Bolivia no puede ver la luz al final del túnel no solo por la calidad de sus gobernantes, también por la actitud de la oposición. Y es que la decadencia de la clase política del país sudamericano no podría ser mayor.
El primer elemento es que el último juicio que el régimen de Arce ha iniciado contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso “Golpe II”, se cae. El relato del golpe de Estado nunca tuvo asidero realmente, dado que hasta el momento no existe prueba alguna para justificar su arresto preventivo, pero ahora el segundo juicio ordinario iniciado recientemente contra Áñez tiene una probabilidad de éxito demasiado reducida, sobre todo porque no está siendo juzgada en su calidad de exmandataria, que requiere condiciones de defensa muy distintas.
Por ejemplo, se ha ratificado la renuncia colectiva de miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y un vacío de poder ante las protestas por el fraude cometido por Evo Morales en 2019, que dio curso a la sucesión legal de Añez.
Asimismo, la ex presidenta de la Cámara de Diputados por el MAS durante el gobierno de Áñez, hoy alcaldesa de la ciudad de El Alto en La Paz por otro partido, ha revelado en el juicio que Adriana Salvatierra -senadora masista que pudo haber asumido el máximo cargo en ese entonces- la llamó para sugerirle que renunciara.
Y, por si fuera poco, Morales y García Linera siguen sin ser incluidos como testigos principales en todo el proceso.
Por todo esto, que sigue agrietando los objetivos del masismo, la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se presta a “re-encauzar” los casos que Áñez tiene en su contra, para que no sea juzgada en un juicio ordinario. Es de esperarse que, aunque todavía existe mucho en juego, esta iniciativa podría llegar a buen puerto en favor de Áñez.
De igual manera, y a pesar de que hay sectores simpatizantes del MAS que se han decepcionado con el incremento porque hubieran querido que sea más elevado, y que además dijeron que no se presentaron a las marchas por el Día del Trabajador, como la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, el régimen de Arce ha decidido incrementar el salario en 3% al haber básico y 4% al mínimo nacional este miércoles por la noche, en un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB).
Sucede que, como bien dice el empresariado privado del país -y aunque podría presentar argumentos mejor elaborados cada año alrededor de esta temporada-, Arce va a tener problemas con la economía por su intransigencia.
Por ejemplo, Mario Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), ha advertido que la imposición del incremento salarial con la COB va a generar estancamiento del crecimiento económico en el país, que apenas se encuentra en proceso de recuperación, que algunos sectores se verán obligados a solicitar préstamos bancarios para cumplir con el pago a los trabajadores.
Esto va a pesar de manera considerable en las pretensiones de Arce por permanecer en el poder ya no sólo más allá de 2025, sino mucho antes incluso. De hecho, este gran error se ilustra en el hecho de que Marcelo Montenegro, titular de Hacienda, propuso inicialmente un incremento del salario mínimo de apenas el 1% “porque no había margen para un incremento mayor.” Sin embargo, una vez que la COB rechazó la oferta y recurrió a Arce, el incremento fue mayor a pesar de no existir manera de hacerlo realidad.
Desde luego, esto seguirá generando divisiones en el MAS. Es por esto que el partido azul se prepara para un congreso nacional en septiembre, donde muchos ya se apresuran en afirmar que no hay manera de que Arce y Choquehuanca no asuman el liderazgo, e invitan a Morales a “descansar y dejar a otros actores hacer política, porque pueden gobernar mejor que él”.
En el entretanto, los acólitos de Morales se pronuncian para manifestar sus temores frente a la posibilidad de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), les esté pisando los talones. Un caso concreto en este sentido es el de Leonardo Loza, dirigente cocalero y senador del MAS por Cochabamba: “esperamos que el ministerio de Gobierno pueda ayudar en este tema”, dijo el parlamentario y dirigente cocalero.
De manera curiosa, Morales se ha pronunciado recientemente sobre el caso “narcoaudios” sobre los que denunció presunto encubrimiento al narcotráfico hace unas semanas, pretendiendo mostrarse como víctima del ministro de Gobierno y, en todo caso, del régimen de Arce. Morales reclamó que todavía no existen detenidos a consecuencia de sus denuncias, pero el caso ha sido declarado en reserva.
Una oposición dividida
El MAS presenta demasiados problemas en demasiados frentes que los podría alejar del poder eventualmente. Sin embargo, lamentablemente, la oposición no se ve facultada para capitalizar políticamente este cúmulo de problemas, debido a que tiene los suyos propios.
El ex gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; Roly Aguilera, ex secretario general de la Gobernación de Santa Cruz y candidato a la alcaldía por la ciudad cruceña; y Manuel “Mamén” Saavedra, concejal cruceño, guardan hoy detención domiciliaria en el caso “publicidad fantasma” denunciado por el actual gobernador Luis Fernando Camacho.
Marioly Morón, diputada cruceña por Creemos, ha calificado de “asesino” al ex gobernador Costas por supuestamente haber desviado fondos públicos para la lucha contra la pandemia del covid-19, destinándolos a la campaña de Roly Aguilera para la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz entre finales de 2020 e inicios de 2021.
Para mayor ilustración de las divisiones en la oposición, hace unos días, la expresidenta Jeanine Áñez recurrió a los líderes de partidos de oposición, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, quienes afirmaron que se reunirían para acordar medidas concretas al respecto. Esto constituía una oportunidad para la unidad y el trabajo conjunto, pero no ha sucedido nada hasta el momento. Entretanto, el país se sigue hundiendo en una severa crisis en demasiados frentes.
