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MIENTRAS MARLASKA CONCEDE INCENTIVOS POR CONCEDER TERCEROS GRADOS

El silencio de la izquierda por las víctimas que no le aportan rédito político

La ministra de Igualdad, Irene Montero. Europa Press

De pronto la izquierda no quiere que se politicen los crímenes porque los muertos merecen respeto. O silencio. Y no todos, claro. Sólo aquellos que no le aportan rédito político. Estamos hablando de la oleada de asesinatos, agresiones sexuales y violaciones que cada semana se producen en España y que, o bien las protagonizan extranjeros (silencio), o bien criminales reincidentes salidos de prisión gracias a la laxitud de las leyes españolas. Aunque la Constitución recoge el principio de reinserción en su artículo 25 («Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados»), la izquierda lleva décadas levantando esta bandera y deslizando la idea de que el criminal es la víctima y la sociedad es culpable. La víctima real, por supuesto, no aparece en la ecuación y queda relegada a guardar silencio porque si reclama un endurecimiento de las penas la brigada mediático-política le suelta el mantra oficial de que no hay que legislar en caliente. 

Pero hay una excepción: los crímenes contra las mujeres que no sean cometidos por extranjeros. En ese caso la maquinaria moviliza a los suyos en las calles y platós, y la prensa más activista se encarga de que conozcamos al detalle quiénes son los asesinos, sus nombres, procedencia, profesión y, sobre todo, sus caras. Los rostros de quienes, como los jóvenes de la Manada de los Sanfermines, han cometido una agresión sexual son difundidos incluso antes de ser condenados por la justicia. Así, los presuntos violadores (insistimos, antes de la condena) se convierten en un icono con el que el movimiento feminista y toda la izquierda mediática justifican tanto el entramado jurídico favorable (eliminación del principio de igualdad hombre-mujer y el fin de la presunción de inocencia del primero en la ley contra la violencia de género) como las numerosas asociaciones creadas por el poder político. 

Por este motivo no sabemos casi nada de los agresores sexuales de la menor de 16 años violada y torturada en Igualada (Barcelona) el pasado lunes. Un camionero la encontró a las 6 de la mañana inconsciente y con heridas graves en un descampado. Los Mozos de Escuadra han desvelado la crueldad del ataque: «Ha sido casi una tortura. La dejaron tirada a unas horas en las cuales se estaba a 3 grados en Igualada. La dejaron morir«. Unos hechos terribles que, de momento, no están teniendo la repercusión mediática de otros casos. Quizá sea por la nacionalidad (aún sin desvelar) de los autores de la violación, cuyas caras no aparecen en los telediarios. La reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sin condenar los hechos, contrasta con la campaña que su partido emprendió con el caso de los sanfermines: «A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras».

Hace poco la propia Montero tampoco condenaba la agresión a una mujer que vestía una camiseta de VOX en Cataluña:

Periodista:

-¿Condena la violación a una simpatizante de VOX en Reus?

Irene Montero:

-Condeno el fascismo que se ejerce en los medios.

Hace unos días un niño era asesinado en Lardero (La Rioja) por un criminal reincidente que disfrutaba del tercer grado. Es decir, ya fue condenado por un asesinato y ahora estaba en la calle. Nadie se hace responsable («son las leyes»), por eso tras un caso así siempre hay una reacción popular favorable al endurecimiento de las penas con propuestas como la cadena perpetua. La familia del niño asesinado ha pedido lo que en la calle es un clamor: «Queremos que no salga jamás de la cárcel». Este deseo colisiona con los planteamientos progresistas que apreciamos estos días con la política penitenciaria del Ministerio del Interior. Marlaska concede incentivos salariales de hasta 2.000 euros a los directores de centros penitenciarios a cambio de otorgar el tercer grado a presos, condición que disfrutaba el detenido por el crimen de Lardero. El silencio mediático es atronador.

Para tapar esta vergonzosa complicidad, los numerosos periodistas gubernamentales repiten que los muertos no se politizan. Eso no está bien. Y lo dicen cuando la representante del primer partido de la izquierda en Madrid, Mónica García, ha aprovechado el atropello mortal de una niña a la salida del colegio para sacar rédito político. «Las familias llevan meses reivindicando la necesidad de que los entornos escolares sean seguros y sanos. Esta noticia es lamentable y evitable. El ayuntamiento tiene que hacer algo ya».

Esta relación tan particular con la muerte no es nueva en la izquierda. En 2004 rodearon la sede del partido del Gobierno culpándole de los atentados de Atocha que acabaron con la vida de casi 200 personas. Lo hicieron saltándose la jornada de reflexión mientras en la cadena SER bajo la dirección de Ferreras se divulgaba el bulo de que había terroristas suicidas en los trenes (tres capas de calzoncillos). El PSOE, desde luego, también ayudó lo suyo. Rubalcaba violó la ley electoral un día antes de las elecciones convocando una rueda de prensa en la que dijo que «los ciudadanos se merecen un gobierno que no les mienta». Quizá en agradecimiento por todo ello hoy el PP rinde homenaje a uno de los agitadores de aquella jornada.

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