El este de Burkina Faso, donde dos periodistas españoles fueron capturados el lunes tras un ataque contra una patrulla y posteriormente asesinados, ha sido escenario de un repunte de la inseguridad a causa del aumento de las operaciones por parte de grupos islamistas, que ha elevado además las tensiones intercomunitarias.
Los periodistas españoles, David Beriáin y Roberto Fraile, fueron dados por desaparecidos junto a un irlandés y a un miembro de las fuerzas de seguridad tras un ataque contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (sureste).
La situación de inseguridad, que afecta igualmente al norte del país y que en los últimos meses se ha extendido hacia la frontera con Costa de Marfil, en el sur, se ha deteriorado drásticamente desde la llegada al poder de Roch Marc Christian Kaboré en diciembre de 2015 tras el golpe de Estado del año anterior contra Blaise Compaoré.
Así, el país no se había visto afectado hasta entonces por las acciones de grupos yihadistas que sí operaban en otros países del Sahel, especialmente en Malí, algo que ha sido atribuido en los últimos años a un supuesto pacto de no agresión entre Compaoré y estas formaciones terroristas.
Sin embargo, Burkina Faso ha sido escenario de cientos de ataques desde entonces, incluido el ejecutado en enero de 2016 contra una cafetería y un hotel de la capital, Uagadugú, apenas unos días después de la toma de posesión de Kaboré, quien el año pasado obtuvo la reelección en una votación marcada por la inseguridad.
Lo complicado de la situación de seguridad ha llevado a las autoridades a aprobar una ley para el reclutamiento de ‘voluntarios’ para apoyar los esfuerzos del Ejército y la Policía, que se suman a unos grupos de autodefensa conocidos como Koglweogo, dedicados especialmente a garantizar la estabilidad en zonas rurales.
Sin embargo, esta iniciativa de Kaboré ha tenido repercusiones negativas en el conflicto, dado que los abusos supuestamente cometidos por el Ejército y estos grupos de autodefensa en sus operaciones de seguridad han aumentado las tensiones intercomunitarias y han permitido a los yihadistas reclutar a nuevos combatientes.
En el epicentro de estas tensiones se encuentra la comunidad fulani, también conocida como peul, debido a las acusaciones por parte de otras comunidades y las autoridades contra ellos por figurar entre los principales integrantes de estos grupos terroristas, lo que ha provocado ataques y venganzas contra ellos, alimentando un ciclo de represalias.
Ejemplo de esta situación fue la matanza de cerca de 50 miembros de la comunidad fulani a manos de una milicia progubernamental en respuesta a un ataque yihadista en 2019. Los fulani han hecho frente a este tipo de acusaciones en otros países de la región, entre ellos Malí, lo que ha retroalimentado estas dinámicas y ha beneficaido a los grupos armados, que buscaban desestabilizar la situación a nivel local.
Asimismo, el Gobierno ha abierto investigaciones sobre las denuncias en torno a la muerte de civiles a manos del Ejército, incluidas las formuladas por Human Rights Watch (HRW) sobre la ejecución de más de 30 detenidos en abril de 2020 en Djibo (norte) tras haberlos arrestado en el marco de una operación antiterrorista.
El país africano ha sido además escenario de las luchas internas entre los grupos yihadistas por el control de diversas zonas, incluidos combates entre las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en la región, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), respectivamente.
Estado Islámico reconoció en mayo de 2020 combates con el JNIM, los primeros hasta dicha fecha en esta zona del continente, y describió a los miembros del grupo como «apóstatas», tras una serie de informaciones de medios de ambos países sobre enfrentamientos entre ambos grupos en Malí y Burkina Faso.
En Burkina Faso operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como JNIM, una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).
De esta forma, se rompió una frágil entente cordial entre ambos grupos, enfrentados en otros países, principalmente en Siria, si bien no llegaron a alcanzar una cooperación total a la hora de coordinar y perpetrar ataques en Malí y Burkina Faso.
Esta situación ha llevado a los países que integran el G5 Sahel -Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger- a reforzar su cooperación para hacer frente a la amenaza, replicada en la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), que también han incrementado sus ataques durante los últimos meses.
