Uno de los puntos fundamentales del proyecto de reforma tributaria, denominado por el gobierno nacional como “Proyecto de Inversión Social”, tiene que ver con el ajuste al gasto público, que debe sumar 1,9 billones de pesos (410 millones de euros). Es decir, el 12,5 % de los recursos que se requieren en 2022 para cumplir con el conjunto de programas que se promueven desde el ejecutivo nacional, corresponde a la reducción del gasto público.
Surgen sobre el particular dos propuestas adicionales por parte del partido de gobierno, el Centro Democrático: una radicada ante el Congreso por la senadora Paloma Valencia, que busca la reducción del número de escaños en el legislativo; y otra por el representante a la Cámara Gabriel Santos, que busca la reducción en el monto asignado a las Unidades de Trabajo Legislativo que acompañan a cada congresista.
En el primer caso, se trata de una reforma constitucional que busca reducir el Congreso de la República de 280 legisladores (108 senadores y 172 representantes a la Cámara) a 135 (66 senadores y 69 representantes a la Cámara), modificando los artículos 171 y 176 de la Constitución Política.
La senadora Valencia ha insistido en que “con un Congreso más pequeño se puede hacer un seguimiento más claro de lo que hacen los congresistas. Un Congreso pequeño le conviene mucho más a Colombia”.
Se trataría de 64 senadores de elección en circunscripción nacional, un escaño para afrodescendientes y uno para comunidades indígenas. La propuesta contempla una Cámara integrada por dos representantes por cada departamento y por el distrito capital, además de un escaño para colombianos en el exterior, uno para afrodescendientes y uno para indígenas.
En el segundo caso, se trataría de modificar el artículo 388 de la ley quinta de 1992, la cual establece que “cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio (…) El valor del sueldo mensual de dicha planta o Unidad de Trabajo no podrá sobrepasar el valor de 50 salarios mínimos”. El objetivo sería reducir dicha cantidad a 30 salarios mínimos mensuales, es decir, a cerca de $27 millones de pesos (5900 euros).
La propuesta de reducir el Congreso generaría ahorros cercanos a 220 mil millones de pesos (47 millones de euros), mientras que la de reducir el valor de las Unidades de Trabajo, sin reducir el Congreso, generaría ahorros cercanos a 240 mil millones de pesos (52 millones de euros).
Actualmente, el salario de un congresista colombiano ronda los 35 millones de pesos (7500 euros) y su Unidad de Trabajo tiene un costo mensual cercano a 45,5 millones de pesos (9800 euros), siendo uno de los cuerpos legislativos con mejores compensaciones de la región, ubicándose muy por encima de lo que perciben los diputados y senadores españoles –en promedio 5000 y 5500 euros–, respectivamente.
La oposición más fuerte a estas iniciativas seguramente vendrá de fuerzas políticas tradicionales, que han hecho de su posición en el legislativo un modus vivendi que les permite presionar al ejecutivo con el fin de lograr puestos en la burocracia y presupuestos dirigidos a sus electores, a cambio de sus votos. También es de prever resistencia de la izquierda, pues en palabras de la representante María José Pizarro “el gran porcentaje del salario que recibimos nosotros lo utilizamos precisamente para el trabajo social”.
Además de elevadas compensaciones a los congresistas, todos tienen que estar vinculados con un partido o movimiento político que recibe aportes para su funcionamiento y gastos de campaña por parte del fondo para la financiación de la política.
En el periodo 2012-2018, dicho fondo hizo giros a los partidos y movimientos por 611 mil millones de pesos (132 millones de euros).
Hay quienes sostienen que la democracia es costosa y que, por lo tanto, es menester aumentar la representación política e invertir en un sistema amplio de control desde el órgano legislativo. Suena bien, pero lo cierto es que en Colombia el sistema político es el sistema del clientelismo cada vez más arraigado y sin control, como lo expusieron con claridad Francisco Leal y Andrés Dávila en 1989.
Por ello, es imposible que se apruebe la reducción del Congreso o se recorte el costo de las unidades de trabajo legislativas, estas últimas usadas también para pagar favores políticos y enganchar laboralmente a los “líderes” que movilizan los votos elección tras elección.
La democracia está enferma de Estado, por ello toda propuesta que busque reducirlo, controlarlo o ajustar sus presupuestos a lo que la sociedad puede pagar, se queda sin ver la luz.
