro.
Se lograron importantes avances en las transferencias a la población más vulnerable a través del programa de ingreso solidario. Ge garantizaron los recursos para la gratuidad en la universidad pública de los más pobres, se terminaron obras de infraestructura claves para la integración económica interna y el comercio exterior, se dieron de baja y se capturaron importantes cabecillas de las peores bandas criminales que hoy operan en Colombia y al parecer se logró poner freno al déficit fiscal, que se contuvo en 8%.
2021 fue sin duda un año paradójico, anómalo si se quiere. El año de más violencia en las calles, de más protestas e incertidumbre, termina con un saldo muy positivo en las ejecutorias del gobierno en diferentes frentes, que no se ve reflejado en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de 2022.
La oposición celebra cuando el gobierno cede en asuntos como educación estatal o incrementos al salario mínimo, sin reconocer en ello la voluntad del gobierno, al que consideran haber derrotado en la calle y la opinión. Los partidos de gobierno lamentan no tener suficiente participación en el gobierno y que el presidente asuma banderas que otrora combatían y derrotaban en las urnas, como la ampliación de la burocracia estatal, el elevado gasto público o el exceso en las transferencias y subsidios a la población más pobres, sin consolidar una verdadera política de generación de empleo. A la fecha, aún faltan cerca de cien mil empleos por recuperar, que se perdieron por la pandemia y el paro nacional.
Los buenos resultados en la gestión gubernamental terminan opacados por decisiones políticas absurdas que dejan un sinsabor en la opinión pública y en la coalición de gobierno. Esta última hace de tripas corazón para defender al presidente, quien en el último año ha liberado la chequera del gobierno y acompañado proyectos de todo tipo, con el correspondiente presupuesto y publicidad, que promueven las facciones más “duquistas” en beneficio de sus electores.
Nombramientos como el del exministro Alberto Carrasquilla, sin duda uno de los mejores economistas de la región, en la junta directiva del Banco de la República, después del caos que generó su malograda reforma tributaria, es atizar el fuego disipado de dos meses nefastos para Colombia. Lo mismo ocurre con buena parte de los funcionarios del gobierno nacional, cuyo origen está en el gobierno Santos, al que Duque se opuso como senador y vocero del Centro Democrático. De allí que los críticos más radicales hablen del tercer gobierno Santos.
Ahora bien, las propuestas que últimamente ha lanzado el candidato de la izquierda radical han generado una reacción favorable para el gobierno, pues muchos alegan entonces que con todo y lo malo que se le pueda ver al actual gobierno, Petro hubiese sido peor y, por lo tanto, es menester enfatizar en lo bueno que deja el presidente Duque y evitar caer en la tentación de cuestionarlo.
Pensando a corto plazo, queda la gran incertidumbre de qué va a pasar con todos los programas “sociales” que deja el actual gobierno, pues el ministro de hacienda ha sido enfático en que su financiación requiere una nueva reforma tributaria y así Colombia seguirá este camino de subir impuestos para financiar gasto público ¿Hasta cuándo aguantarán las mermadas finanzas públicas?
