Ya no se trata solamente de que Estados Unidos y la Unión Europea han decidido apoyar directa o soterradamente los diálogos de México entre el chavismo y ciertos sectores de oposición, para validar la convocatoria a elecciones truculentas en Venezuela –y con ello han aceptado la presencia incómoda, pero inevitable del tirano Nicolás Maduro en la presidencia del país caribeño– sino que el menguado apoyo político local que aún le quedaba al “gobierno interino” de Juan Guaidó ha hecho aguas.
El manejo de la empresa colombo-venezolana Monómeros se habría convertido en la materia en disputa que habría dinamitado los puentes entre Guaidó y un par de formaciones políticas del llamado G-4 (la coalición partidista que, hasta ahora, ha servido de sustento partidista al desarrollo del interinato).
Monómeros, una compañía petroquímica dedicada a la producción de fertilizantes utilizados mayormente en el mercado colombiano, pasó a ser –junto a CITGO, ubicada en los Estados Unidos– la principal empresa en el exterior controlada por el gobierno de Guaidó. En meses recientes, debido a irregularidades en su administración, la empresa fue sometida a control por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
El escándalo tenía antecedentes, dado que el antiguo embajador del gobierno interino en Colombia, Humberto Calderón Berti, había señalado en meses previos que los nombramientos de la junta directiva de dicha empresa, así como sus líneas de acción, estaban siendo severamente condicionadas por intereses netamente políticos, descuidando el aspecto técnico y gerencial que una compañía de esta envergadura demanda.
“Se empezó a politizar y los dirigentes políticos consideraron eso como una especie de piñata, de rebatiña. Me pareció absolutamente inconveniente”, señaló en una entrevista reciente Calderón, quien enfiló directamente contra Leopoldo López, señalándole como el principal responsable de los malos manejos de la empresa en cuestión.
El exembajador ya había denunciado que el directorio de la empresa se había decidido mediante un reparto de cuotas entre los partidos integrantes del llamado G-4: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), en muchos casos sin reparar en la pericia y la experiencia de las personas seleccionadas para desempeñar cargos en Monómeros.
Así pues, todo llevó a que Guaidó y los partidos de su alianza tuviesen que hacer frente a la situación. La decisión fue nombrar una comisión especial de control, con el fin de investigar qué era lo que había ocurrido con la empresa desde que comenzó a ser capitaneada por el gobierno interino. El informe final fue poco menos que alentador, revelando que “ha habido una serie de acciones diseñadas y ejecutadas para conducir la compañía a una situación de inviabilidad financiera”.
Curioso es, sin embargo, el hecho de que en dichas conclusiones no se haya apuntado que todos los partidos del G-4 tienen responsabilidad directa o indirecta en el lamentable hecho. Esto dado que, como se ha apuntado más arriba, todos forman parte del gobierno interino y, además, aceptaron nombrar directivos de la empresa con base en un método de reparto de cuotas partidistas.
Desde el mismo momento de la divulgación del informe se destapó una caja de Pandora que tenía tiempo haciendo ruido sottovoce y cuyo epicentro radica en las diferencias aparentemente insalvables que existen entre el propio Guaidó y los demás partidos del ecosistema que hasta ayer le dieron respaldo político a su proyecto.
La cosa parece trascender a Monómeros, siendo que el caso de la empresa colombo-venezolana ha sido aprovechado como excusa para partir las aguas entre el líder del “gobierno interino” y unos partidos que maniobran para salirse del mismo, con el mayor control de daños posible.
Anuladas las posibilidades de que dicho gobierno cristalice plenamente en la realidad y con unos escándalos en sus interioridades que ya se tornan insoportables para la opinión pública, dichas formaciones políticas estarían jugando a la supervivencia, al tiempo que utilizan a Guaidó como siervo de sacrificio por todos los pecados cometidos.
Así lo confirma en los hechos la votación al que ha sido sometido el martes de esta semana un decreto presentado por el propio Guaidó para subsanar las fallas encontradas en Monómeros. En la deliberación el presidente interino habría salido con las tablas en la cabeza, obteniendo 10 votos en contra (de los partidos AD y PJ), 5 a favor (de VP) y 3 abstenciones (de UNT).
La cosa es de perogrullo: lo que se votó allí no fue solamente lo atinente al destino de la empresa petroquímica colombo-venezolana, sino el sostenimiento de la alianza que hasta ahora había sostenido el piso político interno de Guaidó y un interinato que cada vez se evapora más.
Vista la caída en desgracia y desuso que ha experimentado internacionalmente la tesis del sostenimiento en Venezuela de un gobierno interino, las formaciones políticas del establishment opositor han comenzado a jugar un inescrupuloso juego de supervivencia en el que el primer paso es, indefectiblemente, llevar a la hoguera al presidente encargado. Hasta ayer eran sus compañeros de mesa, pero hoy no quieren saber nada de él.
