Sin duda todo en estos días está siendo opacado por el conflicto creado por Vladimir Putin en su injustificable invasión sobre Ucrania pero, en el caso boliviano, el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) no deja de tener serios problemas que dificultan el futuro del país.
Por ejemplo, ahora que con la guerra creada por Rusia se está observando un incremento muy acelerado de los precios de las materias primas que América Latina típicamente exporta, Bolivia tiene poco para celebrar, debido a la ruina de su sector de hidrocarburos, principal negocio en el país bajo control estatal; a medida que los precios se incrementan, el gasto en subvenciones es mayor, así como la capacidad de producción es menor.
A estas alturas no son pocos quienes se preguntan por qué hasta el momento, con semejante acumulación de problemas estructurales y con serios factores agravantes coyunturales como el de la invasión sobre Ucrania, ni la economía de Bolivia ni el partido de gobierno terminan de colapsar.
Por ejemplo, de manera reciente Arce trató de emitir bonos soberanos en los mercados de capitales internacionales para canjearlos por bonos antiguos, pero solamente logró colocar $850 millones de los $2.000 millones de dólares que ofreció inicialmente, lo cual demuestra las serias dificultades del régimen para sostenerse a flote en el corto plazo. De hecho, el régimen de Arce Catacora ha tratado de atribuir el rotundo fracaso reciente por colocar estos nuevos bonos, a la creciente tensión que había hasta entonces en la frontera entre Rusia y Ucrania (hasta ese momento no se había iniciado la invasión).
Lo curioso de esta deplorable justificación es que, si acaso la estatización del gas en 2006 tuvo éxito realmente, el MAS tendría que estar celebrando el incremento de precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril desde 2014.
Pocos se han atrevido a dar una respuesta distinta, pero se podría decir que el consenso trata de explicar que el colapso del narcosocialismo masista todavía se deja esperar debido a que éste cuenta con los ingresos que genera el narcotráfico. Es decir, que la economía contaría con una cantidad de recursos mayor a la que se estima y muestra oficialmente.
Tampoco existe consenso sobre el tamaño de la economía del narcotráfico en el Estado Plurinacional. En 2010, la Organización de Naciones Unidas (ONU) calculó que el narcotráfico movía aproximadamente $500 millones. En 2020, Arturo Murillo, el entonces ministro de Gobierno del gobierno de Jeanine Áñez, afirmó que el narcotráfico genera entre $1.500 y $2.000 millones anuales. Igualmente, el coordinador del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas (Conaltid), José Luis Laguna Quiroga, coincidió con esta última cifra.
Es muy difícil calcular estos números con precisión, y mucho más publicarlos libremente, por temor a represalias. Sin embargo, lo que sí se puede saber al respecto es lo que una serie de investigadores ha afirmado, que Bolivia se ha convertido en un auténtico narcoestado.
Estos investigadores, como el periodista brasilero Leonardo Coutinho, el periodista nacional Carlos Valverde o el expolicía francés Jean-François Barbieri, han escrito profusamente al respecto y desde distintos enfoques. Entre los libros que destacan están Hugo Chávez, o espectro (2018), Coca, poder, territorio y cocaína (2017) y El Narco-Amauta (2020).
Para dar cuenta de la dimensión del negocio del narcotráfico en Bolivia, cada uno de estos investigadores afirma por escrito que existe presencia de cárteles colombianos y mexicanos, pero no como simples emisarios que vienen a comprar la cocaína para exportar, sino que se encargan de manejar mega-laboratorios para la elaboración de clorhidrato de cocaína, lo cual requiere de una cantidad de recursos y logística que superan las capacidades de cualquier grupo criminal nacional.
Pero lo más relevante ya no es sólo el hecho de que Bolivia sea un narcoestado (algo que para nadie que viva en Bolivia deja de ser absurdo cuestionar), sino de que, además, y contrariamente a lo que se afirma desde el consenso, el narcotráfico es uno de los principales factores agravantes de la profunda crisis que atraviesa el país.
Por ejemplo, hace algo menos de un mes se detuvo a Alex Saab, un empresario colombiano al que Estados Unidos acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro en Venezuela. Con este hecho se supo, además, que en 2018 se había convertido en colaborador de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), comprometiendo la red de narcotráfico entre Cuba, Venezuela y Bolivia, o lo que Coutinho llamó “Ruta del Alba”, pero de manera más específica todavía, al líder cocalero Evo Morales.
Igualmente, la DEA detuvo a principios de año a Maximiliano Dávila, que fungió como jefe antidrogas de Bolivia en 2019, cuando Morales todavía ejercía el poder, por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito. A partir de este hecho, el jefe cocalero no sale del país, y cuando apenas salió de Cochabamba el 24 de enero para visitar Oruro, lo hizo con un fuerte contingente de seguridad a recomendación de la cúpula sindical y política.
El caso de Dávila no es el único. A lo largo del tiempo se detuvo a otros jefes antidrogas de Morales. En 2011 detuvieron a René Sanabria en Panamá. En 2015 también detuvieron a Óscar Nina por los mismos motivos.
Barbieri, que fue agregado policial de la Embajada de Francia en La Paz entre 2009 y 2012, tiempo durante el que se dedicó a investigar el negocio del narcotráfico en Bolivia. De manera reciente, Barbieri ha afirmado que, aunque no tiene pruebas al respecto como para hacer una acusación específica, “Evo ha encubierto el narcotráfico de manera directa o indirecta”.
Es decir, en la medida que se encuentren vínculos inocultables del MAS e incluso de ex autoridades de Estado de la era Morales con el narcotráfico, más se le complica al régimen de Arce la posibilidad ya no sólo conseguir financiamiento de corto plazo, e incluso sostenerse en el poder. Lejos de ser una fortaleza por el flujo de recursos que pueda generar, el narcotráfico es uno de los mayores problemas para el país por las repercusiones para el régimen en distintos ámbitos.
En definitiva, es sabido que el MAS está dividido y malherido con las detenciones recientes de capos del narcotráfico en Bolivia y el resto de América Latina, entre otras cosas, porque ha llegado el momento de la verdad: si el régimen de Arce quiere sobrevivir a la profunda crisis que enfrenta sobre todo en el ámbito económico, tendrá que recurrir a la Comunidad Internacional, cuya primera condición a cambio de financiamiento estará directamente vinculada a establecer el orden en el territorio que Evo Morales ha dominado durante 40 años.