El Tribunal Supremo de EEUU bloquea el mandato vacunal de Biden para trabajadores del sector privado

SEÑALA QUE EL PLAN SIENTA UN PRECEDENTE QUE CONDUCIRÍA A UN TOTALITARISMO SANITARIO
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Europa Press El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Europa Press

Lo dijimos aquí, pero ahora lo ha refrendado inapelablemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, único intérprete legítimo de la Constitución: el mandato vacunal anunciado hace meses por el presunto presidente Joe Biden, por el que se forzaba a millones de ciudadanos a vacunarse o perder su puesto de trabajo, no tiene fuerza de ley.

La decisión no era en absoluto cosa hecha, el alto tribunal podía salir por la tangente, sobre todo después de escuchar la desastrosa intervención de la ‘wise latina’, como se definió en su día a sí misma, la juez Sonia Sotomayor.

Sotomayor hizo un despliegue de ignorancia pavoroso en alguien que, como uno de los nueve integrantes del Supremo, tiene un enorme poder en sus manos, manejando datos no meramente falsos sino abiertamente disparatados sobre la pandemia.

El mandato daba a la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) licencia para imponer la vacunación o continuas pruebas negativas de diagnóstico a 80 millones de trabajadores del sector privado. La consecuencias de semejante ‘ukase’ podrían ser desastrosas, como alegaron los representantes jurídicos de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) durante la primera vista. La medida, aseguraban, «perjudicará irreparablemente a las mismas empresas con las que los estadounidenses han contado para distribuir ampliamente las vacunas contra el covid-19 y el equipo de protección para salvar vidas, y para mantenerlas alimentadas, vestidas y sustentadas durante este período de dos años».

El fallo del Supremo, que bloquea el mandato, se obtuvo por una votación de seis contra tres, siendo los disidentes los previstos, es decir, los más ‘progresistas’: Sotomayor, Breyer y Kagan.

El tribunal no tiene nada malo que decir sobre la vacunación universal, pero objeta que «permitir que OSHA regule los azares cotidianos sencillamente porque la mayoría de los estadounidenses trabaja y se enfrenta a esos mismos riesgos en sus puestos de trabajo, ampliaría significativamente la autoridad reguladora de OSHA sin una autorización clara del Congreso».

Dicho de otro modo: establecería un precedente que llevaría, pari passu, a un totalitarismo sanitario demencial.

La prueba de que el tribunal es cualquier cosa menos ‘negacionista’ es que su fallo incluye una cláusula que permite exigir la vacunación a los empleados de residencias de la tercera edad, hospitales y otros centros financiados parcial o totalmente por los sistemas sanitarios gratuitos federales Medicare y Medicaid del gobierno federal.

Curiosamente, esta cláusula choca con lo dispuesto recientemente en California, que ahora permite a los sanitarios positivos para covid pero sin síntomas mantener su empleo.

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