Los casos de dos mujeres pobres sin hogar que pidieron poner fin a su vida amparadas en las leyes de la eutanasia en Canadá han abierto nuevamente el debate sobre este tipo de legislación en el país.
En febrero, una mujer de Ontario llamada Sophia, que había sido diagnosticada de Sensibilidad Química Múltiple –una condición en la que los productos químicos comunes, como los del humo de cigarrillo y los detergentes para ropa, pueden provocar dolores de cabeza y náuseas– solicitó la eutanasia después de la negativa del Gobierno canadiense a ofrecerle una vivienda habilitada para su condición.
Sophia había argumentado que una vivienda especializada, donde el flujo de aire estuviera más controlado, aliviaría sus síntomas. Pero, ante la negativa del Ejecutivo de Justin Trudeau y con una situación económica por debajo del umbral de la pobreza, solicitó la eutanasia, que le fue concedida y murió. Ocho días antes de su muerte había publicado un vídeo en sus redes sociales en el que denunciaba: «El Gobierno me ve como basura prescindible, quejosa, inútil y un dolor de cabeza«.
El caso de Sophia que, según CTV News, había enviado varias cartas a los servicios sociales en las que suplicaba una vivienda digna, ha vuelto a la palestra por la aparición de un nuevo caso con el que guarda muchas similitudes.
Es el caso de Denise, que también padece la misma enfermedad que Sophia, y que ha solicitado que el Estado termine con su vida después de no encontrar una vivienda adecuada y ante la imposibilidad de hacer frente a los elevados costes que su condición implica.
Estos dos casos han puesto el foco en la falta de atención que el Gobierno de Canadá da a los ciudadanos más vulnerables y ha avivado el debate sobre qué directrices se aplican para conceder la eutanasia. Si a esto se le añade el factor de los costes, la pregunta es clara: ¿Está Canadá sacrificando a los pobres?
Los expertos advierten que casos como el de Sophia y Denise están siendo utilizados por grupos que se oponen a la asistencia médica en la muerte (MAID por sus siglas en inglés) en lugar de para buscar cómo los gobiernos pueden mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con discapacidades.
«La vivienda inadecuada no es uno de los motivo de elegibilidad para recibir la eutanasia. Si bien las circunstancias de vida de alguien pueden contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable que debe existir», explica la doctora Chantal Perrot al diario «The Guardian.
Mientras el ejecutivo de Trudeau defiende que la eutanasia busca defender la autonomía del individuo, todo parece tener mucho más que ver con beneficios económicos. Antes de que entrase en vigor el proyecto de ley C-7 –la última ley aprobada en Canadá sobre la eutanasia que derogó el requisito de que la condición del demandante debe ser «terminal»— el Oficial de Presupuesto Parlamentario del país publicó un informe sobre los ahorros de los costes que esta nueva legislación supondría.
Mientras que el antiguo régimen MAID ahorró 86,9 millones de dólares, el proyecto de ley C-7 generaría un ahorro adicional de 62 millones de dólares al año, según destacó The Spectator en un artículo publicado a finales de abril. En otras palabras: la asistencia médica –en especial para quienes padecen enfermedades crónicas– es costosa, pero el suicidio asistido solo le cuesta al contribuyente 2,327 dólares por caso.
Cuando Canadá introdujo la legislación sobre el suicidio asistido en 2016, varios expertos mostraron su temor a que las poblaciones vulnerables pudieran convertirse en víctimas o que los médicos se vieran obligados a anular los juramentos que habían hecho para proteger al paciente. El año pasado, los legisladores revisaron los criterios de la ley después de que la Corte Suprema del país dictaminara que una versión anterior de la misma, que excluía a las personas con discapacidad, era inconstitucional.
Hoy, en Canadá se estudia la posibilidad de reformar la ley de la eutanasia para permitir su aplicación a menores de 18 años. De momento, también se ha aprobado su extensión a enfermos mentales a partir de marzo de 2023.
El debate está abierto. Mientras Denise, cuya solicitud ya ha sido aprobada, espera el momento en que sea aplicada.
