“Si estas irregularidades electorales no se investigan a fondo antes del día de la investidura y se dejan pasar, esta nación corre un riesgo muy real de no volver a tener unas elecciones presidenciales limpias jamás”, se lee en el informe elaborado por el asesor presidencial Peter Navarro sobre la integridad de las pasadas elecciones.
El informe, titulado ‘La Inmaculada Decepción’ -en el sentido de ‘engaño’-, respalda la denuncia repetida por Trump y su equipo en el sentido de que le han robado la victoria al presidente. Y parece legitimar la adopción de medidas contundentes para revertir lo que, para casi todo el mundo, parece un hecho inevitable: cuatro años de Biden-Harris o, más probablemente, solo Harris.
Desde luego, Trump, lejos de parecer un hombre derrotado, parece cada día más seguro de su continuidad en la Casa Blanca, en un segundo mandato que, por fuerza, tendrá que ser muy distinto que el primero.
De entrada, la aplicación de la ley marcial ha dejado de ser materia de teorías conspiratorias, susurradas en blogs especializados en conspiraciones reptilianas. Después del espectacular ataque informático a los productos de Solarwinds -que ha dado a los ‘hackers’ acceso a los ordenadores de prácticamente todas las agencias oficiales de Estados Unidos, incluido el Pentágono- hay una nueva razón para aplicar medidas de emergencia.
Al parecer, y según ha informado incluso la CNN, en la Casa Blanca hay una fuerte división en torno a la aplicación de estas medidas y sobre quién deberá llevar la voz cantante. El presidente organizó una reunión en el Despacho Oval con quienes, yendo por libre, más activos se han mostrado en la lucha contra el supuesto fraude: el general Mike Flynn, defenestrado primer responsable de Seguridad Nacional de Trump, y la aguerrida abogada Sidney Powell, a los que se sumó el abogado de la campaña del presidente Matt Morgan. Lo que se discutía era la posibilidad de montar un departamento especial para la investigación del fraude encabezado por Powell, a lo que se oponen el jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el consejero Pat Cipollone, presentes en la reunión.
El otro punto de la agenda era aún más delicado: la conveniencia de activar la ley marcial en cumplimiento de la orden ejecutiva firmada en 2018 por Trump contra la injerencia extranjera en elecciones estadounidenses. La orden estaría condicionada por el informe sobre las elecciones elaborado por director nacional de Inteligencia, John Ratcliffe quien, para hacerlo todo aún más emocionante, ha anunciado el retraso del esperado informe como consecuencia del ataque informático a las redes de Solarwinds, cuya sede en Austin, Texas, ha sido ocupada por la policía.
Mientras, la película tiene un argumento derivado en el que apenas se fija nadie pero que en cualquier momento puede saltar al centro de la trama: la investigación ordenada por el Departamento de Justicia sobre la ‘trama rusa’.
Les resumo: de las docenas de intentos que se hicieron para frustrar la presidencia de Trump desde antes incluso de que fuera investido, el más grave y duradero fue la acusación de que el candidato republicano se había puesto de acuerdo con Putin para amañar las elecciones a su favor. Nunca tuvo mucho sentido y nunca, tampoco, se aclaró como se suponía que lo había hecho. Pero el bombardeo de los medios y un oscuro informe de inteligencia (el Informe Steele) fueron suficientes para montar una investigación con plenos poderes y medios inagotables a cargo de un ex director del FBI, Robert Mueller, que después de dos años y medio y miles de millones de dólares tirados a la basura no consiguió aportar prueba alguna.
Pero la investigación bastó para reducir al mínimo el margen de acción del presidente, y al fin se ha conocido por un mensaje de texto desclasificado del agente federal Peter Strzok que el FBI sabía que el Informe Steele tenía como único propósito influir en las elecciones de 2016. Steele habría sido un operativo pagado por la campaña de Hillary Clinton para que elaborara el fantasioso informe y filtrarlo a la prensa.
El dato no es novedoso en absoluto, en el sentido de que todo el mundo especulaba con esa posibilidad como la más creíble, pero es muy distinto ‘saber’ que ‘poder probar’, y ahora estamos, al fin, en el segundo caso. Poder probar que la candidata demócrata Clinton usó los servicios del director del FBI, James Comey, y otros responsables de inteligencia para sus trucos sucios contra Trump no es moco de pavo, y podría tener una influencia crucial en el curso de los acontecimientos.
