«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
PROVOCARÁ ESTANCAMIENTO INFLACIONARIO

El socialismo busca cómo abusar de la política monetaria en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce. Reuters

Durante 2020, la política económica alrededor del globo ha sido verdaderamente extraordinaria. Por un lado, se ha actuado rápidamente en comparación al tiempo que las autoridades -sobre todo del ámbito monetario- reaccionaron ante la crisis de 2008, y por el otro, lo han hecho de manera simultánea.

En el caso de Bolivia, lejos de tener un diagnóstico previo a la pandemia sobre el estado de la economía global, o de siquiera preguntarse si lo que las principales economías del globo hacían ante la propagación del virus era lo correcto, todo se ha limitado a imitar sus políticas, y no necesariamente para bien.

Desde luego, la principal característica de la política económica de la pandemia ha sido el estímulo monetario y fiscal a niveles sin precedentes: incremento del gasto público, endeudamiento público con coste cero y acumulación de déficits; intensificación de las políticas de emisión monetaria y compras masivas de deuda por parte de los bancos centrales, además de transferencias de dinero en efectivo a la ciudadanía.

Luego de las severas consecuencias de los confinamientos masivos y forzosos, y lejos de la rápida recuperación en V que se pronosticaba en un inicio, en realidad el efecto inmediato de la política económica ha sido el de una recuperación en forma de K, es decir, el de una marcada divergencia entre el sector bancario y financiero, que ha registrado un rebote a niveles récord, a la vez que un nivel de desempleo que todavía tardará en recuperarse a niveles previos a la pandemia.

Hasta aquí ya hay algo que debería llamar la atención respecto de si la política económica ha sido la ideal, pero en Bolivia todo esto suena particularmente familiar, a excepción de la política monetaria, porque con un régimen de tipo de cambio fijo, el margen de actuación de las autoridades monetarias ha sido mucho más reducido, aunque no ha dejado de ser muy similar también.

En el caso de Bolivia, durante el período de auge económico las tasas de interés extraordinariamente bajas que las autoridades establecieron durante demasiado tiempo desde que pudo intervenirlas directamente en 2013, indujo a los bancos comerciales a conceder créditos sin demasiadas exigencias y fundamentalmente a deteriorar la calidad de su balance, lo cual, hoy les impide tener un margen de maniobra mayor para encarar la crisis de la pandemia.

Sin embargo, no es demasiado lo que ahora mismo se le puede exigir a la banca. Efectivamente, es mucho lo que se puede criticar a la banca nacional, pero ahora mismo hay que defenderla por sobre todas las cosas, no solamente porque es lo único que queda en pie en esta economía, sino porque, además, significa defender a los ahorristas. En la medida que a la banca se le limite todavía más su margen de maniobra, 

Al mismo tiempo, lo paradójico es que al menos las herramientas con las hoy cuentan, podría no haber respaldo de las propias autoridades. Debido a la manera en que se está gestionando la crisis de la pandemia, el gobierno de Arce Catacora está perdiendo credibilidad de manera acelerada, a la vez que erosiona la confianza del público en sus instituciones.

De igual manera, siendo que el aparato público burocrático sigue tratando de gastar como en la misma época del auge de commodities, a niveles de ingresos de 2008, cuando el barril de petróleo estaba en $140, el nivel de las reservas del BCB no deja de caer de manera sistemática desde 2015. Al 8 de enero de 2021 es de $5.239 millones, y la parte más líquida de estas, las divisas, se encuentran en $2.316 millones. De acuerdo con el FMI el nivel adecuado de reservas debe ser equivalente a tres meses de importaciones, pero hoy el nivel es equivalente a 2,6 meses.

Es decir, aunque tal vez no motive a las autoridades a elaborar medidas preventivas, las posibilidades del gobierno y particularmente del BCB para responder ante cualquier eventualidad -como la pérdida de confianza del público en la capacidad del sistema financiero- son cada vez más reducidas, ya incluso a niveles que empiezan a alarmar.

Pues de aquellos polvos, estos lodos. La política de diferimientos es equivalente a una reducción extraordinaria de tasas de interés. Aunque habemos quienes quisiéramos exigirle al conjunto del sistema bancario y financiero por su propio beneficio, para que de una vez por todas asuman la responsabilidad de corregir los errores cualitativos de inversión generalizada que sus clientes cometieron durante el auge previo, y que hoy se reflejan en sus balances, les es imposible incrementar tasas de interés porque es lo que manda la política económica.

Este es el auténtico quid de la cuestión, los diferimientos se amplían a 16 meses porque es parte de la política económica, porque están de seguros de haber encontrado así otro mecanismo más para seguir estimulando la demanda agregada interna.

Tal vez nadie supuso que ante el riesgo que implica el gobierno no cedería -o al menos no tan rápido- a las exigencias de distintos de poder como los transportistas -que ya son privilegiados por medio del subsidio a los hidrocarburos- para seguir extendiendo la política de diferimientos durante un total de 16 meses.

De acuerdo con Nelson Villalobos, presidente de Asoban, sólo durante 2020 la banca dejó de recibir flujos financieros por $3.800 millones entre capital e intereses, y con la nueva extensión a la que el gobierno ha cedido, la suma podría ascender a los $5.000 millones, lo cual pone en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema bancario y financiero.

Entonces, cabe preguntarse, ¿se ha aprobado diferimientos a cambio de nada? ¿Por qué tantas concesiones y privilegios a los transportistas y distintos grupos de interés similares? ¿Por qué este giro inesperado por parte del gobierno, cuando durante todo 2020 se insistió con el avanzado deterioro de la salud del sistema?

Lo único que puede tener sentido para responder a estas preguntas, es que buscan que el problema sea más grande.

Por un lado, así como antes de la pandemia las tasas de interés artificial y extraordinariamente bajas diluían los incentivos que la banca podrían tener para sanear su balance, hoy los subsidios y exceso de gasto público también diluyen los incentivos para que el sector público y los grupos de poder que privilegia, como los transportistas, hagan el esfuerzo de honrar sus deudas. Es decir, este es el aliciente para el statu quo, para la acumulación permanente de la deuda pública y el déficit fiscal.

Y, por otro lado, se convierte en un chantaje infalible para imponer políticas monetarias expansivas aún más agresivas que en los últimos años desde el Ejecutivo, en la espera de que sea el BCB el que finalmente imprima la recuperación, entrando en armonía con la política monetaria ultra expansiva de casi la totalidad de bancos centrales alrededor del globo a raíz de la crisis de la pandemia, además.

Para que esta hipótesis cobre todavía más sentido, incluso hay quienes afirman que la política monetaria y los lineamientos específicos a seguir en esta materia ya han sido establecidos por el Banco Central Europeo y su mayor accionista, el Bundesbank. Sin embargo, no porque se trate de una institución de influencia a nivel global quiere decir que está en lo correcto.

Desde el whatever it takes de Mario Draghi en 2012, el BCE solventa la deuda de los gobiernos y sector privado a través del mercado secundario, estableciendo tasas incluso negativas para incentivarlos a endeudarse, y al mismo tiempo les compra toda su deuda mediante la creación de dinero de la nada. Es decir, el objetivo podría ser el agravamiento de un problema como para poder crear nuevos mecanismos de monetización de deuda y abusar de ella en la misma proporción, y postergar las soluciones reales -que implican un enorme costo político- de manera indefinida.

Probablemente la idea es que los bancos hagan el trabajo sucio asumiendo las pérdidas derivadas del saneamiento de su balance, para que luego exista un pretexto suficientemente poderoso que justifique una inyección masiva de liquidez, ya sea mediante un eventual crédito del FMI para su rescate directo, o mediante una devaluación masiva en el mercado secundario, como justamente hace el BCE.

Ahora bien, lo que no entienden tanto en el BCE como quienes podrían estar pretendiendo copiar sus mecanismos de estímulo, es que, como bien decía FA von Hayek -parafraseando a John Stuart Mill- sobre la mejor prueba para un buen economista, «demand for commodities is not demand for labour». O en palabras de Jesús Huerta de Soto:

«No es la demanda de los consumidores la que consigue la generación de rentas. Es la inversión del exceso de renta sobre los gastos de los consumidores la que mantiene altas las rentas».

La política económica implementada en Bolivia en 2006, y la que hoy se pretende copiar de lo hecho por las primeras economías del globo en 2020, no concibe que sea posible que los ingresos pueden caer, pero los empresarios, actuando en un entorno de libertad, también sean capaces de reducir costos.

En Bolivia es realmente difícil reducir costos por toda la maraña creciente de regulaciones. Por eso tiene una economía informal de alrededor del 70%, nada menos. Pero presuponer que masivas inyecciones exógenas de liquidez van a solucionar el problema sólo lo van a agravar, y además de manera considerable, porque ante tanta incertidumbre, pérdida de confianza y erosión de las instituciones, por mucho que se abarate el crédito el empresario no va a invertir, la economía no va a volver al camino de la recuperación; por mucho que el gobierno lleve el caballo hasta el río, no lo puede obligar a beber.

Nuevamente citando a Huerta de Soto:

«Un aumento en la demanda de productos de consumo siempre perjudica el empleo en las etapas más alejadas del consumo (…). Los empresarios pueden perfectamente ganar dinero incluso si disminuye su ingreso (o “demanda agregada”), si reducen sus costes al remplazar trabajo por equipos de capital, generando indirectamente una demanda importante de empleo en las etapas de la producción de bienes de capital más alejadas del consumo».

En suma, luego de tanta vuelta, lo único que el gobierno provocará con su política económica es lo mismo que desde un principio: estancamiento inflacionario.

¿Es esta una teoría demasiado elaborada o poco probable? Sólo el tiempo lo dirá.

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