La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayorĆa oficialista, ha aprobado este jueves una ley que blinda a los funcionarios que han sido seƱalados por la Corte de Cuentas por presuntas irregularidades a la hora de gestionar los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus en el paĆs.
La medida beneficia al ministro de Sanidad, Francisco AlabĆ; a la exministra Ana Orellana; a la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos; a la exdirectora del Instituto SalvadoreƱo del Seguro Social (ISSS) Rosa Delmy CaƱas; a la exdirectora de la DirecciĆ³n Nacional de Medicamentos MĆ³nica Ayala; y a otros funcionarios que como parte del Ministerio de Sanidad autorizaron compras e importaciones irregulares de material sanitario.
AsĆ, los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC han aprobado una legislaciĆ³n que permite realizar compras sin cumplir los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y libra de responsabilidades administrativas, civiles y penales a los funcionarios que participaron en los procesos de compras y tambiĆ©n a los contratistas, segĆŗn informaciones del diario ‘El Faro’.
AdemĆ”s, legaliza las compras realizadas desde marzo de 2020, cuando la OrganizaciĆ³n Mundial para la Salud (OMS) declarĆ³ la pandemia de coronavirus. La iniciativa ha sido sometida a votaciĆ³n casi inmediatamente despuĆ©s de haber sido introducida en la agenda parlamentaria, por lo que no ha seguido el proceso establecido con un debate previo en una comisiĆ³n de trabajo de la Asamblea, como en otras ocasiones.
Ā«Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarĆ”n de inmunidad ante denuncias o demandas judiciales o administrativas, asĆ como estarĆ”n exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial y obligaciĆ³n de indemnizarĀ», recoge el texto en el artĆculo 4.
La ley tambiĆ©n incluye a numerosas personas que participan en el proceso de compra. Ā«Eso incluirĆ” el diseƱo, desarrollo, prueba o investigaciĆ³n clĆnica, fabricaciĆ³n, etiquetado, distribuciĆ³n, transporte, almacenamiento, formulaciĆ³n, empacado, comercializaciĆ³n, promociĆ³n, venta, compra, donaciĆ³n, dispensaciĆ³n, prescripciĆ³n, administraciĆ³n, concesiĆ³n de licencias, comercializaciĆ³n o uso de tales productos para tratamientos mĆ©dicos para atender la pandemia de covid-19Ā«, seƱala el documento.
Los partidos opositores ARENA y FMLN han criticado la medida y han afirmado que el Gobierno busca una ley que Ā«permita que los delitos por la mala administraciĆ³n del dinero queden impunesĀ».
Ā«Esta ley la aprobarĆ”n como una ley de orden pĆŗblico, para que tenga efectos retroactivos, es decir, que queden impunes todas las demandas presentadas en la FiscalĆa por malos manejos de la pandemia en los hospitales pĆŗblicosĀ», ha aseverado el diputado RenĆ© Portillo Cuadra, de ARENA.
La bancada de Nuevas Ideas y sus aliados han justificado, no obstante, que la ley agilizarĆ” los procesos de compra de material sanitario y servicios para la pandemia. Ā«Esta ley trata de cubrir a las personas que estĆ”n en primera lĆnea en el sistema de saludĀ», ha afirmado el diputado de GANA Guillermo Gallegos.
