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tras la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe

El TSJC da 15 días a la Generalitat para aplicar la sentencia del 25% de español en las aulas

25% de español en las escuelas en Cataluña
Escuela de Canet (Barcelona) del menor acosado por el separatismo. Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25 por ciento de horas lectivas en español.

En un auto consultado este lunes, el TSJC requiere al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que dicte las instrucciones y establezca garantías de control para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban «de manera efectiva e inmediata» al menos el 25 por ciento de horas de clase en español.

Después de estos 15 días, la Conselleria deberá informar al TSJC sobre qué medidas ha adoptado para aplicar la sentencia y en qué grado se han cumplido, y en paralelo el tribunal ha requerido a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento del fallo en el sistema educativo catalán.

Este requerimiento fuerza la ejecución de la sentencia del propio TSJC, que en diciembre de 2020 falló que el sistema educativo en Cataluña debía contar con al menos este porcentaje de horas en español, incluyendo al menos la asignatura de lengua castellana y otra asignatura troncal.

Ante la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de ejecutar la sentencia, la Generalitat dijo al TSJC que ya había tomado medidas para regular los usos lingüísticos en la escuela.

En concreto, hizo referencia a las modificaciones de la Ley de política lingüística y la Ley del aranés, además de la tramitación de un proyecto de decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña.

No obstante, el TSJC le replica que la sentencia le impone «una obligación de resultado» y que las medidas de la Generalitat no han tenido por ahora un resultado concreto que se plasme en la actividad de las escuelas.

El tribunal, sin embargo, coincide con el Govern al reconocer que la Administración puede elegir los medios con los que aplicar la sentencia, y subraya que «lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado«.

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