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El presidente ha abrazado postulados completamente contrarios a los que defendía cuando era senador

Duque opta por políticas intervencionistas y proteccionistas en el final de su mandato en Colombia

Iván Duque, presidente de Colombia.

Con una inflación anual de 5,26% para noviembre, la mesa tripartita en la que participan empresarios, sindicatos y el gobierno nacional, se reúne para tratar de acordar el incremento al salario mínimo en Colombia, ubicado hoy en 908.526 pesos (206 euros), y al auxilio de transporte, hoy en 106.454 pesos (24 euros).

Los sindicatos están presionando para superar la barrera del millón de pesos, lo cual implicaría un incremento del 10,5%, mientras que los empresarios sugieren un incremento levemente superior a la inflación, bordeando el 7%.

El gobierno se muestra optimista con el crecimiento económico proyectado, que para la OCDE será cercano al 10%, razón por la cual el Presidente insiste en que Colombia tendrá «el mejor crecimiento de este siglo y que además muestra lo que es una verdadera reactivación”.

Olvida que la contracción económica en 2020 fue de 6,8%, el déficit fiscal bordea el 9% y la deuda externa superó el 60% del PIB. El desempleo se mantiene en dos dígitos (11,8%), y las empresas siguen enfrentando el peso de la deuda y la incertidumbre de lo que puede pasar en las elecciones de 2022.

Duque ha celebrado una y otra vez que durante su gobierno se han hecho los mayores incrementos al salario mínimo de las últimas décadas, pero evita mencionar una informalidad en la actividad económica cercana al 50% a nivel nacional, del 60% en ciudades intermedias y cercana al 80% en el sector rural.

Celebra también el aumento del conjunto de subsidios y la expansión del programa “ingreso solidario”, que termina siendo una renta básica, descartando las críticas que hacen miles de empresarios que no están encontrando mano de obra, pues muchos abiertamente alegan que la formalización les haría perder los apoyos que hoy reciben por parte del Estado.

Aquella propuesta de reducir el gasto público, bajar impuestos y mejorar salarios, que se hizo en la campaña presidencial de 2018, no se cumplió. Los ingresos por trabajo que reciben la mayoría de los colombianos se estancaron y los incrementos al salario mínimo solo benefician a quienes tienen el privilegio -pues eso es en Colombia- de tener un empleo formal.

Los grandes grupos económicos, las grandes empresas, no tendrían problemas graves con un incremento importante del salario mínimo. El problema es que en Colombia los mayores empleadores son pequeñas y medianas empresas y el Estado, por supuesto.

Gustavo Petro, candidato de la izquierda radical a la presidencia, ha prometido aumentar el salario mínimo, fijar una renta básica, establecer medidas proteccionistas, obligar a las empresas a repartir sus utilidades entre sus trabajadores, entre otras cosas. Lo hará por decreto, según él mismo lo ha indicado, insistiendo en que en la democracia el pueblo define. La separación de poderes, la Constitución Política y el estado de derecho, son cosas que deben estar en segundo plano.

El problema es que muchas de las cosas que hoy propone Petro, ya tienen su punto de partida en los últimos dos gobiernos: Santos y Duque, quienes, contrarios a su programa original, terminaron ampliando la intervención estatal, aumentando la burocracia y cediendo ante de grupos de presión, que han logrado medidas que benefician a sus sectores, pero afectan de manera grave el libre mercado y en especial el costo de bienes y servicios para los más pobres.

El incremento de varios puntos por encima de la inflación del salario mínimo es una de tantas cosas en las que cedió el actual gobierno, acompañada de aranceles, estabilización de precios, entre otras.

Por alguna razón, algunos piensan que la mejor forma de enfrentar a la izquierda es tratando de apropiarse de sus tesis, olvidando que, en las urnas, una y otra vez, han sido derrotadas, para luego ser asumidas en el ejercicio del gobierno.  

Duque, sin lugar a duda, ha logrado sortear con éxito graves amenazas a la estabilidad política y económica, pero ha gobernado con tesis que como senador criticaba y refutaba. Paradójicamente, sectores donde se ha permitido más libertad, con apoyos focalizados del estado, como lo ha sido el sector vivienda, muestran los mejores indicadores de la historia ¿Por qué es tan difícil ver esos resultados y el origen de esas políticas?

En Colombia, la coalición “equipo por Colombia” debería asumir las banderas de la libertad y la defensa de las instituciones democráticas. Pretender ganar la contienda criticando al candidato de izquierda, pero acogiendo muchas de sus tesis es grave error, uno que puede llevar al abismo.         

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