Como si las cosas en Colombia no hubiesen estado suficientemente graves hasta hace algunas semanas –cuando los principales puertos y carreteras estuvieron bloqueadas, se perdió el grado de inversión, las capitales de varios departamentos estuvieron a merced de mingas indígenas, militantes de la “primera línea” y sindicatos enardecidos, incluyendo el más importante de maestros llamando a tomarse el poder en 2022– el Consejo de Estado ahora decidió suspender el decreto 575 de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”. La medida exigía a los alcaldes y gobernadores de todo el país colaborar de manera armónica con las fuerzas armadas y de policía con el fin, entre otras cosas, de “Adoptar las medidas necesarias, en coordinación con la fuerza pública, para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en las vías jurisdiccionales, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos”.
Un grupo de ciudadanos de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, presentó una acción de tutela (recurso de amparo o mecanismo constitucional que busca garantizar los derechos fundamentales) contra dicho decreto, alegando que en el marco de su aplicación se habían presentado abusos de autoridad y las medidas de dispersión de las manifestaciones habían sido exageradas. El viernes 23 de julio el alto tribunal les dio provisionalmente la razón, mientras dentro de su jurisdicción y competencia revisa a fondo la legalidad de la medida tomada por el jefe de Estado.
Uno de los argumentos que se esbozan es que las fuerzas armadas no deben asumir funciones que corresponden a las fuerzas de policía, aunque la Constitución Política es clara en sus artículos 216 y 217, especialmente este último cuando reza: “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Es decir, tienen la obligación de actuar cuando hay bloqueos y cuando se altera el orden constitucional. Cuando el famoso “derecho de los jueces” avanza incluso por encima de los asuntos que debe tratar el legislativo se abre una ventana para el abuso de poder, pues la separación entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial termina subordinada a lo que define esta última.
Hay quienes defienden este proceder, promoviendo la idea de la Constitución como una aspiración y concentrando su atención en los derechos fundamentales, olvidando la parte orgánica de toda carta política.
Que el Consejo de Estado suspenda un decreto de asistencia y articulación entre los gobernantes locales y las fuerzas militares y de policía, que reafirma el imperio de la ley y ordena se cumpla la Constitución, es una más de tantas decisiones que debilitan el conjunto de instituciones formales que orientan la política y al estado colombiano.
Investigan el atentado
El Ministerio de defensa nacional sigue publicando informes con relación a la ola de atentados que se han gestado en contra del presidente Duque, algo que amerita que todas las fuerzas políticas se articulen para defender la jefatura del gobierno y del Estado, por encima de toda diferencia.
Algo grave está fallando en la inteligencia militar y de policía, pues uno de los proyectiles de fusil que se dispararon contra la aeronave presidencial el pasado 25 de junio falló por apenas cuatro centímetros y un carro bomba estalló en la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander, diez días antes.
Por otra parte, cualquier anuncio de protestas o movilizaciones enciende las alertas, por la memoria reciente de lo que se derivó después de la declaratoria de Paro Nacional y el conjunto de bloqueos, incendios, secuestros de vehículos del transporte público, destrozos de entidades financieras, entre tantos actos vandálicos que fueron parte del día a día de los colombianos durante más de dos meses.
El 20 de julio, día en el que se conmemora la independencia, Colombia amaneció con miedo por la cantidad de anuncios que se hicieron sobre nuevas protestas, la llegada de la “primera línea” a la capital, posibles toques de queda, “cierre de fronteras” que anunció la gobernadora del Valle del Cauca, sin duda uno de los más importantes departamentos del país, informes de inteligencia que se comunicaban desde el ministerio de Defensa.
Lo más importante para poder transitar hacia la recuperación económica, por encima de aumentar los ingresos fiscales, es recuperar la seguridad y la confianza. Para eso se requiere articulación entre los poderes públicos y respeto a la Constitución, justo lo que exige el gobierno nacional en el decreto suspendido.
