Hace justo un año Holanda y Bélgica rechazaron tratar a los pacientes más débiles y ancianos contagiados por coronavirus. Evitar el colapso hospitalario -que sí se estaba produciendo en España o Italia- fue la coartada que justificó la selección por edad. Así de crudo se mostró Frits Rosendaal, jefe de epidemiología clínica del Centro Médico de la Universidad de Leiden: “En Italia, la capacidad de las UCI se gestiona de manera muy distinta a la holandesa. Ellos admiten a personas que nosotros no incluiríamos porque son demasiado viejas. Los ancianos tienen una posición muy diferente en la cultura italiana”. En términos similares se expresaba la jefa del departamento de geriatría en Gante, Nele Van Den Noortgate: “No traigan a los pacientes débiles y a los ancianos al hospital. No podemos hacer más por ellos que brindarles los buenos cuidados paliativos que ya les estarán dando en un centro de mayores. Llevarlos al hospital para morir allí es inhumano”. Estas afirmaciones moverían al escándalo en cualquier época y lugar excepto en los Países Bajos tras dos décadas de imposición de la “cultura de la muerte”.
Precisamente la eutanasia era una de las prioridades del Gobierno recién constituido PSOE-Podemos hasta que el confinamiento y el estado de alarma aceleraron otros productos de la agenda progresista. Como sucede con todas las normas que atañen a la moral su aprobación sólo es posible cuando antes se ha labrado el terreno en esa dirección, y el PSOE lleva dos décadas en ello. El mecanismo para convertirla en ley es el mismo que se siguió con el aborto: bombardear a la opinión pública con un caso extremo (haciendo de la excepción la norma) para remover conciencias hacia el cambio de legislación. En Estados Unidos el caso Roe vs Wade logró torcer la voluntad del Supremo hasta dar luz verde al aborto en 1973; en España el caso de Ramón Sampedro -convenientemente explotado en el cine con la película Mar adentro en 2004- fue el inicio de un martilleo constante que ha finalizado con la aprobación de la ley en marzo de 2021. El camino ya se ha recorrido otras veces: primero se abre el debate, luego creas un goteo incesante de opinión (medios de comunicación, cultura, educación, cine, etc) hasta lograr en la sociedad un clima favorable a tus postulados. De esta manera la victoria llegará sola. La verdad o la ciencia, por supuesto, quedan sepultadas por las emociones. De esta manera en Estados Unidos las abogadas abortistas Sarah Weddington y Linda Coffee manipularon a la joven Jane Roe (seudónimo de Norma McCorvey) para que denunciara que su embarazo fue fruto de una violación con el objetivo de tumbar la ley provida de Texas. Weddington reconocería años después que no se produjo tal violación y que todo se urdió para lograr la despenalización del aborto.
En España Ramón Sampedro es el símbolo de la eutanasia. Murió en 1998 tras casi 30 años parapléjico por un accidente en un acantilado. En su muerte participaron once amigos entre los que se encontraba su compañera Ramona. Entre todos le suministraron la pastilla de cianuro que acabaría con su vida. Este episodio fue mitificado por la izquierda y desde entonces apadrinado por el PSOE, que desde la llegada de Zapatero a la Moncloa prometió una ley de eutanasia. Sin embargo, tras dos legislaturas en el poder (2004-2011) el presidente socialista ni siquiera intentó cumplir su palabra. “No es una demanda mayoritaria de la sociedad”, alegó. Por eso, que la norma haya tardado tanto tiempo en salir adelante demuestra que no es posible lograr un cambio de paradigma cultural y social a través del BOE sin antes persuadir y dominar las mentes. El comunista Antonio Gramsci fue el primero que advirtió tras la Segunda Guerra Mundial que para lograr la revolución ya no era posible hacerlo a la vieja usanza -a través de la violencia- como en Rusia en 1917 o en Cuba en 1959, sino a través de la cultura. El caso de la eutanasia ha sido de manual: primero la película, luego el rodillo mediático y por último la ley. Por supuesto, y como con el aborto, la ley no responde a una demanda de la calle, sino a la imposición de la agenda progresista de las élites. ¿Alguien recuerda manifestaciones multitudinarias exigiendo regular la eutanasia?
El contenido de la ley es aún más inquietante, pues ya no contempla la eutanasia para paliar el dolor terminal sino que se aplicará a quien decida no vivir en caso de grave discapacidad y cuyo sufrimiento sea insoportable. ¿Cómo se mide el “sufrimiento insoportable?” ¿Bastará que lo pida el paciente? Y en caso de que no pueda, ¿podrá pedirlo un familiar sin más o será el médico quien interprete la intensidad de ese dolor? La norma, aunque reconoce la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios, contempla la creación de un registro con los objetores. Así lo recoge el artículo 16.2 de la ley: “Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal”.
España es desde ahora el cuarto país de Europa y sexto del mundo en aprobar la eutanasia. Holanda fue el primero y su ley entró en vigor en abril de 2002. Luego vendrían Bélgica y Luxemburgo. La ley holandesa considera legal la intervención directa del médico para causar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o se encuentra en fase terminal con padecimiento insoportable. Las peticiones de suicidio asistido las pueden hacer menores de edad (con el consentimiento de los padres entre los 12 y 16 años y sin el consentimiento aunque participando en la decisión final entre los 16 y 17 años).
En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan idílicas como recoge el espíritu de la norma holandesa orientada a “paliar el dolor”. Según la revista especializada en medicina The Lancet los médicos intervienen en el 40% del total de fallecimientos en los Países Bajos para acelerar el proceso. Antes incluso de la aprobación de la ley en 2002 el doctor Karl Gunning advirtió que “la eutanasia en los Países Bajos está completamente fuera de control” y fundó la Federación Mundial de Médicos que Respetan la Vida Humana. “Si hoy aceptamos el asesinato intencionado de un paciente como solución a un problema, mañana encontraremos cien problemas para los que el asesinato debe aceptarse como solución”, dice. Gunning además ha denunciado que es habitual la recomendación de que se “suministre al anciano una inyección letal” a los mayores que son trasladados de un hospital saturado a otro.
De este modo una de las brechas que abre la imposición del suicidio asistido es la desconfianza en la relación del paciente y el médico o incluso la del enfermo con su propia familia, que puede solicitar la eutanasia sin consultarle. En Holanda abundan los casos de ancianos que se marchan a residencias en Alemania donde se encuentran a salvo de la ley. Al menos ocho hospitales, según un estudio de la Universidad de Utrech firmado por el doctor H.W. Hilhorst, practican con regularidad la eliminación activa de ancianos que no lo han solicitado.
Si la regulación de la eutanasia no era una demanda social tampoco se puede decir que en la redacción de la ley el Gobierno haya tenido en cuenta la opinión de la mayoría de asociaciones médicas. Según el Colegio Oficial de Médicos de Madrid la demanda de la eutanasia “es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales expertos”. Es decir, se renuncia a los cuidados paliativos. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el doctor Martines Sellés, asegura que la eutanasia “no es un acto médico, ya que va contra la esencia de la medicina”. Para la Asociación Médica Mundial la eutanasia “es contraria a la ética” y el Consejo General de Colegios de Médicos sostiene que “el código de deontología médica establece que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de éste”.
Hay más opiniones que censuran la ley socialista. La Sociedad Española de cuidados paliativos afirma que la eutanasia “pone en riesgo a todos los pacientes ingresados, que en el caso de muerte inminente precisamente para aliviar los síntomas refractarios si éstos existen, estaría indicada la sedición paliativa sin ninguna necesidad de aplicar la eutanasia”. Para el Comité de Bioética Nacional “esto supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas consecuencias son harto difíciles de prever como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”. Por su parte, la Sociedad Española de Psiquiatría califica de incongruencia que “en sociedades donde se considera la prevención del suicidio una responsabilidad global, se ayude a morir a personas que sufren trastornos que tienen entre sus propios síntomas, formando parte de la patología, el deseo de morir”.
Por último, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad señala que la regulación del suicidio asistido “contiene aspectos para los discapacitados contrarios a los mandatos de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
Ninguna de estas opiniones ha sido tenida en cuenta por el legislador, que aprueba una ley ignorando el criterio de los expertos, que no tenía demanda social y cuyas consecuencias sufrirán quienes ya no pueden defenderse.
