El nuevo gobierno socialista de Luis Arce Catacora ha designado a un cuestionado coronel como comandante de la policía de Bolivia. Su nombre es Jhonny Aguilera.
No llegó al puesto por sus méritos al servicio del país, sino por los cuestionamientos que anulaban a sus superiores para ocupar el cargo.
Según reseña el periódico El Deber, en la nómina de 16 coroneles que podían ser considerados para comandantes de la policía «los dos primeros lugares estaban ocupados por dos altos jefes con problemas». «Eran los coroneles Víctor Hugo Soria e Iván Rojas, al primero lo acusan de haber obtenido puntos de calificación de forma irregular y el segundo ya tiene una orden de aprehensión por el caso de la pérdida de la libreta de Servicio Militar de Evo Morales», se lee en El Deber.
Al descartarse los dos primeros puestos, Arce Catacora volvió su mirada hacia Jhonny Aguilera, cuyo pasado está vinculado con los casos Terrorismo I y Porvenir.
El Caso Terrorismo I y Porvenir
A las 4:30 a.m. del 16 de abril de 2009 la policía boliviana asaltó el Hotel de las Américas en el centro de Santa Cruz de la Sierra.
Según la versión ofrecida por el gobierno socialista del tirano Evo Morales, les habían advertido sobre la presencia de huéspedes armados en dos de las habitaciones del hotel. Cuando fueron a comprobarlo se encontraron con disparos que respondieron hasta matar a tres de los cinco hombres que estaban en las habitaciones.
Los abatidos fueron el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa; el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi.
El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó fueron detenidos y encarcelados.
Según lo dicho por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, los hombres tenían un arsenal de rifles de tiro corto, granadas y explosivos C-4 en la sede de la convención de Santa Cruz.
De acuerdo con García, en el lugar descubrieron mapas y documentos que mostraban que el grupo había estado acechando las caravanas de varios funcionarios del gobierno y planeando intentos de asesinato.
Ese mismo día desde Venezuela, Morales aseguró que el objetivo de la operación era asesinarlo. Según el socialista, aquellos hombres eran «mercenarios internacionales» alineados con la oposición a su régimen.
La versión oficial de los hechos ha sido contradicha en numerosas ocasiones. Uno de los críticos del relato ofrecido por el régimen fue el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera.
Según recoge la revista Time en un reportaje de 2009, Costas Aguilera sugirió que los eventos del hotel Las Américas podían ser un truco orquestado por el gobierno de Morales, quien había denunciado numerosos complots de asesinato en su contra sin jamás haber presentado las pruebas.
Para el gobernador de Santa Cruz, aquella podía ser una táctica para desviar la atención del atentado que había sufrido el obispo católico Julio Terrazas –crítico de Morales– tan solo unos días antes, cuando una bomba explotó frente a su casa.
Según un recuento hecho por el periódico La Razón días después del asalto, «el operativo no fue comunicado a las autoridades judiciales cruceñas y fue ejecutado previa desconexión de las cámaras de seguridad del hotel. Los cuerpos permanecieron en el lugar por más de 16 horas y luego se conocieron fotografías en las que se ve a las víctimas mortales en ropa interior, lo que hizo presumir que no hubo un enfrentamiento».
A continuación presentamos un fragmento del recuento hecho por La Razón.
Los gobiernos de Hungría e Irlanda intervinieron de inmediato y expresaron algunas inquietudes.
La Razón, 28 de abril de 2009
El domingo 19, el responsable de cuestiones europeas de la Cancillería de Irlanda, Dick Roche, hizo notar que el ciudadano irlandés Michael Dwyer, muerto en el operativo, aparece con las manos atadas en una fotografía tomada tras los hechos, lo que hace dudar de un enfrentamiento. “Sus manos están claramente atadas. Es algo muy inhabitual”, declaró a la agencia AFP.
El jueves 23, el embajador de Hungría y experto en investigar situaciones de conflicto, Matyás Jozsa, coincidió con la sospecha de Roche. Lo hizo luego de hablar en la cárcel de San Pedro con su connacional Elot Tazo, uno de los detenidos en el operativo .
“Voy a decir mi opinión personal, (cuando) entró la Policía, estos tres (abatidos) puede ser que quisieron reaccionar y hubieran hecho un gesto (…) pero yo creo que la Policía no les dejó dar ni un paso. Se encontraron dos partes con mucho miedo”, señaló.
Posteriormente, el excomandante de la Policía Boliviana, Oscar Ciro Farfán, revelaría que fue el coronel Jorge Santiesteban –entonces era director nacional de ingeligencia– quien dio orden de ejecutar a los hombres.
El llamado «Caso Terrorismo I» volvió a cobrar vigencia durante el gobierno interino de Jeanine Añez, cuando el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que denunciarían penalmente a Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, a su hermano Raúl García Linera y al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por el “montaje armado dentro del caso del Hotel Las Américas».
Murillo aseguró que el gobierno boliviano fue el principal artífice en la creación del «Caso Terrorismo I» por el que fueron sentenciadas 39 personas.
Durante el gobierno interino de Añez, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz cerró el caso y dictó una sentencia absolutoria en favor de 33 de los 39 acusados.
Los afectados ahora denunciarán al estado boliviano ante instancias internacionales para pedir una recompensa económica por el daño sufrido durante los años del proceso.
En el marco del webinar «Una amenaza para la libertad en la Iberosfera», organizado por la Fundación Disenso, Arturo Murillo aseguró que el actual comandante de la policía en Bolivia, Jhonny Aguilera, es responsable por el asalto.
Murillo no es el único que ha hecho esa denuncia. En abril de 2019 el diputado opositor Luis Felipe Dorado denunció que Aguilera fue parte del montaje del Hotel Las Américas.
“El coronel Aguilera trabajó bajo las órdenes del exfiscal Marcelo Soza y realizaba actos investigativos que instruía el Gobierno desde La Paz, donde los operadores, como lo dijo el mismo exfiscal, eran Raúl García Linera, Nolberto Clavijo y Carlos Núñez del Prado (fallecido). Entonces es parte del grupo especializado en montajes jurídicos”, manifestó Dorado.
Eju TV, 17 de noviembre de 2020
Aguilera rechazó la acusación y explicó que no participó en el operativo en el hotel Las Américas y que ya un año antes se había conformado en La Paz una comisión que investigaba atentados contra entidades del Estado, motivo por el que llegó a coadyuvar en las investigaciones iniciadas en Santa Cruz.
También en abril de 2019, miembros de la bancada de Demócratas observaron la designación de Aguilera como comandante de la Felcc de Santa Cruz, no sólo por el caso terrorismo, sino también por su participación como investigador en el caso Porvenir, que en 2008 dejó 11 muertos.
Pese a que el reporte de Eju TV asegura que en este último caso hubo 11 muertos, un informe independiente de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) asegura que «de esa masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos sin contar las víctimas de los llamados autonomistas. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados y 1 funcionario de la gobernación pandina».
La vinculación del coronel Aguilera con esta masacre radica en su complicidad con el gobierno socialista de Evo Morales durante una década, mientras se investigaban los hechos.
De acuerdo con un reporte de BoliviaHoy.com, el fiscal Sergio Sarmiento denunció que «las evidencias de la masacre del Porvenir fueron transportadas por carretera e ingresaron por el Norte de La Paz, Yungas, Chuquiaguillo, Villa El Carmen y Villa Fátima, bajo la dirección del investigador, Jhonny Aguilera».
El informe de la UNASUR concluyó que la masacre en Porvenir fue organizada bajo una cadena de mando prefectural, y el atentado contra la vida y la integridad de las personas en esos hechos fueron delitos comunes cuyos responsables debían ser procesados ante la justicia ordinaria. No obstante, el caso sigue impune.
Pese a estos serios cuestionamientos, Luis Arce –delfín de Evo Morales– decidió que era Aguilera el mejor candidato para comandar a la policía boliviana.
