'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
PONE EN RIESGO AL PAÍS

Bolivia no se aleja del socialismo: el pacto fiscal confisca, asigna y redistribuye recursos ajenos

En los últimos días en Bolivia los líderes de oposición han sido protagonistas de una nueva polémica: la decisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) de postergar el nuevo censo de población y vivienda del año 2022, para el año 2024.

Probablemente dicha polémica surge por las dificultades de la pandemia y las conocidas restricciones para encararla, pero también por la naturaleza del problema en sí mismo.

Por un lado, el INE afirma que los retrasos se han debido a la pandemia, la inestabilidad de las autoridades en la institución y la falta de coordinación durante 2020. 

 Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández, gobernador y alcalde electos de Santa Cruz, apuntaron a que no hay motivo técnico alguno para que el censo no se realice en 2022, como se tenía programado inicialmente.

Sin embargo, estos insistieron en que el mayor problema está en que, ya con el censo de 2012, el gobierno del Movimiento al Socialismo arrebató “miles de millones de dólares a las regiones”, porque no respetó la reasignación de recursos en la que se tradujo el levantamiento de datos, y que ahora su postergación tiene el mismo significado.

En este sentido, lo que afirman tanto Camacho como Fernández sería comprensible, pues Santa Cruz no sólo se ha convertido en el departamento de mayor población del país, sino que su ritmo de crecimiento es considerable, dado que se calcula que son aproximadamente 60.000 personas las que migran hacia dicha región cada año.

De igual manera, Carlos Valverde, reconocido periodista, sostuvo en su columna dominical que “si el tema fuera solo de redistribución parlamentaria la cosa no tendría sentido; se trata de hacer una reingeniería social distributiva. Habrá más dinero por persona que viva en cada departamento, por lo cual el Estado deberá reordenar la construcción de hospitales, disponer ítems de maestros, médicos y personal de salud, de policías”.

“¿Mucho trabajo? Bueno, vean qué hacen, para eso quisieron ser gobierno”, les dijo  Valverde, quien afirmó que se debe trabajar en un pacto fiscal que permita que el 50% de lo recaudado a los ciudadanos de un departamento, se quede en el mismo departamento.

Aquí es donde surge el auténtico problema con los censos de población en general: la redistribución de recursos de la población, o como diría Erwin Bazán Hutiérrez, diputado opositor cruceño de Creemos, el “ponerse de acuerdo sobre cómo distribuimos la platita de todos los bolivianos a favor de las entidades territoriales autónomas, universidades”.

Primero, hay un serio problema con la premisa a la que implícitamente recurren políticos oficialistas, opositores y analistas en la elaboración de sus argumentos: que la función del Estado es la de proteger a los más débiles, y que, por tanto, se debe recurrir a la vieja idea de redistribuir la riqueza mediante recaudación de impuestos, para que, además, sean asignados de manera equitativa por un grupo de burócratas omniscientes.

¿No se han dado cuenta que redistribuir recursos en función del tamaño poblacional de determinado departamento es tan perverso como asignar pérdidas y ganancias, o elegir ganadores y perdedores arbitrariamente entre distintos grupos poblacionales? Más aún cuando esta elección se hace en función de su aspecto físico, apellido, el idioma o dialecto que habla (tal y como en los censos de 2001 y 2012), y ahora probablemente también su religión e incluso su inclinación sexual.

¿No se han dado cuenta que ha sido con base en esos mismos principios que Arce Catacora pretende condicionar la aplicación de las vacunas contra el covid-19 entre el pueblo y los “oligarcas”?

En todo caso, la mejor asignación de recursos es la que no se le arranca a nadie. Si realmente se quiere hacer justicia, no se trata de que los recursos recaudados “se queden donde fueron generados”, sino que, en primer lugar, no se los quiten a quienes los hayan originado.

O al revés, si algo bueno tendrá el censo es que permitirá saber qué tanto ha crecido y seguirá creciendo la economía informal como solución ante tanto socialismo y la arrogancia de quienes –por muy buenas que puedan ser sus intenciones– elaboran románticos argumentos ingenieriles y fórmulas para la sociedad de acuerdo con la particular manera en que cree que la gente debería vivir su vida.

Otra falla está en creer que los recursos están dados, que la riqueza ya está creada y que sólo resta que sea confiscada en nombre de la “justicia social”, cuando, en realidad, el problema son los impuestos mismos.

La pretensión de disponer de riqueza ajena y re-asignarla de manera omnisciente, definiendo las prioridades individuales de la ciudadanía, diciéndoles qué es lo mejor para cada uno de ellos, es el verdadero origen del problema.

En el caso particular de Santa Cruz hay que hacernos una pregunta –o dos–: ¿este departamento tiene mayor capacidad relativa para generar riqueza que la del resto del país porque recibe una cantidad de migrantes cada vez mayor, o recibe una cantidad de migrantes cada vez mayor por su capacidad de generar riqueza?

Esta pregunta no es antojadiza, es a la que Adam Smith respondió con su monumental tratado de Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de 1776, hace 245 años, nada menos.

Nadie explica esto mejor que el profesor Carlos Rodríguez Braun, traductor de Smith: “si observamos a la gente, vemos que todo el mundo quiere mejorar. El deseo de mejorar nuestra propia condición es una idea que se repite una y otra vez a lo largo de La Riqueza de las Naciones. Ahí está la fuente del crecimiento económico, no en el egoísmo, sino en que queremos mejorar, y si queremos mejorar, vamos a servir a los demás en un juego institucional que se llama ‘el mercado’”.

De ahí viene la famosa frase de este tratado, “no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses”, es decir, del cuidado que pongan ellos en vender buen pan, porque, si no, el cliente simplemente comprará pan en otra parte.

En una sociedad libre la riqueza se crea primero con los incentivos adecuados, es decir, con el respeto irrestricto a los derechos individuales de propiedad privada, con la garantía de que quien haya tenido una idea antes que nadie para solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce en su entorno, será dueño legítimo del beneficio que resulta de haber sido retribuido por el mercado, en la magnitud del problema para el que ha ofrecido una solución.

Además, si algo ha demostrado de manera inconfundible la crisis de la pandemia, es que el Estado -y no simplemente el gobierno central- fue altamente ineficiente en la asignación de recursos durante el auge previo (superabundancia de aeropuertos y coliseos deportivos, por ejemplo, y escasez de personal médico ya antes de la pandemia), así como lo muy escaso que ha sido el margen que se ha dejado a los ciudadanos para ahorrar y ofrecer soluciones creativas para los problemas que han surgido, con su carácter altamente confiscatorio y predatorio.

Este ha sido un pecado cometido por todos los niveles de administración pública territorial, desde el gobierno central, pasando por gobernaciones, municipios y universidades –tanto del partido de gobierno como de la oposición–. Es ampliamente sabido cómo la abundancia pasajera por la exportación de recursos naturales fue dilapidada en una grotesca y megalomaníaca carrera del gasto público y el concierto de las cifras de ejecución presupuestaria, “porque si no los recursos serán revertidos”.

Es por esto que tampoco es motivo de sorpresa lo muy extendida y arraigada que está la idea detrás de la redistribución de la riqueza, y que ahora vuelve a manifestarse con la programación de un nuevo censo de población y vivienda “para distribuir la platita de todos los bolivianos”, porque esa es justamente la manera de pensar que tiene el Movimiento al Socialismo. 

Por eso es que no llama la atención que, por ejemplo, hayan sido tan pocos -por no decir que nadie- quienes han protestado fuerte y claro ante la creación de un impuesto tan nefasto como el Impuesto a las Grandes Fortunas. El problema, aparentemente, no está en que se rapiñe al vecino, sino en que no sea “coparticipado”.

¿Qué diferencia tendría para un empresario si paga el Impuesto a las Grandes Fortunas en Santa Cruz, Chuquisaca o La Paz, si ahora, al ser permanente, son cada vez más quienes deciden buscar jurisdicciones en el exterior que todavía sean más amigables con la propiedad privada y la habilidad individual para generar riqueza de manera sostenida?

Tal y como dijimos antes en El desafío fiscal de las autonomías en Bolivia ¿cuál sería, por ejemplo, el incentivo que tiene ningún ciudadano de permanecer en Santa Cruz o emigrar allí si se le hiciera cada vez más difícil ejercer su libertad para prosperar por su propia iniciativa –como ha sido durante gran parte de su historia–?

Por el contrario, si un departamento como Santa Cruz quiere aprovechar este momento de crisis, lo primero que hará es recortar el gasto público estructural de sus distintos niveles de administración pública territorial, y reducir el número de atribuciones y competencias sobre la economía departamental, pero no en favor del Gobierno Central, sino de la capacidad inventiva de sus ciudadanos.

Santa Cruz –y todo departamento, municipio, universidad o gobierno nacional distinto del de Arce– debe encontrar virtud en la competencia fiscal, es decir, no en mejorar su capacidad recaudatoria, sino en limitar la deuda y el gasto público departamental, en establecer un sistema impositivo muy bajo, sencillo, con incentivos que permitan crecer a los inversionistas, con las mayores facilidades posibles para abrir y cerrar empresas, que no penalicen ni el ahorro ni la inversión, etc. No es fácil ni inmediato, pero debe empezar en algún lado y en algún momento.

¿No se han dado cuenta de que el partido del gobierno central busca argumentos para utilizar la fuerza al imponer su autoridad? Con sus posiciones, los políticos y analistas opositores terminan concediéndole gratuitamente una licencia para que lo haga.

Lo más probable es que, de manera totalmente irresponsable y negligente, las propuestas de pacto fiscal solamente traigan más confrontación innecesaria como en el período 2006-2008.

Si Bolivia sigue por este perverso camino del socialismo puro y duro –tanto del oficialismo como de la oposición– para confiscar, asignar y redistribuir recursos ajenos mediante la propuesta del pacto fiscal, estará condenada a permanecer en el mismo lugar de siempre.

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