La Corte Constitucional finalmente tumbó el artículo 124 de la ley de presupuesto, aprobada en noviembre de 2021, que suspendió la prohibición contemplada en la ley de garantías electorales de 2005, con relación a la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, cuatro meses antes de la elección presidencial. En su momento, el gobierno nacional alegó que dicha modificación era necesaria para no afectar la reactivación económica, pues implicaba frenar en seco el gasto público y dejar de ejecutar obras claves en todo el territorio nacional.
Cabe recordar que la ley de garantías electorales fue aprobada en 2005 como una medida para evitar que un gobierno en búsqueda de su reelección hiciera uso indebido de los recursos públicos. Muchos han cuestionado que se mantenga dicha ley, a pesar de que en 2015 otra reforma constitucional volvió a poner fin a la reelección en Colombia. Sin embargo, todos los intentos por cambiarla o revocarla han sido fallidos.
Incluso, el hoy Presidente de la República, Iván Duque, se opuso con firmeza a un intento de modificación por parte del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) a la ley de garantías electorales, alegando que eso laceraba la democracia. Como jefe de Estado, no obstante, firmó la ley orgánica de presupuesto, que incluyó la modificación a la ley de garantías que en su momento rechazó, a pesar de las múltiples advertencias que se hicieron, entre estas la imposibilidad de modificar una ley estatutaria, vía una ley orgánica.
Aprovechando la vigencia de la ley, el Gobierno nacional firmó convenios y se ejecutaron recursos a nivel nacional. Ahora la Corte ordena la terminación y liquidación de todos aquellos que no se hayan ejecutado completamente, además de aclarar que esto se debe hacer “sin prejuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa que pueda derivarse por el uso indebido de la contratación estatal”. Lo grave del asunto es que, desde la promulgación de la ley de presupuesto hasta hoy, se han celebrado al menos 604 convenios que suman 3,4 billones de pesos (770 millones de euros).
Este tema le ha permitido a Federico “Fico” Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia, marcar distancia con el gobierno actual. Ha insistido en que nunca estuvo de acuerdo con la modificación a la ley de garantías.
Esta decisión de la Corte, aunque esperada, se presta para que la oposición y el Pacto Histórico ambienten un manto de duda sobre las elecciones parlamentarias del pasado 13 de marzo, alegando que el gobierno “compró” la elección.
Lo lamentable del asunto es que los abogados constitucionalistas más importantes del país advirtieron al gobierno: un juez pidió al presidente objetar la ley, diferentes sectores alzaron su voz de protesta y pidieron que no se irrespetara el Estado de derecho con la excusa de no afectar la reactivación económica, pero el gobierno siguió adelante, consciente de que podría ejecutar recursos con la figura de los convenios interadministrativos, hasta tanto no se demandara la ley y decidiera la corte constitucional. Ahora, los candidatos presidenciales más críticos del actual Gobierno, en especial Gustavo Petro -quien lidera las encuestas- y Sergio Fajardo -candidato de la coalición Centro Esperanza-, arremeten contra Duque y el primero aprovecha para expresar que “se deshizo la compra de alcaldes y gobernadores”.
Empeora las cosas el dato anual de inflación revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el jueves, pues se ubicó en 9,29%, la más alta de los últimos 22 años. El éxito de la reactivación económica, que justificó la aprobación del cambio en la ley de garantías electorales, queda a la sombra frente al elevado costo de vida que resiente la opinión pública.
Para rematar, la extradición de alias Otoniel, capo del Clan del Golfo, a EEUU, desató un paro armado que afecta a varios departamentos del país y ya han sido incinerados 50 vehículos. Comerciantes y transportadores en Antioquia, Córdoba, Sucre y el sur del Cesar, han suspendido o limitado sus actividades por temor a represalias. Un escenario muy difícil para Duque a tan solo tres semanas de las elecciones presidenciales.
De allí que fuentes cercanas a la candidatura de Gutiérrez indicaron que en los próximos días se distanciará en otros temas del actual Gobierno e insistirá en su propuesta de reducir el gasto público y la burocracia, evitar subir impuestos, ofrecer más garantías a las empresas para que generen empleo y pasará a la ofensiva en lo militar y policial de llegar a la presidencia, todo lo contrario a lo que propone Petro, quien insiste en empleo público, más gasto “social”, subir impuestos y negociar el sometimiento de la justicia a los grupos armados.
