El futuro es incierto para los presos políticos en Nicaragua tras recibir largas condenas. Atrás parece haber quedado el interés del llamado “diálogo” anunciado por Daniel Ortega para después de los fraudulentos comicios que se celebraron en noviembre.
Las familias de los presos políticos le tomaron la palabra al dictador y pidieron diálogo, la respuesta fue juicios y condenas.
Al menos 41 de los 46 opositores presos arrestados en 2021 han sido enjuiciados, entre ellos los siete exaspirantes presidenciales. Seis de ellos han sido condenados a penas de entre ocho y trece años de prisión a través de las “leyes” que Daniel Ortega aprobó antes de las elecciones presidenciales de noviembre con el propósito de eliminarlos de la contienda.
La exaspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, de 68 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios, aún no ha sido condenada, pero fue declarada “culpable” por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad ideológica y lavado de dinero. La condena será dictada el 21 de marzo y la fiscalía ha pedido ocho años de cárcel para ella.
Los exaspirantes Arturo Cruz y Noel Vidaurre fueron sentenciados a nueve años de cárcel; mientras, Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Félix Maradiaga se enfrentan a una condena de trece años de prisión por los supuestos delitos de conspiración para cometer, según la dictadura, menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.
La mayoría de estos opositores políticos fueron sometidos a juicio a puertas cerradas en el edificio de la Dirección de Auxilio Judicial.
“Lo que está pasando con los presos políticos de la ‘cacería electoral’ de junio a noviembre de 2021, y que están siendo enjuiciados y sentenciados a largas penas de cárcel por delitos creados en leyes represivas recientes, justamente para encarcelar a opositores, no tiene precedentes en la historia política de Nicaragua. En ninguna etapa de la historia política después de la Independencia en 1821, ni en los distintos periodos autoritarios vividos, se han dado estos juicios sumarios, injustos, que violan toda norma jurídica nacional e internacional. Todo ha sido prefabricado”, valoró el analista político, José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania.
Para Dávila, Ortega esperaba una negociación después del fraude electoral para liberar a los presos, a cambio de reconocimiento internacional al “triunfo” que su atribuyó, (y) el levantamiento de las sanciones. “Pero quedó huérfano de interlocutores para esas negociaciones, nadie ha querido legitimarlo y lo que hace con las condenas a largos años de prisión es subir la apuesta para ver si consigue una negociación”, agregó Dávila.
Pero mientras ocurre ese proceso, los opositores continúan sufriendo torturas y su salud sigue deteriorándose tras los barrotes, acusados de delitos creados a través de legislaciones aprobadas a la medida del dictador sandinista que persigue mantenerse en el poder.
Ortega mantiene encarcelados a 176 presos políticos en Nicaragua, 47 de ellos arrestados en el contexto electoral, uno de ellos murió por razones de salud bajo arresto.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), sostiene que el régimen sandinista se ha perpetuado en el poder a costa del terror y la represión. La violencia cometida constituye crímenes de lesa humanidad.
