Un espectro recorre Chile, el espectro del comunismo. No obstante, este es distinto en varias dimensiones del propuesto originalmente por Marx y Engels. Numerosas han sido sus revisiones, relecturas y aplicaciones. Una de ellas, ha sido la corriente del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, doctrina del derecho que busca instalar un amplio catálogo de derechos en las Cartas Magnas de los países, pero que, en la práctica, no ha llevado más que frustraciones a las sociedades, pues la promesa que los grandes problemas ciudadanos se solucionarán con una nueva Carta Fundamental no se cumple. Tal como otros países de la región, Chile se ve amenazado por un proceso constituyente levantado por la violencia y la insurrección.
A raíz de la insurgencia que Chile vive desde octubre de 2019, numerosos actores anti-sistémicos instalaron que la solución a la anomia y al descontento ciudadano se logra a través de una nueva Constitución, refundando el país desde cero. Esta agenda ya tenía gran fuerza durante la última década, pues ―alegan― la Constitución vigente pecaría por su origen (al ser redactada durante el Gobierno Militar) y por el modelo de desarrollo que establece (uno “neoliberal”, según las izquierdas).
Sin embargo, el Código Político chileno sufrió una profunda reforma en 2005, donde incluso el expresidente Ricardo Lagos estampó su firma en ella, señalando que “tenemos hoy por fin una Constitución democrática”. Empero, tras la insurrección del 18-O de 2019, y en un momento crítico de violencia, distintos parlamentarios – de todos los partidos políticos con excepción del Comunista – firmaron junto al Gobierno el Acuerdo por la paz y una nueva Constitución. Por lo que este domingo 25 de octubre los chilenos votarán si aprueban o rechazan una nueva Constitución, y el órgano constituyente encargado de su redacción (Convención Constitucional o Mixta).
Las cartas que se basan en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano se caracterizan por romper con los sistemas políticos, jurídicos y constitucionales anteriores a través de un poder constituyente “originario”, estableciendo derechos tanto fundamentales como de segunda, o incluso tercera categoría. Esto significa que buscan enmarcarse en tratados internacionales y en los derechos humanos, pero también establecer derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, e incluso colectivos.
Algunas constituciones vigentes que se inspiran en esta corriente son las de Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, que han buscado colectivizar derechos, con un énfasis en aquellos grupos que serían vulnerables (como las mujeres o grupos étnicos), pero también se presentan como un camino para alcanzar la paz. De esta manera, la presencia del Estado aumenta en numerosas materias, incluso en la regulación financiera. Pero en estos casos, las expectativas no han sido cumplidas profundizando aún más los conflictos sociales.
Por la experiencia en la región, para Chile un proceso que escriba una constitución desde cero presenta el riesgo de desconocer toda la institucionalidad que ha generado condiciones de progreso en estos poco valorados 30 años. Un periodo que ha destacado con bajos niveles de corrupción y buenos índices de libertad económica.
Institucionalidad que permitió reducir la pobreza de un 38,6% en el año 1990, a un 8,6% en 2017 (encuesta Casen) y, como consecuencia de lo anterior, la movilidad social en Chile ha sido una realidad, pues un hijo de padres con ingresos bajos tiene altas posibilidades de integrar el 25% superior de la población (OCDE, 2018). Esto ha sido posible gracias a la Constitución de 1980, que posicionó al país como uno en vías al desarrollo.
Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro Por qué fracasan los países (2012) explican bien los motivos de prosperidad y pobreza de las distintas naciones. No es la religión, el lenguaje, o la geografía lo que determina que las sociedades alcancen niveles de progreso, sino las instituciones políticas y económicas que permiten una sociedad libre, asegurando la competencia y la propiedad privada. Así, se permite un desarrollo tecnológico y educacional generando una espiral virtuosa.
Si asumimos la crítica de origen de la actual Constitución, el proceso constituyente instalado no sería distinto, porque es causa de la insurrección en el país. La opción “Rechazo” no es solo mantener vigente la actual Constitución y oponerse a la violencia e incertidumbre de dos años, pues implica rechazar ese espectro que cala fondo en los países con falsas promesas, ilusiones y antagonismos, alejándolos de todo progreso y prosperidad.
