Gustavo Petro sigue proponiendo gasto público a diestra y siniestra. Ya no es solamente acabar los fondos privados de pensiones, alegando que esos recursos de los trabajadores hoy son de los banqueros, y garantizar empleo a todo aquel que lo necesite, sino también educación superior gratuita para todos, mejoras en las condiciones de los maestros a nivel nacional, amplias obras de infraestructura, un país de cucaña.
Entre aplausos de sus seguidores, el candidato del Pacto Histórico promete y promete, insistiendo siempre en que la pobreza y la desigualdad son consecuencia del sistema político y económico colombiano, olvidando los avances que ha logrado Colombia sobre la materia en las últimas décadas.
El crecimiento económico, la riqueza que generan los portafolios de inversión, la ampliación de los procesos de bancarización para que todos tengan oportunidades de crédito, son asuntos que el candidato del Pacto Histórico ve con malos ojos. Es el Estado el que debe crear empresas, el que debe regular y orientar la economía y el que debe garantizar pleno empleo. La riqueza que no sea producto del trabajo puede ser expropiada o atenuada vía impuestos; así de claro.
En una entrevista con Blu Radio, el ecandidato a la presidencia de Colombia sugirió que aumentaría los impuestos a los más ricos y que eso sería suficiente: “¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia”.
La sola propuesta de empleo público cuesta 42,5 billones de pesos (1.050 millones de euros). La última reforma tributaria que se aprobó en Colombia en 2021 prevé recaudar 15,2 billones de pesos y requirió de un arduo proceso de negociación y transacción entre el Ejecutivo y el Legislativo ¿Cómo lo piensa hacer Petro con un Congreso que le será adverso?
Ante las críticas que le hacen a su programa y a su coalición, los integrantes del Pacto Histórico reaccionan de manera violenta, acusando a quienes se oponen a su programa de querer mantener un estado de cosas inaceptable en Colombia.
El asunto llegó al absurdo de que la candidata a la Vicepresidencia, Francia Márquez, respondió a los cuestionamientos que le ha hecho el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, sobre sus presuntos nexos con grupos al margen de la ley, alegando que “lo que le incomoda realmente al presidente es que una mujer, que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como su empleada del servicio, pueda ser su vicepresidenta”.
No hay crítica válida para la militancia del Pacto Histórico. Su intención es clara y ya la hacen pública: van por todo el poder público y a promover una revolución. El Estado intervendrá en todo. Hace un mes había causado revuelo su propuesta de declarar la emergencia económica para poder enfrentar lo que considera una situación de hambre; es decir, promover sus políticas vía estado de excepción, algo propio de una dictadura, para evitar pasar por el Congreso de la República.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación y la policía han procedido con la captura de algunos integrantes de la llamada “Primera Línea” que se organizó durante las protestas del año pasado, con el fin de enfrentar a las fuerzas del Estado, especialmente al escuadrón anti disturbios, que trataba de recuperar el orden público. El proceso de investigación tomó el tiempo requerido y se logró identificar a quienes incurrieron en graves delitos, contemplados, como corresponde en un Estado de Derecho, en el código penal. Eso no importa, Petro ha propuesto ya que es menester indultarlos porque serían “prisioneros políticos”.
Ahora, el Pacto Histórico reacciona vehementemente en contra de la acción policial en Bogotá para enfrentar la violencia de las comunidades indígenas, que desde hace meses tomaron el parque nacional, y que han recurrido al bloqueo de la vía, el cobro de peajes, la agresión a peatones y conductores. Todo eso deja de importar para el Pacto Histórico, que insiste en las deudas ancestrales. Los vecinos y comerciantes del sector ya no saben qué hacer y están a merced de quienes, además, recurren a niños y mujeres como escudos humanos cuando detectan presencia de la fuerza pública y el inicio de operativos.
Las propuestas están claras: expropiar a los más ricos, ampliar el Estado para que oriente la economía, limitar el accionar de la fuerza pública cuando se trate de recuperar el orden público, empoderar a las comunidades indígenas y otras minorías para que presionen en las calles y así lograr más recursos, imponerse al Congreso y sentar las bases para un Gobierno de varios años, más allá de que Petro, como presidente, se retire en cuatro años.
