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RAMIRO DE MAEZTU
nuevo respaldo argentino al régimen de ortega

El socialista Fernández no firma la declaración de la ONU que exige elecciones libres en Nicaragua

El presidente de Argentina, Alberto Fernández y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EUROPA PRESS

Resulta inconcebible, y estratégicamente inconveniente para sus propios intereses, pero lamentablemente la política internacional del Gobierno del presidente argentino Alberto Fernández decididamente se ha alienado del lado de las tiranías más severas y de los regímenes autoritarios más temidos por estas horas en el continente americano.

Tras haber llamado a consulta a su embajador en Nicaragua, Argentina volvió a abstenerse de firmar una declaración conjunta en la ONU condenando los delitos contra los Derechos Humanos perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y exigiendo elecciones libres y justas.

Al igual que lo ocurrido en la OEA hace pocos días, México y Argentina no rubricaron el comunicado. En esta ocasión, 59 países firmaron una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la dictadura encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda.

“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, destaca el documento de la ONU.

Entre las naciones que firmaron figuran: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.

Cabe destacar, que esta semana la Cancillería argentina parecía dar marcha atrás en su postura sobre la situación en Nicaragua con el pedido de informes que le solicitó al embajador en Managua, Daniel Capitanich. Pese a ello, este 22 de junio Argentina evitó suscribir una declaración de la ONU.

La semana pasada, el Gobierno de Alberto Fernández también se abstuvo de condenar la violación de los Derechos Humanos en Nicaragua en una votación en la Organización de Estados Americanos, lo que le valió fuertes críticas de la oposición.

En un comunicado, la Cancillería manifestó “su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua”, especialmente “por la detención de figuras políticas de la oposición” y justificó su postura en nombre del “principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”.

Además, el comunicado expresó la “disposición plena para colaborar constructivamente” y restablecer el diálogo interamericano”.

Mientras tanto, el Gobierno de Daniel Ortega continuó con su política represiva y en las últimas horas detuvo a la exprimera dama María Fernanda Flores y al periodista Miguel Mendoza. Con estos dos nuevos arrestos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la Presidencia.

A todos ellos se les aplicó una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del Gobierno cometan actos que “menoscaban la independencia” e incitan “a la injerencia extranjera».

La reciente declaración conjunta de la ONU que Argentina no firmó, alertó a los países de todo el mundo: “Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”.

“Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, a que aproveche la asistencia técnica, a que permita la presencia de observadores electorales internacionales y a que restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”, finalizó el documento.

Mientras tanto, Mateo Daniel Capitanich, el representante argentino en Managua, ya se encuentra en Buenos Aires a la espera de un “gesto” del dictador Daniel Ortega.

Por su parte, Alberto Fernández aguarda una posible reacción ante la presión internacional por la detención a dirigentes opositores.

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