Mientras Daniel Ortega continúa reprimiendo a la oposición y va a elecciones presidenciales sin contendientes, la administración del presidente Joe Biden envía mensajes ambiguos, el más reciente con el Ejército de Nicaragua. Así ha afirmado, a través de su agregado militar en Nicaragua, que el organismo castrense es «gran parte del crecimiento y la estabilidad» del país, pese a que esta alineado al régimen y es señalado por organizar a los paramilitares.
El teniente coronel Roger Antonio Carvajal Santamaría, oficial principal para asuntos de Defensa y agregado militar de Estados Unidos en la Embajada, mostró una actitud sumisa al jefe del Ejército, Julio César Avilés, al afirmar que esperan «trabajar con las fuerzas armadas de Nicaragua» en las áreas que él indicó. «Ese ha sido el mensaje que yo he dado, he hablado con mis superiores y espero seguir en esa ruta”, revela un comunicado del Ejército emitido tras un encuentro con agregados militares de misiones diplomáticas acreditadas en Managua.
Avilés fue sancionado por Estados Unidos el 22 de mayo de 2020 -bajo la Administración Trump- porque “brindó apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018″.
Exmilitares del cuerpo médico que se encuentran exiliados en Estados Unidos han mostrado videos que revelan el ingreso de paramilitares en el hospital militar Alejandro Dávila Bolaños para apertrecharse de armas y municiones en camionetas Hilux durante las protestas. Los videos fueron grabados desde el interior del hospital y revelan el ingreso y salida de paramilitares. Fotografías posteriores a la salida del hospital muestran a los mismos vehículos participando en la represión, disparando contra la población.
Una fuente explicó que el hospital es considerado una base militar más del Ejército. La represión del régimen ocasionó la muerte de más de 300 nicaragüenses que participaban en las manifestaciones, la mayoría ejecutados por francotiradores en órganos vitales: cabeza, ojos, cuello, pecho y abdomen.
Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, participó el 21 de septiembre en una sesión del subcomité del hemisferio occidental del Congreso de Estados Unidos para abordar la crisis sociopolítica en Nicaragua, en la que solicitó sanciones para el Ejército.
Ahí explico que el Ejército ha estado involucrado “en algunos de los abusos más graves contra los derechos humanos en el país y está acusado de armar a grupos paramilitares». «Estados Unidos también debería apuntar al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua, su lucrativo fondo de inversión que no solo está expuesto a los mercados estadounidenses, sino que ayuda a Ortega a mantener la lealtad de los altos mandos”, apuntó Berg en su testimonio.
El jefe del Ejército es mantenido por Ortega al frente de la entidad castrense por su “lealtad” creando un cuello de botella en el ascenso de mando.
Ortega reformó el Código Militar en 2014, que deja a discreción del presidente extender el plazo de forma indefinida al jefe de las Fuerzas Armadas.
Fondos a Daniel Ortega
Durante la sesión del Congreso, la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, fue cuestionada por congresistas estadounidenses por los fondos otorgados al régimen sandinista a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) donde Estados Unidos es una de las principales voces y voto en ese organismo.
El 23 de agosto, el Fondo Monetario Internacional entregó a Nicaragua 353.5 millones de dólares a la dictadura sandinista para hacer frente al impacto económico generado por la pandemia del covid-19 y para fortalecer sus reservas internacionales.
Esto sucedió pese a que la Ley Nica Act de sanciones para Nicaragua promulgada por el expresidente Donald Trump el 21 de diciembre de 2018 prohíbe el otorgamiento de fondos a Ortega con el propósito de evitar que los fondos sean destinados a la represión.
La subsecretaria adjunta del departamento de Estado se limitó a decir que se habían opuesto a la aprobación de esos fondos en el FMI para Nicaragua.
Estados Unidos es quien realiza más aportes y tiene una participación dominante en el fondo a través de su voto e influencia.
Mendrala ha sido señalada de su inclinación a las dictaduras y regímenes de izquierda de la región por el exsubsecretario de Estado para el hemisferio occidental Otto Reich. “Mendrala fue directora ejecutiva del Center for Democracy in the American (CDA), y ese centro, lo puede ver en su website, ha sido activista de Cuba y Venezuela, además de Nicaragua y del FMLN en El Salvador”, dijo Reich durante una entrevista con Diario Las Américas.
En enero, el Banco Mundial otorgó 80 millones de dólares a Nicaragua para mitigar los daños causados por los huracanes Eta Iota y, en diciembre de 2020, había otorgado 20 millones para apoyar la respuesta a la pandemia.
En noviembre de 2020, el FMI aprobó una asistencia financiera a Nicaragua por 185 millones de dólares para atender el covid-19. Pero no existen evidencias que el régimen sandinista haya empleado los fondos para evitar la propagación de la pandemia. Solo el 4,2 de la población nicaragüense esta vacunada hasta el 17 de septiembre de 2021, según datos de la organización Americas Society Council of the Americas, pese a que Nicaragua cuenta con fondos desde 2020 para ese fin.
La oposición ha denunciado que Ortega emplea la ayuda financiera para reprimir a la oposición.
El congresista Albio Sires, presidente del subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes, hizo un llamado al Congreso para que fortalezca la supervisión de los fondos proporcionados por las instituciones financieras internacionales y aumente las sanciones a los funcionarios del régimen sandinista mediante la aprobación de la ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), aprobada por el Senado el 6 de agosto, pero pendiente en la Cámara de Representantes.
Hasta ahora la Administración Biden ha sancionado a cuatro funcionarios del régimen de Ortega y ha retirado visas a 169 funcionarios sandinistas y sus familiares. La Administración Trump, por su parte, sancionó a una treintena de funcionarios, familiares y empresas de Daniel Ortega.
