El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA) del Perú ha sido renovado en su totalidad luego de la renuncia del general de división César Astudillo, que dejó el cargo de jefe de dicha institución a pocos días que Pedro Castillo asumiera la presidencia, solicitando además su baja del Ejército.
Astudillo, de 60 años, formó parte de la operación Chavín de Huántar, en la que se rescataron 72 rehenes que fueron secuestrados por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón en 1997. De acuerdo a algunos analistas en seguridad nacional, su decisión se habría dado en rechazo a la victoria de Castillo, vinculado a grupos fachada de la organización terrorista Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL).
Quien reemplazará a Astudillo como nuevo jefe del CC.FF.AA será el general de división Manuel Gómez de la Torre. En esa misma línea, se nombró como nuevo comandante general del Ejército al general de división José Vizcarra Álvarez.
El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), general del aire Rodolfo Pereyra, será reemplazado el jefe de Estado Mayor de la FAP, teniente general Jorge Chaparro.
Sería en la Marina de Guerra del Perú, la institución militar menos afín al nuevo gobierno filochavista, donde se haría una renovación de raíz. Serían relevados y pasados al retiro el comandante general de la Marina, almirante Ricardo Menéndez Calle; el jefe del Estado Mayor General de la Marina, el vicealmirante Silvio Alva Villamón; y el comandante general de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Jorge Millones Gonzáles. El nuevo comandante general de la Marina sería el vicealmirante Alberto Alcalá, cuarto en el escalafón.
El congresista por Renovación Popular y almirante en situación de retiro José Cueto, afirmó que estos cambios no son normales y que tampoco es ideal que se cambien a los comandantes poco tiempo después de un traspaso de gobierno. “Mientras se cumpla lo que está en la ley, por lo menos legal es, pero no es normal porque ha habido muchos cambios de gobierno donde no se hace este cambio inmediatamente; no es lo ideal tan poco tiempo después de empezado un nuevo gobierno”, señaló Cueto a Perú 21.
La designación de dos de estos nuevos oficiales a los puestos más altos del escalafón militar peruano ha causado preocupación debido a los vínculos que tendrían con dos figuras polémicas: Gómez de la Torre es compañero de promoción del expresidente Ollanta Humala -acusado por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el Caso Lava Jato- y Vizcarra Álvarez del hermano de este, Antauro Humala, líder etnonacionalista preso por delitos de rebelión, homicidio y secuestro por el caso del “Andahuaylazo”, un levantamiento armado que dejó como saldo 4 policías muertos.
Antauro Humala cobró protagonismo durante la campaña electoral, de cara a la segunda vuelta, cuando fueron publicados unos audios donde se le escucha hablar sobre lo que sería su participación en un eventual gobierno de Pedro Castillo.
Humala advierte en estas grabaciones que él es la única persona capacitada para mantener el respaldo de las Fuerzas Armadas frente a una reacción de la derecha, con el objetivo de que no se repita una experiencia parecida a la que pasó Salvador Allende con Augusto Pinochet en 1973. “Mi promoción agarra el Comando del Ejército el 2021, el próximo año (…) Hay que estudiar la experiencia de Allende. Si no se tiene bien controladas a las Fuerzas Armadas va a salir un Pinochet (…) La Marina de Guerra está recontra preocupada”.
“Mira, se viene un proceso revolucionario. Se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de las Fuerzas Armadas y la extrema derecha está desesperada, empezando por Porky [apodo con el que se conoce al líder conservador Rafael López Aliaga]. Quieren dar un golpe. De frente van a entrar a dar golpe. El único que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de las Fuerzas Armadas”, agrega Humala.
Además, Humala también expresó su anhelo de que el nuevo Congreso 2021-2026 pueda ser disuelto en el gobierno de Pedro Castillo, tras la caída de dos Gabinetes Ministeriales por falta de confianza del Parlamento.
“Se caen dos Gabinetes y entramos a elecciones congresales, conmigo fuera tenemos mayoría absoluta (…) ya conmigo fuera la hacemos. Esto es un proceso que va a durar varios gobiernos, quizás Castillo no va a aguantar mucho, va a ser un gobierno débil (…) Es un proceso fuerte, es una nueva etapa republicana, eso muy poca gente lo ve, piensa que es un problema gubernamental. Con treinta años de presidentes presos más lo del covid, es una nueva república lo que se impone”, se escucha en otro audio.
El gabinete de Pedro Castillo, presidido por Guido Bellido -investigado por presunto delito de apología al terrorismo y señalado por presuntamente pertenecer a los remanentes del PCP-SL-, deberá presentar cuestión de confianza -mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando- ante el Parlamento.
Bancadas como la de Avanza País (centroderecha) han considerado que nombrar de primer ministro a Bellido es una “provocación”, si bien el congresista Alejandro Cavero se mostró a favor de que el Parlamento otorgue su voto de confianza al Gabinete Ministerial para después “hacer un firme control político de los actos de los ministros”.
“El control político del Parlamento debe ser muy firme, pero no debemos poner al Congreso en una situación de mayor inestabilidad para el país”, señaló.
Por otro lado, Renovación Popular (derecha), estableció diversas condiciones para poder dialogar con el despacho de Bellido. Entre estas se pide la renuncia de un grupo de ministros cuestionados.
La bancada celeste ha solicitado la renuncia del canciller Héctor Béjar -exguerrillero vinculado a la dictadura cubana-; el ministro de Defensa, Walter Ayala; el ministro del Interior, Juan Carrasco; el ministro de Trabajo, Iber Maraví; y la ministra de la Mujer, Anahí Durand; ello por «cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso, así como otros de orden legal».
Si la confianza es rehusada, se produce la renuncia del Consejo de Ministros y el presidente de la República debe aceptar la dimisión de este dentro de las setenta y dos horas siguientes, según estipula el Reglamento del Congreso.
De acuerdo con la Constitución en su artículo 134, el presidente “está facultado a disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Parlamento. Para algunos analistas políticos, este es el escenario que busca Antauro Humala y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, el partido marxista-leninista que ocupa el gobierno.
Alianza entre Castillo y Antauro Humala
Castillo aseguró durante su campaña que, en un eventual mandato suyo, indultaría a Antauro Humala, señalando que haría uso de las facultades presidenciales para atender la solicitud que ha recibido de varios ciudadanos «a nivel nacional».
«Debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diversas solicitudes que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y la situación en la que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala. Nosotros, una vez siendo elegidos presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro», dijo.
Este martes, el Poder Judicial declaró improcedente, en segunda instancia, el pedido de Antauro para salir en libertad condicional.
La Tercera Sala Penal Liquidadora para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima confirmó así una resolución emitida en noviembre de 2020 en la que se rechazaba la solicitud al considerar que este no cumple con los requisitos para acceder al beneficio penitenciario, pues no ha cumplido con realizar el pago íntegro de la reparación civil impuesta por los delitos cometidos.
