'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
pese a que la inflación ni siquiera alcanza el 1%

El régimen de Arce da la espalda a los empresarios y busca imponer un nuevo incremento del salario mínimo en Bolivia

El presidente boliviano, Luis Arce. Europa Press
El presidente boliviano, Luis Arce. Europa Press

Se acerca un nuevo primer día de mayo, un nuevo Día Internacional de los Trabajadores, y como no podía ser de otra manera, como cada año, Gobierno, sindicatos de trabajadores y empresarios privados discuten la pertinencia o no de incrementar el salario mínimo, además de la implementación de otra batería de medidas alusivas a esta emblemática fecha.

A pesar de los esfuerzos de los empresarios por hacer caer en cuenta al Gobierno de Arce, por medio de un llamado permanente a sentarse en una mesa a discutir sobre las dificultades que los empresarios tendrían para hacer realidad un nuevo incremento, la decisión parece haber sido tomada: habrá un incremento del salario mínimo.

Sin embargo, parece ser que los empresarios no sólo han perdido la oportunidad para ser escuchados al haber asistido a una reunión en la que ni siquiera se les ha ofrecido el uso de la palabra para abordar el tema, sino que ya fueron a esta reunión habiendo perdido la discusión sobre por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, mucho menos en la de la crisis sanitaria, se debe incrementar el salario mínimo, o siquiera establecer alguno.

El motivo fundamental por el que los empresarios se oponen hoy al incremento del salario mínimo es que la inflación ni siquiera alcanza el 1 por ciento. Esa ha sido la base de la discusión sobre el incremento salarial, y tal vez también la debilidad de la recuperación económica.

En primer lugar, la recuperación es débil justamente porque se imponen este tipo de medidas aberrantes e inmorales.

Segundo, si el incremento del salario mínimo es un hecho indistintamente de los niveles de inflación, entonces la discusión está muy lejos de ser simplemente técnica, sino de valores y principios para convivir en sociedad; la propiedad privada o la libertad de asociación, entre varios otros, antes que cualquier otra cosa. De esto se ha escuchado poco en esta oportunidad (o casi en ninguna otra) por parte del empresariado privado.

Sucede pues, que, así como en toda oportunidad y lugar donde se lo aplica, las consecuencias de un incremento salarial son siempre negativas, y más aún -ahora sí- para una economía significativamente debilitada por los golpes de la crisis sanitaria, a la vez por el agotamiento del modelo económico impuesto en esta misma fecha hace 16 años, que solamente seguirá prolongando la agonía.

Además, las primeras y más lógicas y elementales consecuencias de la imposición de un salario mínimo es que expulsa a quienes tienen menos habilidades o capacidades para generar valor en una empresa, porque solamente encarecen la inversión de los empresarios que podrían contratarlos. A cambio de quedarse con menos personal, se quedarán con quienes puedan generar valor para la empresa, aunque resulten menos costosos en términos comparativos.

Y es que esa es siempre la gran paradoja de la imposición de la socialdemocracia y sobre todo de los regímenes autocráticos y totalitarios como el del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia y el resto de sus pares en la región -cuando no en el mundo- como en Nicaragua, Cuba, Argentina o Venezuela. Allí no se han cansado de incrementar el salario mínimo sin alcanzar aún la prosperidad: siempre, tarde o temprano, terminan provocando los resultados exactamente opuestos a los que dicen buscar en un principio con determinada política de protección social.

Por ejemplo, si se establece una política de cupos mínimos para mujeres, por un lado las contratarán solamente por cumplir con la legislación del momento y no por sus méritos y capacidad para generar valor en la empresa, y por el otro, si acaso es cierto que perciben un sueldo menor al de los hombres solamente por el hecho de ser mujeres, -como cada vez más se viene argumentando con la moda de la cultura Woke-, los empresarios solamente contratarían mujeres, pero no es cierto.

Más todavía, si se establece que una mujer debe percibir mayores beneficios durante el tiempo que está embarazada, lo primero que hará un empresario será evitar la contratación de una mujer que eventualmente puede quedar embarazada para evitarse semejante incremento de costos laborales.

Claramente, estas políticas sociales solamente terminan igualando la sociedad hacia abajo. Como diría Thomas Sowell: “El gobierno puede determinar y decretar un ‘salario digno’ bajo una ley de salario mínimo, pero a menos que el trabajador realmente encuentre un empleador dispuesto a pagarle esa cantidad, permanecerá desempleado con un derecho hipotético”.

Más aún: “La ley del salario mínimo tiene un nombre muy ingenioso. El salario mínimo real es cero, y eso es lo que muchas personas sin experiencia y poco calificadas reciben como resultado de la legislación que hace que sea ilegal pagarles lo que valen actualmente para un empleador”.

Pero los problemas para la economía de Bolivia alrededor de este nuevo primer día de mayo no se resumen únicamente en el incremento del salario mínimo. Ahora pretenden obligar a restituir a aquellos trabajadores que fueron despedidos alrededor de la crisis sanitaria, con el pretexto de que hay que protegerlos frente al empresario capitalista explotador.

Por ejemplo, Página Siete destaca lo que expresa el artículo 6 de este anteproyecto de ley en su parágrafo I: “la trabajadora o el trabajador que considere vulnerado su derecho al trabajo o a la estabilidad laboral, a la remuneración o salario, a la libre sindicalización, y al fuero sindical, tendrá el plazo de tres meses, computables a partir de la comunicación verbal o notificación escrita del instrumento que considere la vulneración de tales derechos, para acudir ante el Ministerio de Trabajo y presentar la denuncia y la correspondiente solicitud de restitución de derechos laborales fundamentales”.

Es que esto de las “conquistas sociales” o los “derechos laborales fundamentales”, o esto de que todos los bienes económicos son producto exclusivo del factor trabajo son simplemente mentira. En esto hasta el propio Adam Smith se equivocó, si acaso ha sido alguna vez un referente para el empresariado privado. Por ejemplo, ¿cómo explican el elevadísimo valor de un diamante encontrado en las selvas de Sierra Leona? Es que todo bien de la naturaleza que sirva para alcanzar un fin y sea escaso, se convierte en un bien económico aunque no incorpore trabajo alguno.

El valor no viene incorporado en los objetos materiales, como tanto se cansaron de decir Carlos Marx y su amigo Federico Engels. El valor es una proyección de la mente humana sobre los medios, una apreciación de la importancia que cree que tienen como medios para alcanzar un determinado fin. Sencillo, pero esta afirmación todavía no termina de calar en la sociedad que apoya o se identifica con la socialdemocracia o, peor todavía, con los regímenes autocráticos y totalitaristas.

Es simplemente mentira que los trabajadores son coaccionados para recibir el valor íntegro de lo que producen. El empresario primero debe estar atento a los problemas de la gente que puede solucionar en su entorno para ofrecer una solución antes que nadie. Para tratar de ofrecer esa solución necesita de ahorro propio o tomar capital prestado, además de tiempo para desarrollar la idea y hacerla realidad.

A estas alturas no sabe si la oferta encontrará demanda, pero ya ha asumido el riesgo de invertir y contratar personal en el proceso. Mientras la idea todavía no ha encontrado un comprador, mientras el empresario todavía no ha obtenido un beneficio, ya le ha pagado una mensualidad al trabajador. Y finalmente, sólo si tiene éxito el empresario cobrará su recompensa, y lo hará solamente en la medida que haya sido capaz de solucionar determinado problema.

Igualmente, mucho se discute sobre el hecho de que los empresarios explotan a los trabajadores por el valor íntegro de su trabajo, que imponen sus productos y servicios a los consumidores al precio que se les ocurra deliberadamente, cuando, en realidad, es simplemente mentira: el precio lo establecen los consumidores.

Es por eso que los empresarios no pueden simplemente trasladar el incremento de sus costos por el incremento de los precios de sus inputs directamente al precio de consumo final. Eso es lo que, por ejemplo, acaba de suceder con Netflix, una de las empresas más importantes del índice Nasdaq del mercado de capitales estadounidense, que venía de incrementar precios constantemente a sus clientes desde hace cinco años, y pretendió seguir haciéndolo hoy frente al mayor nivel de inflación en 40 años, hasta que desde hace apenas una semana su cotización ha caído un 40%.

La mentira de la explotación del hombre por el hombre, fundamento para la implementación de políticas sociales en favor de los más desprotegidos, debe ser invocada por el empresariado privado en cada paso que los gobiernos de todos los partidos pretendan tomar en este sentido. 

De nuevo, la discusión no es técnica, sino ideológica; no es circunstancial, sino que responde a leyes económicas básicas; y no se la plantea solamente ante cada primer día de mayo, sino de manera permanente con el objetivo de exponer la inmoralidad que realmente constituye el incremento del salario mínimo: apropiación indebida.

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