El parlamento de Nicaragua canceló el jueves la personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, con lo que ya suman 137 de esos grupos suspendidos en el país, en una serie de acciones que la oposición cataloga como una cruzada del régimen de Daniel Ortega contra la sociedad civil.
La tiranía nicaragüense ha endurecido desde hace unos años sus políticas sobre la operación de ONGs y universidades, y en los últimos meses opositores fueron encarcelados en el marco de los truculentos comicios que en noviembre significaron la «reelección» de Ortega, tildados de «farsa» por Estados Unidos.
Entre las asociaciones civiles que acaban de ser suspendidas se encuentra una que hacía cirugías gratis a niños con labio leporino, otra experta en la observación electoral y un centro de análisis del sector empresarial que hacía estudios de impacto económico.
Los diputados sandinistas argumentan que las oenegés no rindieron cuentas del financiamiento que reciben ni actualizaron sus juntas directivas ante el Ministerio de Gobernación, que es la instancia que las regula.
«El Cenidh condena enérgicamente la iniciativa orteguista de cancelación de personería jurídica a 25 organizaciones de la sociedad civil que velan por la salud, la educación y los derechos civiles y políticos», respondió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en un comunicado.
Desde 2018, cuando hubo una intensa oleada de protestas contra Ortega, la Asamblea Nacional, leal al tirano, ha cancelado 137 oenegés, la mayoría críticas al Gobierno. Las acusa de incumplir las normas y de recibir financiamiento exterior para conspirar contra el presidente.
Dos de las últimas clausuradas son la Fundación Chamorro, que no funciona desde enero de 2021 y algunos de cuyos directivos están presos acusados de lavado de dinero y otros delitos, y el Centro Humboldt, dedicada a estudios de impacto ambiental.
