La victimización es un elemento del que los socialistas siempre echan mano. Y en el Perú de Pedro Castillo el guión se ha puesto nuevamente en marcha, en medio de unas primeras semanas en el gobierno que ya apuntan a la confrontación tanto con los poderes públicos establecidos como con porciones importantes de la sociedad peruana que miran con cuidado la llegada de este personaje al poder.
Por ejemplo, el Presidente del Consejo de Ministros del gobierno, el cuestionado Guido Bellido, ha denunciado este vienes una «persecución político-judicial» contra su partido, Perú Libre, y contra el secretario general de la formación izquierdista, Vladimir Cerrón.
El polémico Premier peruano ha lamentado un «intento de vetar a Perú Libre y encarcelar a sus líderes» por los delitos de «renegociar gas, recuperar petróleo, revisar contratos ley, una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución».
La alusión a la supuesta defensa de los intereses de las mayorías populares nunca falta en la demagogia discursiva de este tipo de liderazgos. «Estamos dispuestos a enfrentarlos junto al pueblo», ha anunciado Bellido través de su cuenta en la red social Twitter.
La diatriba se ha desatado en Perú desde la toma de posesión del nuevo Gobierno encabezado por el socialista Pedro Castillo, a quién se ha acusado desde diferentes sectores de tener vinculaciones con la guerrilla comunista Sendero Luminoso.
Precisamente este mismo jueves, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, respondió ante el congreso preguntas sobre sus presuntos vínculos con acciones terroristas en la década de 1980 relacionados con la guerrilla maoísta. Tras su comparecencia en la cámara, la oposición presentó una moción de censura contra Maraví.
Por su parte, la fiscal peruana, Zoraida Ávalos ha negado esta semana que haya una persecución hacia el partido gobernante o hacia sus miembros. «Es falso, el Ministerio Público no persigue a nadie, somos neutrales.
