Es oficial. Este martes 8 de marzo la administración de Joe Biden ha abierto la posibilidad a unos 300mil venezolanos que están en situación migratoria irregular en los Estados Unidos de postularse para obtener un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La medida, que formaba parte de las promesas de campaña de Biden y que tendrá vigencia por al menos 18 meses, apunta a dos aspectos fundamentales: evitar que los migrantes venezolanos sean deportados a su país de origen y darles un permiso para que puedan trabajar en los Estados Unidos de manera legal. Las personas elegibles para aplicar a este TPS son aquellas que hayan pisado suelo estadounidense hasta este 8 de marzo, pues quienes lleguen después no calificarán para el estatus.
El Secretario del Departamento de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, afirmó en un comunicado que la decisión obedece a que “las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos. Es en tiempos de circunstancias extraordinarias y temporales como estas, que Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los nacionales venezolanos elegibles que están actualmente presentes en Estados Unidos mientras su país de origen busca recuperarse de las crisis actuales”.
La medida del recién estrenado gobierno de Biden no salió de la nada. Antes de marcharse de la Casa Blanca, en enero pasado, Donald Trump había aprobado una medida que garantizaba la no deportación de venezolanos por al menos 18 meses. El caso Venezuela se ha convertido en una papa caliente dentro de la política exterior de los Estados Unidos en los últimos 3 años, pasando a tener un enfoque bipartidista sobre la mayoría de los puntos y, sobre todo, en lo referido a apoyar al llamado “Gobierno Interino” que encabeza Juan Guaidó y a las sanciones económicas contra funcionarios del chavismo como método de “presión” para provocar una transición democrática en el país sudamericano.
Hasta ahora los resultados no han sido los esperados, pues Maduro sigue en Miraflores y parece que incluso ha logrado estabilizar el barco y burlar algunas de esas sanciones en medio de una obstinada determinación por permanecer al frente del Palacio Presidencial, cueste lo que cueste.
La semana pasada el Diputado opositor y virtual Canciller en el exilio del “Gobierno Interino”, Julio Borges, ha develado una compleja trama de corrupción en la que oro venezolano estaría siendo vendido a particulares en los Emiratos Árabes Unidos con la ayuda de Rusia y Mali, a fines de buscar efectivo fresco para alimentar las arcas chavistas. Vale decir que todo ello estaría ocurriendo a pesar de las restricciones para comerciar y moverse por el mundo que en teoría debería tener la tiranía venezolana debido a tales sanciones.
Para sorpresa de algunos, la declaración que pone en la mesa el TPS para los venezolanos en EEUU también ha sido acompañada de una admisión de la administración Biden de tener voluntad de “revisar” el paquete de sanciones que Estados Unidos ha venido implementando con el país sudamericano desde hace algún rato. A juicio del nuevo gobierno demócrata Maduro sigue siendo un “dictador” y las sanciones no deben levantarse abruptamente, pero sí deben ser evaluadas, puesto que el enfoque que les dio Trump “no ha funcionado”. Esta declaración evidentemente se alinea con la idea asomada hace algunas semanas atrás por el nuevo Secretario de Estado, Antony Blinken, de que toda la política de sanciones al régimen venezolano debía concertarse con otros actores de la “comunidad internacional”, bajo un enfoque multilateral (opuesto a la política supuestamente unilateral que adoptó Trump en su momento).
Sin embargo, luce difícil pensar en que un mundo compuesto por una Unión Europea que es muy decidida en los comunicados pero poco consecuente en la práctica, una Organización de Naciones Unidas que fue capaz de permitir que una propagandista bielorrusa de los Derechos Humanos viniese a lavarle la cara a Maduro y un Grupo de Lima que se ha mostrado inconsistente a la hora de proponer acciones contundentes contra la tiranía, puedan acompañar a los Estados Unidos en una política más decidida a promover un cambio real en el poder en Venezuela.
El caso venezolano ha caído en una especie de inercia y el empeño de la llamada comunidad internacional en ver al madurismo chavista como una facción política racional, capaz de negociar su salida a través de elecciones libres solo consume tiempo en distracciones que no llegan a nada. El nuevo empeño de EEUU y su gobierno en decir que lo que hace falta es poner de acuerdo al mundo con respecto a la solución a aplicar en Venezuela no parece que vaya a ofrecer mejores resultados que los que hasta ahora se han obtenido, por muy bonita que suene la idea del consenso multilateralista.
El problema deriva justamente del hecho de que ese mundo, o no ha comprendido las dimensiones del secuestro venezolano o simplemente ha decidido optar por una política de esfuerzo mínimo, de las de siempre.
El anuncio de la aparición del TPS en la mesa es una gran noticia para los venezolanos en el exilio, especialmente para los que están en los EEUU en una situación migratoria plena de incertidumbre. Sin embargo, y a propósito de la política del esfuerzo mínimo, luce evidente que con ello Biden envía el mensaje de que, en lo atinente al caso venezolano, esta será quizá la única contribución que hará para ayudar a remediar el drama que supone la estadía de Maduro en Miraflores.
Al igual que Ivan Duque y su programa especial para proteger a los migrantes venezolanos en Colombia, aprobado hace un par de semanas, el Presidente Demócrata está mandando un mensaje cifrado en el que admite la crisis venezolana y sus dramáticas consecuencias, pero a la vez se está lavando las manos, al menos por un rato, en lo concerniente a atacar la causa principal del problema, que obviamente no es otra que la perpetuación de la tiranía madurista en el poder.
Para mí la interpretación es clara: al menos de momento la “comunidad internacional” -empezando por Estados Unidos y continuando por países geográficamente más próximos a Venezuela como Colombia y Brasil- no está dispuesta a arriesgar mucho más de lo que ya ha puesto en el asador con respecto al problema venezolano. Medidas como la aprobación de este TPS nos revelan que ese mismo mundo está preparado para convivir por un rato con los efectos del mal que supone el régimen chavista y busca por ello amortiguar los síntomas y efectos de la enfermedad, para hacerla más llevadera. Sin embargo, la disposición a enfrentar de lleno la raíz y las causas de dicha mortífera patología no aparece por ningún lado.
