Más de 2.800 personas fueron asesinadas por el régimen chavista en 2020, según un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro Gumilla.
El estudio, que incide en las «graves violaciones a los derechos humanos» que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, concluye que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, de entre 18 y 30 años, y que los estados con más víctimas fueron Zulia (667 de las 2.853 en total), Aragua (297) y Bolívar (269).
El número de asesinados supera a la cifra de muertos por coronavirus en el país, según las cifras oficiales de la tiranía. «Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que covid-19 durante el año 2020″, afirma el informe.
Asimismo, sostiene que ni el confinamiento (…) debido a la cuarentena por la aparición de la pandemia del coronavirus frenó la acción criminal de los cuerpos policiales y militares, y reconoce que la «violencia institucional» en Venezuela es consecuencia de «una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural» por el control chavista de la Administración de Justicia. «Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública».
El documento resalta que en Venezuela «la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, está excluida del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales» y que los estados en los que la población sufrió mayor violencia institucional fueron Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.
PROVEA asevera también que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), fue el cuerpo policial más letal. Las ejecuciones que se le atribuyen son 635.
En informe de la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó el pasado mes de diciembre en un nuevo informe que, desde las protestas de 2014, se registraron en Venezuela más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales y unas 15.500 detenciones arbitrarias, por lo que reclamó la intervención urgente de la Corte Penal Internacional, con sede La Haya.
El informe, que llevó por título ‘Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela’, responsabilizó de nuevo al Gobierno del tirano Nicolás Maduro de graves abusos durante estos últimos seis años.
Los expertos estimaron que solo en 2018 y 2019 hubo 724 casos de desaparición forzosa, así como 653 de tortura desde el año 2014. Además, consideró que la violación y los abusos sexuales se han convertido en “armas” al servicio del régimen chavista.
