El régimen de Daniel Ortega acusó oficialmente a tres aspirantes presidenciales y a otros cinco opositores por los presuntos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y decretó prisión preventiva para los acusados.
Los aspirantes presidenciales acusados ante el juez son: Arturo Cruz Sequeira, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y los opositores encausados José Adán Aguerri, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Salvador Orozco Ramírez.
A siete de los acusados el régimen les había dictado prisión preventiva. Orozco, radicado en Estados Unidos, está libre, es un consultor que labora para Diálogo Interamericano y es director del Centro de Migración y Estabilización Económica de Creative Associates International.
El régimen sandinista mantiene encarcelados a 35 opositores, siete de ellos son aspirantes presidenciales. A seis se les acusa de “traición a la patria” a través de la “Ley 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación”. Mientras que Cristiana Chamorro es acusada por presunto “lavado de dinero a través de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
De acuerdo con el régimen, los ocho opositores acusados oficialmente ante el juez son «presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad Nacional de conformidad al artículo 410 y 412 del código penal en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”.
El Ministerio Público anunció que la acusación penal fue presentada ante la autoridad judicial que admitió la causa y decretó contra los imputados “la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial, y orden de detención para las personas acusadas que se encuentran sin detener”.
Es la segunda acusación judicial que realiza el régimen en la presente semana contra los opositores que ha venido encarcelando desde el 2 de junio. La primera fue interpuesta el pasado 24 de agosto contra Cristiana Chamorro y sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando.
Pedro es dirigente político del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), a quien el régimen canceló la personería jurídica a inicios de agosto y despojó de la ciudadanía nicaragüense a su representante, Kitty Monterrey, que también es ciudadana estadounidense. Carlos Fernando, es periodista. Los tres enfrentan acusaciones por presunto “lavado de dinero”.
«La autoridad judicial admitió la ampliación de la acusación para Cristiana Chamorro y la acusación para las demás personas imputadas», anunció el Ministerio Público sin revelar el nombre del Juez que conoce la causa.
Las acusaciones han sido interpuestas sin la presencia de los abogados defensores quienes han denunciado que no han tenido acceso al expediente de sus clientes desde que están encarcelados, en clara violación a los derechos humanos de los detenidos que tienen derecho a la defensa, un mandato establecido en la Constitución.
De ser declarados “culpables” por el régimen podrían enfrentar penas que oscilarían entre los 10 y 20 años de cárcel, según el Código Penal.
Los familiares no han tenido acceso para realizar visitas a los detenidos, tampoco reciben información sobre el estado de salud en que se encuentran. Los presos permanecen en total indefensión e incomunicados.
